Desde la Facultad de Derecho hasta el Ministerio de Seguridad
MILES SE MOVILIZARON BAJO LA CONSIGNA «LA PATAGONIA ARDE Y NO PUEDE ESPERAR»
Por PPV
La Patagonia argentina enfrenta una catástrofe ambiental sin precedentes que ya ha consumido más de 230.000 hectáreas, una superficie equivalente a diez veces la Ciudad de Buenos Aires, afectando principalmente a Chubut, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz.
Mientras el fuego amenaza núcleos urbanos como Esquel y Cholila, dejando un saldo de 3.000 evacuados y bosques centenarios reducidos a cenizas, la comunidad denuncia un «abandono estatal» derivado de un recorte presupuestario del 78,5% en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego para este 2026.
En un contexto de crisis climática negada por el Ejecutivo, la situación se agrava por el desfinanciamiento de organismos clave como Parques Nacionales y la intención oficial de derogar leyes protectoras de bosques y glaciares, lo que alimenta las sospechas de una especulación inmobiliaria y extractivista favorecida por la inacción judicial y el ajuste fiscal exigido por organismos internacionales.
LA PATAGONIA ARDE Y NO PUEDE ESPERAR
En la Patagonia Argentina se está desarrollando día a día, hace más de un mes, un nuevo desastre ambiental ante la desidia del gobierno nacional y la justicia. Ya son más de 40.000 las hectáreas de bosque incendiadas solo en Chubut, lo que se suman a las 170.000 en la zona ganadera y agrícola de provincia de la Pampa, y alrededor de 20.000 más entre Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. Ya son 230.000 hectáreas consumidas por el fuego, suma de territorio que es equivalente a más de 10 veces la Ciudad de Buenos Aires.
En Chubut, el fuego no solo está dejando cenizas de bosques centenarios y dejando un paisaje totalmente oscuro sin vegetación ni animales, sino que también está arrasando con casas de pobladores. Actualmente los principales focos de incendio están acercándose a las ciudades de Esquel y Cholila, donde la desesperación es cada vez más grande. Ya son 3.000 las personas evacuadas de sus hogares y tierras. La gente con lo poco que puede y tiene genera barreras y zanjas, humedece sus casas y asiste a brigadistas para poder frenar cada frente. La comunidad se organiza, mientras el abandono del Estado Nacional es total.
El cambio climático viene dando señales claras en nuestro país hace tiempo. La frecuencia de incendios se viene multiplicando, repitiendose todos los veranos, con múltiples focos en simultáneo y con mayores probabilidades de reactivarse. Ya lo vivimos en 2025 con focos importantes en las provincias patagónicas de Rio Negro, Chubut y Neuquén, sumado a la provincia de Corrientes donde también fueron de gravedad. Los incendios descontrolados que vemos hoy en el Parque Nacional los Alerces y Puerto Patriada eran más que previsibles por factores climáticos, negligencias o acciones intencionales, para uno de los veranos más secos del último tiempo. Mientras tanto, el Gobierno niega la crisis climática no solo como una pose tribunera sino con hechos muy concretos: está desfinanciando como nunca Parques Nacionales, el Servicio Meteorológico Nacional (clave para la prevención), y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que en el presupuesto 2026 tiene ¡78,5%! menos de presupuesto que en 2025. Ya el año pasado fueron $20.000 millones lo subejecutado por el Estado nacional. Los números no son casuales y tienen consecuencias.
En paralelo, amenaza con derogar leyes fundamentales para defender y preservar nuestros territorios de la especulación: Adorni ya anunció que van contra la Ley de Fuego que prohíbe el cambio de uso del suelo post incendios para evitar que el lobby inmobiliario especule con el valor de las tierras. Buscan flexibilizar la Ley de Glaciares y la Ley de Bosques para facilitar inversiones mineras y desmontes en zonas protegidas. Van contra la Ley de Tierras Rurales aprobada en 2011 que pone límite a la extranjerización del suelo.
Además de la desidia del gobierno nacional, el desastre ambiental que vivimos en la Patagonia solo puede ser posible gracias a la complicidad del Poder Judicial argentino: el incumplimiento de las leyes mencionadas que aún siguen vigentes sin ninguna consecuencia para el gobierno nacional y la inacción para investigar e imputar a los verdaderos interesados detrás de estos incendios ponen a la justicia argentina, una vez más, como cómplices de un mismo proceso en nuestro país que incluye la depredación ambiental, la persecución política, el hambre del pueblo y los negocios de los mismos de siempre.
Por otra parte, los incendios que afectan a la Patagonia no pueden analizarse por fuera del contexto de ajuste fiscal impulsado por el Gobierno nacional en línea con las exigencias del FMI. La priorización del pago de la deuda y el cumplimiento de metas fiscales se tradujo en recortes presupuestarios concretos sobre las capacidades del Estado para la prevención y el combate del fuego: menos recursos para brigadistas, precarización laboral, falta de equipamiento, reducción de infraestructura y debilitamiento de los sistemas de alerta temprana y manejo del territorio. El equilibrio fiscal importa más que nuestros ecosistemas y nuestra gente. Asistimos a una triple flexibilización en la Argentina por parte del gobierno nacional: laboral, fiscal, y ambiental. El objetivo de esta flexibilización es permitir el saqueo de nuestros bienes comunes naturales a costa del fuego y la miseria para nuestros territorios.
Milei y el gobierno nacional cantan y bailan en Mar del Plata, en lugar de atender los incendios y las necesidades de las familias afectadas. Degradaron el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenido a subsecretaría dependiente de Jefatura de Gabinete. Redujeron drásticamente los distintos presupuestos en materia ambiental, y eliminaron por decreto el Fondo Nacional para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (FOBOSQUE). Retiraron a la Argentina de la COP29 y rechazaron la Agenda 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU). Con el decreto 463/2025 disolvieron el Fondo de Manejo del Fuego el año pasado. El traspaso de las competencias al Ministerio de Seguridad es indicativo del reemplazo de la gestión ambiental por la gestión de riesgos que, a la vista de los hechos, no tuvo ningún atisbo de reacción acorde a las dimensiones del desastre. La declaración de emergencia ígnea que se venía exigiendo, y el gobierno nacional termina decretando cuando se le queman los papeles, es una política de malos hechos y abandonos consumados. Además, parte de los fondos liberados no son más que partidas retenidas a bomberos y brigadistas que habrían sido mucho más útiles hace meses, cuando era el momento de prepararse para la época de incendios, y por si fuera poco, no implican ningún tipo de ayuda para las familias afectadas. La mejor política es la que previene, y toda la comunidad de la zona sabía de esta probabilidad mientras el gobierno no quiso escuchar. También levantaron la voz los gobernadores patagónicos pidiendo recursos extraordinarios para frenar el desastre. Es tarde, pero es hora de que el gobierno nacional actúe.
No alcanza con decretar la emergencia. De manera urgente se necesitan recursos extraordinarios para controlar los distintos focos de incendios. Volver a fortalecer a Parques Nacionales con más presupuesto y formación de nuevos brigadistas, mejores salarios y equipamiento para aquellos que están arriesgando su vida en pésimas condiciones laborales. Mayor presupuesto en infraestructura y equipamiento para las distintas entidades de Bomberos del país. Y centralmente, una política planificada de prevención entre gobierno nacional y gobiernos provinciales que tienen zonas de alto riesgo que reduzcan las posibilidades y acoten el nivel de impacto de incendios que seguramente sigan sucediendo. Sobre las zonas de bosque quemado, hay que mantener la prohibición de cambiar el uso del suelo para hacer negocios inmobiliarios, e implementar acciones de una política pública urgentes para la reconstrucción de todo lo perdido (asistencia habitacional y ayuda a las familias, apoyo a sectores productivos, reforestación con las especies nativas, caminos y rutas, etc).
La Patagonia arde, y no puede esperar. Basta de humo político, exigimos medidas concretas y efectivas contra el ecocidio que se está desarrollando tras el abandono del gobierno nacional.