Charla con Sergio Lescano sobre el Sistema Previsional argentino – Editorial Ciccus
SISTEMA PREVISIONAL – MITOS Y VERDADES
Por Ignacio Vila
¿Cómo surgió la idea de realizar este libro?
La idea de realizar el libro surgió a partir de constatar que no había un texto que sintetizara los múltiples aspectos de un tema complejo. Algunos trabajos de gente del Conicet, comentarios de especialistas previsionales y notas en medios de comunicación que abordan el tema jubilatorio desde la urgencia periodística, dan como resultado, información a veces valiosa pero fragmentada. La falta de contexto adecuada, la ausencia de referencias históricas locales mínimas o de la legislación comparada internacional tornan a veces incomprensible la problemática en cuestión. El intento nuestro ha sido en avanzar sobre estas carencias.
¿Notó si influyeron los medios de comunicación en la conformación de mitos sobre las jubilaciones?, de ser afirmativo esto, ¿cómo fue, puede dar algún ejemplo?
Como en tantos aspectos, también en este caso los medios de comunicación hegemónicos vienen cumpliendo un rol de desinformación y de aliento a mitos que transforman en sentido común, vuelcan en consignas como el “82 por ciento” o “la plata de los jubilados”. Y que tienen fuerte penetración por las experiencias frustrantes que sobre este tema han tenido millones de jubilados de al menos cuatro generaciones. Las transformaciones virtuosas ocurridas en los últimos años desde la estatización del sistema previsional y la actualización automática de las jubilaciones ha intentado ser neutralizada mediante la exacerbación publicitaria de los juicios por actualización de los haberes -que son una herencia de la época menemista- y que el gobierno anterior intentó solucionar siguiendo los preceptos de la todavía vigente ley 24.241 de Menem. Hoy mucha gente cree todavía que este problema fue creado por los Kirchner. El método de divulgación de estas falacias son los editoriales de los grandes diarios, miles de “cartas de lectores” enojados, notas diversas, etc., que son sintetizados masivamente en titulares y zócalos televisivos y marcan la agenda cotidiana para gran parte de los medios.
Teniendo en cuenta que diferentes representantes y funcionarios del gobierno actual fueron explícitamente opositores al proyecto de recuperación de los fondos jubilatorios en manos del estado (*), qué riesgos hay actualmente que se intente volver a un sistema de capitalización?
Existe un riesgo cierto. En el libro, alertamos que un año antes de la asunción de Macri, en 2014, el actual ministro de la Producción Francisco Cabrera había manifestado públicamente que debería “subastarse el Fondo de Garantía de la ANSES en pedazos para que entren fondos del exterior”. Ese objetivo, es enunciado en forma genérica en la ley de “reparación histórica” para “pagar los juicios jubilatorios” y tiene como propósito desfinanciar el sistema, vaciarlo, y justificar así un retorno a la jubilación privada. El 25 de octubre pasado el Director Ejecutivo de la ANSES, ante la Comisión Bicameral de la Seguridad Social volvió sobre el tema anunciando que “hay que cambiar el sistema jubilatorio a través de una ley”.
La experiencia del sistema de capitalización en Argentina fue absolutamente negativa, como usted muestra en el libro. No se bajó el déficit fiscal -como se prometía- sino que se agravó, el nivel de cobertura cayó, la oferta se concentró fuertemente en unos años y las comisiones para las administradoras fueron altísimas. Por otro lado, desde la vuelta al sistema de reparto, las jubilaciones mejoraron año tras año y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tuvo una rentabilidad asombrosa. ¿Cómo se puede explicar en este contexto, que una parte importante de la sociedad crea que durante el kirchnerismo se haya robado la “plata de los jubilados”?
Explicamos más arriba el método de acción de la gran prensa que llegó a hacer campaña diciendo que la ANSES tiraba la plata de los jubilados en acciones ajenas a sus fines. Pasó con un préstamo que se otorgó a la General Motors en 2009 que redituó en mantener fuentes de trabajo y 60 millones en intereses pero se lo transmitió a la opinión pública como un regalo a una multinacional. Lo que no pueden es confrontar estas infamias con los datos duros, admitidos por la actual administración: que los activos del organismo se incrementaron de 25.000 a 50.000 millones de dólares en siete años, al mismo tiempo que se incorporaron 2,5 millones de nuevos jubilados al sistema, se dieron en ese período aumentos en las jubilaciones superiores a la inflación –salvo en 2014- , se financiaron programas como el Procrear, Progresar, Conectar Igualdad, AUH y las asignaciones familiares de los trabajadores registrados.
Desde el retorno al sistema de reparto el FGS tuvo un importante crecimiento y la cobertura jubilatoria mejoró y se amplió, pero en el marco de una economía en crecimiento y con un aumento del empleo registrado. La realidad económica actual es opuesta. ¿Cómo se puede continuar sin bajar la cobertura y sin bajar las jubilaciones en este nuevo escenario?
Ya este año bajó ostensiblemente el poder adquisitivo de las jubilaciones por la inflación desbocada y por los menores ingresos a la ANSES. La fórmula de movilidad automática es virtuosa si se dan dos condiciones procíclicas, como las que se dieron en 2009-2015: que el aumento de los salarios de los trabajadores bajo convenio –que es vinculante- sea superior a la inflación, y que la actividad económica no sea ganada por la recesión. En este último caso, la merma del consumo afecta al IVA, el impuesto a las naftas y el gasoil o el impuesto a las ganancias que son afluentes que nutren los fondos jubilatorios. Para colmo de males, por decisión de la Corte, se está devolviendo a tres provincias el 15 % de los impuestos coparticipables que iban destinados a la ANSES. La única solución para paliar esto es un fuerte aumento de emergencia para todas las escalas jubilatorias.
En Argentina y en el resto del mundo en general se viene discutiendo la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria, bajo el argumento de que el aumento de la esperanza de vida ha generado que haya cada vez más trabajadores pasivos en relación con los activos. Pero no se suele poner en la balanza el aumento de la productividad mundial de la economía. Es decir, se necesitan menos trabajadores activos que antes para generar la misma cantidad de bienes. ¿Se trata de una batalla un tanto encubierta para que el sector empresarial se quede con los beneficios del aumento de la productividad?
En Argentina y en el resto del mundo, efectivamente, se discute la forma de allegar más fondos a los sistemas previsionales. En algunos países como España, se ha propuesto aumentar en dos años la edad para jubilarse en forma gradual, es un tema discutible. Existen otras propuestas como promover la prolongación voluntaria de la vida activa laboral o tomar la edad legal como punto de referencia y flexibilizarla en función del tipo y características del trabajo. Sin duda hay un problema ya que se requieren al menos tres activos que aporten por cada jubilado para lograr una tasa de sustitución decente; hoy en Argentina hay 1,5 activo por 1 pasivo. La gran batalla es estructural: desarrollo económico y combate el trabajo no registrado.
El 27 de mayo de este año, el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, anunció el envío al Congreso del proyecto de Ley de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, que propone la Actualización de haberes para Jubilados y Pensionados, abonar los Juicios Previsionales y la creación de la Pensión Universal para Adultos Mayores. ¿Cuál es tu opinión sobre la ley y el efecto que trae hacia los jubilados y pensionados?
Debe aclararse que la actualización de haberes hoy en discusión abarca solo a un segmento de jubilados que son los más antiguos y de mayores ingresos. A los más nuevos no les cabe ese reclamo; hoy en Argentina una persona que se jubile tiene un promedio de 77% del sueldo que percibía en actividad. Es de los más altos de América Latina junto a Uruguay y Costa Rica según el Banco Mundial y más alto aún que el de la mayoría de los países europeos, como lo detallamos en nuestro libro. Dicho esto, mi opinión sobre la ley de “reparación histórica” es que se trata de una sustancia viscosa de mal olor recubierta de justicia puramente marketinera. De ninguna manera llega a 2,5 millones de jubilados: tiene como destinatarios a unas 700.000 personas (sólo el 10 % del total de jubilados) según informes filtrados por personal técnico de la ANSES. Para los demandantes que tienen sentencia firme se les pretende aplicar para el período en litigio el índice Ripte (variación salarios generales) en lugar del índice Isbic (variación salarial de industria y construcción) ¡que es el que ordena la Justicia! y que resulta un reajuste que más que duplica el anterior. Además en lugar de pagar todo junto como se vienen pagando las sentencias firmes (a 50.000 personas anualmente) la oferta es 50% contado y el resto a tres años en cuotas trimestrales. Lo más ridículo es que no se establece en el acuerdo una fecha taxativa de pago. Para los que tienen iniciado juicio igual oferta, pero con un retroactivo máximo de cuatro años cuando la ley establece el pago desde el inicio del trámite administrativo. Para los que no hicieron juicio, solo Dios lo sabe. Los datos dados por el organismo son imprecisos cuando no inexistentes: hay ofertas que no llegan a los 100 pesos, otros llegan a 500 y los menos a 1.550 pesos. Cifras que no llegan a compensar la pérdida del valor de los últimos meses. Con el agravante que los que cobran la mínima, con estos ofrecimientos quedan al margen de la devolución del IVA y otros beneficios. Para mí hay desmanejo, improvisación, estafa; no reparación histórica. Y creo que se inician nuevos litigios, que con esta ley presumían terminar
A modo de cierre, ¿alguna reflexión que quiera realizar o agregar en relación con lo anterior?
Quedan muchos temas en el tintero. Pero un deseo: que el parlamento cumpla con su deber, con la lealtad política algunos, y con honestidad intelectual todos. Y que la ciudadanía movilizada reclame fuertemente por sus derechos. Habíamos ingresado luego de medio siglo de desastre jubilatorio en una senda que con errores y carencias, había logrado universalidad, sustentabilidad, previsibilidad y una fuerte impronta solidaria, factores esenciales de un moderno sistema previsional.