PROTOCOLO DE DETENCIÓN A PERSONAS LGBT
En un contexto de aumento de la violencia social y crímenes de odio hacia todo el colectivo LGBTIQ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales y Queers), en donde la violencia institucional y persecución gubernamental ya son cosa diaria, en momentos donde la policía requisa hoteles preguntando si viven travestis y migrantes, el Ministerio de Seguridad de Argentina aprueba hace dos semanas el “Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo LGBT” que utilizarán las fuerzas policiales y de seguridad federales, así “como contenido obligatorio” en los cursos de formación de las fuerzas de seguridad, el cual forma parte de la Resolución 1149-E/2017, publicada en el Boletín Oficial con la firma de Patricia Bullrich.
Contexto
Enmarquemos dentro de este contexto la vulneración de derechos del colectivo LGBTIQ como, por ejemplo, la detención injustificada de una mujer por estar besándose con su esposa en la estación Constitución de la línea C del subte justificada por la policía de la ciudad cómo «estaba fumando en un lugar no permitido». A la joven de 24 años la trataron como un pibe, la golpearon y después de las burlas llamaron a un personal femenino para su posterior detención.
Asimismo, hagamos hincapié en que las personas trans tienen un promedio de vida de 40 años, son víctimas de estigmatización, persecución y violencia institucional de manera constante. Son la población más violentada en los servicios penitenciarios, no cuentan con espacios diseñados para el género y es notable la falta de medicamentos para el VIH y afecciones (al menos el 70 por ciento conviven con enfermedades crónicas).
Para ser más precisos, y ya que aún no se cuenta con un observatorio oficial de víctimas de crímenes de odio por identidad de género en Argentina, según datos de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) los ataques homofóbicos crecieron más del 20% en 2016 y se registraron 19 femicidios más que en el 2015, dando un total de 254 muertes incluyendo por primera vez los travesticidios que fueron 16.
En la misma línea y de acuerdo al informe “Situación de los derechos humanos de las travestis y trans en la Argentina”, publicado en octubre de 2016 por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, “el 33,4% de los crímenes de odio contra la comunidad es cometido por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función estatal”, lo que implica que 1 de cada 3 personas sufre agresiones. Es por eso que la violencia institucional es la segunda causa principal de muerte de las mujeres travestis y trans en la Ciudad de Buenos Aires, luego del VIH o enfermedades asociadas. Finalmente, una encuesta realizada por Lohana Berkins entre 600 travestis del conurbano, arrojó que “el 83,3% reconoció haber sufridos abusos por parte de la policía, un 82,7 fue detenida ilegalmente alguna vez, un 57,9 fue golpeada por personal policial y la mitad de las encuestadas fue violada”.
Repudio y rechazo
El nuevo protocolo hace hincapié en el modo en que las fuerzas policiales deberán actuar con el colectivo LGBTIQ en caso de arrestos dejando sin efecto a la resolución firmada en 2011 por Nilda Garré, en aquel entonces ministra de Seguridad, donde se reglamentaba a la fuerza federal a capacitar en los derechos de las personas LGBT, de acuerdo a la Ley 26.743 de Identidad de Género.
La Federación Argentina LGBT planteó su rechazo: «No queremos protocolos discriminatorios y/o que violen el reconocimiento de nuestras identidades», “Son 50 páginas innecesarias donde derogan una resolución que ya hablaba de este tema, con errores conceptuales graves porque confunden orientación sexual con identidad de género” y “Nos preguntamos si el momento en el que se publica en el boletín oficial este protocolo no tiene que ver con la proximidad de la XXVI Marcha del Orgullo en Buenos Aires con la consigna ‘Basta de femicidios a travestis, transexuales y transgéneros. Basta de violencia institucional. Orgullo para defender los derechos conquistados’ ”.
En palabras de Darío Arias, integrante de la organización Conurbanos por la Diversidad a Presentes dijo que se trata de una “bomba de humo peligrosa” del gobierno. Y añadió: “Mirado desde afuera, el protocolo puede parecer algo positivo. Pero está lejos de serlo. La forma sería generar políticas públicas y de acceso a la Justicia y protección y no protocolos que avalen la represión y la violencia”.
Detalles del protocolo
– El registro de alguien identificado como parte del colectivo LGBTIQ debe ser llevado a cabo por “personal femenino, quién actuará de conformidad con el modelo de Uso Racional de la Fuerza, de manera tal que se asegure la efectividad de la acción”.
* Esto implica un profundo desconocimiento del colectivo LGBTIQ y de la diversidad sexual en general ya que por ejemplo una mujer no debería hacer la requisa a un hombre trans, bisexual o gay.
– Se prevé que “en todos los casos, la prevención, el registro o la detención se realizarán resguardando la integridad física, respetando los derechos personalísimos, la identidad de género y la dignidad de la persona”.
* Si las fuerzas de seguridad efectivamente respetaran y cumplieran las leyes vigentes y los derechos humanos y la Ley de Identidad de Género el protocolo no tendría razón de existir. Para ello recordemos lo anteriormente dicho: el 33,4% de los crímenes de odio contra la comunidad es cometido por personal de las fuerzas de seguridad en ejercicio de su función estatal.
– El protocolo establece que «queda totalmente prohibido todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves tanto físicos como mentales, para obtener información sobre terceros o una confesión. La detención será en una celda separada si entiende que existe un riesgo potencial para su integridad, dignidad otros derechos o si, al momento de informar su género, no se identifica con ninguno».
* En ese caso habría que preguntarse: ¿Qué sería considerado como un dolor grave o un dolor leve? ¿Acaso es permitido algún tipo de dolor?
El próximo sábado 18 de noviembre se realizará la XXVI Marcha del Orgullo en Buenos Aires en el marco de la tradicional marcha de todos los años. Lxs esperamos para gritar bien fuerte, ¡Basta de violencia institucional!