#ParadisePapers:
¿SÓLO UNA CUESTIÓN DE ESTABLISHMENT?
Por Miguela Varela
Hace apenas algunos días, un nuevo escándalo internacional sacudió a varixs de lxs miembros del establishment político y económico mundial. Se trata de la filtración de 13,4 millones de archivos que revelan una red ilegal de evasión de impuestos a través de paraísos fiscales.
Algunxs protagonistas: desde la reina de Inglaterra, el presidente de Colombia, miembros de la oligarquía rusa y de Medio Oriente, funcionarios de Donald Trump, el Primer Ministro canadiense, celebridades como Madonna y Bono, y hasta dos ministros del gobierno de Macri. Pero no sólo se trata de maniobras individuales, sino también de grandes compañías como Nike, Apple, Uber y Facebook. El material fue obtenido de dos empresas proveedoras de servicios “offshore”, Appelby y Asiaciti Trust.
Para dimensionar la magnitud de las operaciones, según el economista Gabriel Zucman, las grandes corporaciones evaden más de 600 mil millones de euros al año a través de paraísos fiscales.
¿Pero qué hay detrás de estos ámbitos ilegales que hacen a lxs ricos cada vez más ricos?
La contracara de estos procedimientos es la concentración cada vez más brutal de la riqueza mundial. Los paraísos fiscales son los mecanismos que utilizan las esferas más poderosas de las sociedades para canalizar sus ganancias, evitando todos los controles estatales y de los organismos internacionales. Por eso, cuando hablamos de las 8 personas que poseen la misma riqueza que los 3600 millones de habitantes, hablamos de estos actores. Lo que exponen los Paradise Papers no es otra cosa que la existencia de empresas y personas que, por su poder, no son sujetos de ley.
Según la ONG Oxfam, uno de los aliados estratégicos de la actual crisis de desigualdad global radica en los paraísos fiscales. En su informe “El dinero que no ves: paraísos fiscales y desigualdad” se analizan a éstos como agujeros negros de las oportunidades de desarrollo de millones de personas en todo el mundo. Un dato nos ilustra la situación: en los últimos 15 años, la inversión mundial en estos ámbitos se multiplicó por cuatro y aumentó un 45% desde el año 2008, mientras los estados y los organismos internacionales siguen sin tomar medidas firmes. Como si fuera poco, se calcula que cada año los países en vías de desarrollo pierden 100.000 millones de dólares por causa de la evasión fiscal. Según Oxfam, con este dinero se podrían salvar 6 millones de vidas al año y escolarizar a 124 millones de niñxs. Otra cifra marca el poder de los paraísos fiscales para concentrar recursos destinados a la economía no productiva: en 2016 las Islas Caimán recibieron cinco veces más inversión que China, y las Islas Bermudas adquirieron 4.5 veces más inversión extranjera que a Argentina, México y Brasil.
Si bien es de suponer un cataclismo político mundial luego de estas filtraciones, nada de esto sucedió. Apenas algunos comunicados livianos. En el caso de los ministros argentinos vinculados a las cuentas offshore, Luis Caputo aparece como uno de los managers del fondo Alto Global y Noctua Partners LLC inscriptos en las Islas Caimán y Miami, respectivamente. Por supuesto, ambos fondos brillan por su ausencia en la declaración jurada. Para no quedarse atrás, Juan José Aranguren, a cargo de la cartera energética, fue director de una sociedad offshore radicada en Barbados que se benefició con más de 150 millones de dólares por la compra de gasoil por parte del Estado argentino en los últimos dos años. ¿Cómo hizo? “Ganó” 13 contrataciones para proveer al Estado durante el gobierno de Macri.
En este escenario, las recomendaciones de los Organismos Internacionales pasan desapercibidas. Tengamos en cuenta que los casos de los dos ministros argentinos suceden en el marco de una reunión de países asociados al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la Ciudad de Buenos Aires, donde se estaban debatiendo estrategias contra el lavado de dinero. Aún más, Argentina presidirá el año próximo el G20, quien está desarrollando políticas para eliminar los paraísos fiscales.
Sin embargo, el caso de Ecuador alienta alguna esperanza de control sobre estos nichos de evasión, a partir de la consulta popular aprobada a principios de este año. Aquí, se propuso la prohibición a funcionarios de elección popular de tener bienes o capitales en paraísos fiscales. Fue la primera experiencia mundial que permite a un pueblo alzar su voz sobre estos temas, aún más si consideramos que una tercera parte de la economía ecuatoriana y más del 30% de su PBI reside en paraísos fiscales. No todo está perdido.