Acerca de las declaraciones de Sergi Berni
SEGURIDAD Y PREJUICIO: MALA YUNTA
Por Beatriz Chisleanschi
Días pasados, y a raíz de los fallecimientos de 24 personas por consumo de droga adulterada, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni afirmó en una entrevista que le realizaran en C5N que “el narcotráfico pone plata en radios barriales (y que) se genera un ecosistema que gira alrededor de las actividades ilegales. Cuando hablamos de ilicitud no es solamente la venta de droga por sí misma, sino toda una cadena de ilicitud que se genera en los barrios vulnerables, que destruye ese tejido social y genera un ecosistema perfecto para que se autosostenga esa actividad ilícita”.
Estas aseveraciones, repudiadas en forma inmediata por organizaciones vinculadas a la comunicación y por un importante número de periodistas y comunicadorxs sociales, no hacen más que agudizar la estigmatización hacia lxs más vulnerables económicamente.
El ministro no se refirió a la cadena de ilicitud que se genera en distintos estamentos de la sociedad, incluidos los más altos, hizo hincapié en los barrios vulnerables. No aludió a los grandes medios concentrados, apuntó a los medios barriales.
Para Berni la pobreza es la plataforma en la cual se asientan el problema de la droga y el narcotráfico y donde se genera el “ecosistema perfecto para que se autosostenga esa actividad ilícita”, incluidos los medios barriales (a los que de ahora en más referiremos como comunitarios o populares). Como si los habitantes de los barrios más vulnerables de nuestro país fuesen los responsables de ingresar la droga o los químicos que permiten su adulteración; como si fuesen los grandes lavadores de dinero o los que la distribuyen a lxs consumidorxs de cuello blanco y pilcha refinada.
Como señalara en 2014 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, desde un balcón de la Casa Rosada mientras que le hablaba a una juventud que la alentaba fervorosa, «hay que terminar con el mito de que se drogan solamente los pobres, los que tienen plata consumen de la buena», señor Berni.
No pareciera haber mucha diferencia entre las expresiones del ministro y las vertidas por la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, cuando señaló que lxs chicxs que no pudieron sostener el vínculo pedagógico durante la pandemia “están perdidos en los pasillos de una villa o cayeron en actividades del narcotráfico”.
Las declaraciones poco felices del médico y militar, hoy a cargo de la seguridad en la Provincia de Buenos Aires, nos lleva a realizar dos consideraciones, una en torno a los medios de comunicación popular y otra a las políticas públicas sobre drogadicción y narcotráfico.
En el artículo “Es por abajo” publicado en PPV (https://revistappv.com.ar/es-por-abajo/) realizábamos un recorrido histórico de la lucha que los medios comunitarios dieron (y dan) por su supervivencia, así como señalábamos su compromiso con las realidades locales y el acento siempre puesto en dar voz a quienes los grandes medios se empecinan en ocultar. Entre ellas, las campañas de concientización que se realizan en forma conjunta con el Estado y las que se expresan contra el consumo adictivo y el narcotráfico. Los medios comunitarios, contrariamente a los dichos de Sergio Berni, muchas veces son víctimas de amenazas de esas organizaciones delictivas y lejos de ser solventados por quienes trafican droga, sostienen una pelea diaria por la pauta publicitaria oficial y privada para mantenerse en pie.
Más, si lo dicho por Berni así fuera y el narcotráfico penetra en algún medio popular ¿no lo hacen también en los grandes medios de comunicación? ¿No hay consumo de droga entre quienes trabajan en ellos? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
En lo que sí debería reparar el ministro de Seguridad es en lo que tan claramente explicó la actual vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cuando en ocasión del encuentro “Los pueblos siempre vuelven” realizado en Honduras, dio una clase magistral en la que entre otras subrayó: «¿Y qué pasa en la región cuando se instalan estas doctrinas neoliberales de supresión del Estado, cuando el Estado reduce mínimamente su presencia en educación, salud, en regulación para evitar la explotación irracional que impacta en el cambio climático? ¿Hay un vacío que nadie ocupa? No. Todo vacío es ocupado y ¿por quién? ¿Quién lo ocupa cuando el Estado no puede generar trabajo bien remunerado que permita a la gente acceder a una vivienda, dar educación y salud? Aparece el narco».
Es allí donde debe estar la mirada atenta de un funcionario público, y más aún si integra un gobierno de raigambre nacional y popular. Seguir estigmatizando la pobreza no hace más que colaborar en la construcción del odio hacia los que menos tienen, de socavar aún más la grieta entre quienes están del lado L-Gante o de Chano de la vida y, en el caso de la drogadicción se pierde de vista que quienes en realidad están en estado de vulnerabilidad son lxs adictxs, pertenezcan a la clase social que pertenezcan.
Adicción y Salud Mental
Lo sucedido con la droga adulterada tuvo gran repercusión mediática los primeros días y se apagó cual piña en una fogata, muy rápidamente. Pero, un tema quedó flotando en el aire y al cual debemos prestar mucha atención y es a la Ley de Salud Mental y la participación de la sociedad y el Estado en favor de la recuperación de las víctimas de adicciones.
La Licenciada en Psicología, Diana Mabel Borojovich, quien trabajó muchos años en instituciones destinadas a la recuperación de adictxs, conversó con Revista PPV y comentó que “la actual Ley de Salud Mental (Ley 26.657) instituyó, por primera vez, al sujeto adicto como sujeto de derecho. Es decir, sin su consentimiento no se lo puede someter a una internación, excepto que resulte un peligro para terceros. Siempre existe una tensión entre el placer y el displacer del consumo y sobre eso se basa el tratamiento, pero no se puede dejar de lado el derecho ya que la resistencia obtura ese tratamiento.”
Asimismo, sostiene la Lic. Borojovich: “No debemos perder de vista la estructura institucional que atiende a la salud mental, y, en este caso, la de recuperación de adictxs. Las mismas no deben ser instituciones de encierro y castigo sino de tratamiento, que es lo que había logrado la ley anterior y que debe sostenerse. Pero, al mismo tiempo, acuerdo con los tratamientos ambulatorios, interdisciplinarios combinados con actividades y con incentivos para que se aborde la salud mental en toda su amplitud«.
La carencia de instituciones públicas especializadas en adicciones fue algo que denunciaron familiares de las víctimas de droga adulterada.
“En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, sólo funciona el Cenareso, el resto son instituciones privadas y aunque hay una ley que obliga a Obras Sociales y Pre-pagas a hacerse cargo de los tratamientos de recuperación, no todas lo hacen», explica Borojovich.
Y agrega: “Es importante distinguir entre narcotráfico y drogadicción, en el caso del/la narcotraficante hay una perversidad como síntoma donde prima más el negocio que el daño que ocasiona. En una sociedad de consumo lo que importa es vender. En el caso de las víctimas de adicciones, las políticas públicas deberían estar direccionadas a trabajar con ellas desde la salud y no desde la enfermedad.”
«Hay que terminar con los prejuicios que operan sobre los enfermxs de salud mental», concluye la Lic. Diana Mabel Borojovich.
Finalizar con las estigmatizaciones en cualquier ámbito de la vida es una buena manera de caminar hacia un mundo más digno e inclusivo.
Por eso, señor Berni sepa usted que Seguridad y Prejuicio no son una buena yunta.