MILEI AVANZA CONTRA LA LABOR PERIODÍSTICA
Por PPV
A poco de cumplirse un nuevo Día del/la Periodista, el Gobierno de Javier Milei aprobó nuevos criterios para la acreditación y el ejercicio de la labor periodística en la Casa de Gobierno. Lo hizo a través de la Resolución 1319/2025 de la Secretaría de Comunicación y Medios la que fue publicada, con fecha de hoy 23 de mayo, en el Boletín Oficial con la firma del vocero y responsable del área de Comunicación, Manuel Adorni.
Según establecen buscan garantizar el «acceso plural» a la información pública, reforzar las condiciones de seguridad y fija «código de vestimenta».
Esta medida, que llega horas después de que el periodista Jonathan Heguier de El Destape le consultara por sus dólares al ministro de Economía, Luis Caputo, deroga la disposición 4/2024 de la anterior gestión y establece la implementación de tres nuevos instrumentos: los «Lineamientos generales y específicos para la acreditación», el «Procedimiento para la solicitud de accesos y acreditación» y un «Modelo de declaración jurada y matriz de evaluación objetiva».
Entre las principales novedades se fija un límite físico de acceso de 25 personas en la Sala de Periodistas «Decano Roberto Di Sandro» y 36 en la Sala de Conferencias, con ingreso sujeto a criterios de evaluación como audiencia del medio, frecuencia de cobertura y especialización temática.
“No podrá superarse la capacidad establecida para las salas en ningún momento y bajo ningún concepto ni motivo”, establece la resolución publicada en el Boletín Oficial en la que se desglosa una importante serie de indicaciones.
Quienes permanezcan en Casa Rosada, sólo se podrá caminar por los lugares que la Vocería y la Secretaría de Comunicación lo determinen. Y en todo caso, los periodistas que lo hagan deberán lucir una credencial que los autorice a circular libremente.
La normativa también define dos modalidades de acreditación —anual y eventual— e introduce una matriz de evaluación con puntajes mínimos de admisión. A su vez, exige a los solicitantes presentar documentación respaldatoria sobre vinculación profesional, trayectoria y métricas de audiencia verificables y también hay un código de vestimenta.
«Se establece que el código de vestimenta para las conferencias será formal, en razón de la naturaleza institucional del acto y su trascendencia a nivel nacional e internacional», señala la normativa.
También se deberá obedecer a un horario fijo de trabajo, de 6:30 a 21, es decir, quedan fuera de cobertura cualquier suceso que ocurra fuera de esos horarios.
Cada medio sólo podrá tener dos periodistas acreditados, uno por turno (más un adicional por un eventual reemplazo por enfermedad) y “no será admitida la concurrencia simultánea” de ambos.
Los permisos deberán ser solicitados por declaración jurada emitida por los responsables de los medios y el Gobierno los otorgará siempre y cuando cumplan con el llamativo criterio de “medición de audiencias”. Según aclara uno de los anexos de la publicación oficial, serán IBOPE y Analytics las medidoras que se tomarán como parámetro para la acreditación.
Lxs trabajadorxs de prensa que logren obtener su pase de cobertura deberán acatar el bozal que establece la Resolución con el nombre de “reglas de convivencia”.
“Durante el desarrollo de las conferencias y/o demás actividades llevadas a cabo, los profesionales deberán mantener un trato respetuoso entre sí, con los organizadores y con los conferencistas”.
Y “ante el supuesto de registrarse una conducta indecorosa o temeraria (…) que altere el normal funcionamiento en cualquiera de las actividades y/o instalaciones de la Casa de Gobierno, la Autoridad de Aplicación podrá suspender o revocar la acreditación otorgada”, subrayan.
El incumplimiento de esos y otros requisitos serán catalogados como “faltas graves”, bajo el régimen de puntos y castigos que implementó la administración de La Libertad Avanza (LLA). Si el funcionario de turno determina que algún trabajador de prensa transgredió dos veces alguna de esas normas, se le revocará su acreditación.
La Subsecretaría de Prensa será la autoridad de aplicación y podrá dictar disposiciones aclaratorias, es decir, será el propio el vocero Manuel Adorni, quien se reservará el derecho de admisión y oficiará de controlador de la tarea periodística.