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¿LLEGÓ LA HORA DE UN TRIUNFO AGRARIO?

¿LLEGÓ LA HORA DE UN TRIUNFO AGRARIO?

Por Beatriz Chisleanschi

En la historia de los países se observa como determinados acontecimientos marcan un punto de inflexión en algunos planos del acontecer social, del desarrollo de esa evolución histórica.

Un caso emblemático en Argentina fue el asesinato, mientras cumplía con el servicio militar obligatorio, del soldado Omar Carrasco, un hecho que conmovió tanto a la opinión pública que terminó con la obligatoriedad de que pibes, de tan sólo 18 años, tengan que realizar lo que vulgarmente se llamaba colimba (corren, limpian, barren).

En estos días, la disputa entre Dolores Etchevehere y sus hermanos y madre, volvió a poner en debate un tema tan viejo como la historia de la humanidad, o de una buena parte de ella, que es el de la explotación de la tierra.

Más allá, o más acá, de la controversia en sí misma, que si bien es de orden privado goza de un alto grado político -en definitiva “todo lo personal es político”, tal como decían las feministas de la segunda ola-, luces de neón se han encendido sobre una realidad que nos atraviesa hace muchas décadas, la de la extrema concentración de la propiedad de la tierra y su contracara, una omnipresente pobreza de la población rural y con ello, el modelo productivo de país.

El 22 de diciembre del 2011, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se sancionó la Ley de Tierras, 26.737, con el fin de proteger y defender la tierra rural la cual se definió como un “recurso natural escaso y no renovable de significación estratégica para el desarrollo humano y social” (Registro Nacional de Tierras Rurales, Infojus 2015).

Asimismo, se dispuso la creación del Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y se estableció la necesidad de realizar un relevamiento a nivel nacional con el objetivo de determinar la totalidad de tierras rurales en propiedad o posesión de extranjeros.

Un año después con Mauricio Macri en la presidencia, esa ley fue modificada por el decreto 820/16 por el cual se amplió del 25 al 51 % la participación de extranjeros en las sociedades autorizadas a comprar tierras en el país y se quitó la limitación del máximo de 1000 hectáreas que un titular extranjero podía adquirir en una localidad de la zona núcleo de la producción agropecuaria. Decreto éste que ya está en la gatera para ser tratado por la Cámara de Diputados para su derogación.

Lo cierto es que, según el relevamiento realizado por el RNTR, al día de hoy el 5,57% del territorio rural argentino está en manos de extranjeros lo que equivale a 12.520.826 hectáreas.

Asimismo, son 863 la totalidad de terratenientes que poseen más de 20 mil hectáreas cada uno, de los cuales, 519 están afincados en la Patagonia. En conjunto controlan 21 millones de hectáreas productivas y cultivables.

El Censo Agropecuario que realizó el INDEC en el año 2018 registró que 2.500 grandes empresas agropecuarias de las 250 mil explotaciones manejan casi el 40% de las tierras productivas en el territorio argentino.

Nos duele hasta los huesos el latifundio

Está claro que allí donde hay concentración, también hay altos niveles de pobreza. Y también está claro que lejos de cualquier apotegma socialista, la tierra no es de quienes la trabajan.

Mucho antes del conflicto de la familia Etchevehere y la puesta en práctica del “Plan Artigas”, uno de sus impulsores, el dirigente del Movimiento de los Trabajadores Excluidos -MTE- y abogado, Juan Grabois, se refirió a la necesidad imperiosa de llevar a cabo una reforma agraria, incluso conversó sobre el tema con Alberto Fernández antes de que éste asuma la presidencia.

El solo mencionar esas dos palabras juntas, reforma agraria, eriza la piel a más de unx. La imagen que aparece es la de una masa de campesinxs con tridente yendo a expropiar tierras para su explotación. Sin embargo, la política argentina, y mundial, están muy lejos hoy de plantearse una reforma agraria en el tradicional sentido comunista. El capitalismo es el sistema imperante en todo el planeta y ni los gobiernos de Néstor y Cristina, antes, ni el de Alberto, ahora, se proponen salir de él.

Pero, lo que si es cierto es que es tan urgente como necesaria una reforma que incluya y contenga al más del 40% de agricultores que están siendo expulsadxs por esa concentración.

Tan cierto como que las reformas agrarias no son sinónimo de comunismo.

Perú es un claro ejemplo de ello ya que llevó adelante una de las reformas agrarias más radicalizadas de América del Sur y ejecutada por un gobierno militar.

“En 1956 un Gobierno de derechas formó una comisión para la reforma agraria y la vivienda; en 1962 una Junta Militar de Gobierno dio una ley de reforma agraria que, en la práctica, convalidaba la ocupación de tierras por campesinos en los latifundios de los valles de La Convención y Lares, en el departamento del Cusco; en 1964 un Gobierno democrático aprobó una Ley de Reforma Agraria que debía tener alcance nacional pero que, a falta de decisión política, fue tímidamente aplicada; en 1969, por último, un Gobierno Militar expidió y ejecutó una nueva Ley de Reforma Agraria, esta vez con el respaldo de la institución que era —y sigue siendo— la más organizada del país: las Fuerzas Armadas.” -relata Fernando Eguren, presidente del Centro peruanos de estudio sociales (CEPES) en su trabajo Reforma agraria y desarrollo rural en Perú.

Pero, también se realizaron reformas agrarias en Estados Unidos, Europa Occidental o en China.

Centrarse en la realidad que atraviesa hoy la familia rural, sacarlos de la esclavitud del agronegocio, propender hacia la soberanía alimentaria y la agroecología y favorecer el acceso a la tierra es hoy una necesidad y, por tanto, un derecho.

El caso Etchevehere no es un caso más, es un punto de inflexión que nos interpela como sociedad a pensar, y asumir iniciativas sobre la tierra y su explotación.

Si los gobiernos de Néstor y Cristina se caracterizaron por el dictado de leyes a favor de la diversidad, por los Derechos Humanos, por la identidad y contra la concentración comunicacional, entre muchas otras, el de Alberto deberá ser el gobierno que legisle a favor de la legalización del aborto, por la Reforma Judicial y por una ley que garantice, de una vez por todas una buena calidad de vida a las familias ruralistas.

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