#DíaDeLesPeriodistas
LA COMUNICACIÓN QUE NOS DEBEMOS
Por Daniel Bello y María Quintero
En 2015, a pocos días de que Mauricio Macri ganase las elecciones, Oscar Aguad, en ese entonces ministro de Comunicaciones, junto a Miguel de Godoy, interventor de la AFSCA, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, brindaron una conferencia de prensa en Casa Rosada.
En dicha conferencia anunciaron la creación del ENACOM mediante el dnu 267/15, que a su vez removía el directorio de la entonces Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
Peña sin ponerse colorado soltó: “Hoy por decisión del presidente Macri se termina la guerra del Estado con el periodismo”, dando así por inaugurada una nueva etapa en materia de comunicación en Argentina.
Esa etapa significó, entre otros puntos, desguazar la Ley 26522 en los artículos centrales que impedían la concentración y la multiplicidad de licencias.
A su vez, se aseguró una amplia mayoría en el directorio del ENACOM, ya que, de un total de siete miembros, el Poder Ejecutivo podía nombrar cuatro y obtener uno más nombrado de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual.
Además, tal y como lo demuestra la reciente confirmación de la condena[1] contra el ex titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, esa etapa funcionó – y funciona- como un capítulo más del Lawfare en nuestro país.
La condena contra Sabbatella, que busca dejarlo inhabilitado para la función pública de por vida, es el ejemplo con el que se quiere disciplinar al campo popular por tratar de hacerle cumplir la ley al monopolio de Clarín.
No importa si esa ley fue ampliamente debatida en foros nacionales, modificada y aprobada en un ámbito democrático como lo es el Congreso de la Nación.
El monopolio está por encima de la Ley.
Seis años después, aunque algunos sectores de la comunicación están mas atentos a tratar de resolver el ahogo económico al que fueron sometidos por el macrismo, sobre el cual sobrevino una pandemia mundial, aparecen algunos chispazos y se suele insistir en que debe volverse a recuperar la Ley 26522. Así sucedió en el Primer Encuentro Internacional de Observatorios de la Industria Audiovisual que organizó el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) que se realizó a fines de mayo.
En el Encuentro intervino Alfredo Luenzo, presidente de la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión del Senado de la Nación.
Allí, Luenzo expresó: “Entre los proyectos que estamos trabajando, retomando el espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, buscamos impulsar una ley que promueva la generación de contenidos nacionales y su exhibición en las diferentes plataformas”.
Sin embargo, ¿Alcanza con recuperar el funcionamiento total de la Ley? ¿O se necesita una nueva ley? y si esto es así, ¿en qué sentido debe ir esa ley atentos a las nuevas tecnologías que ya son parte de nuestra cotidianidad? ¿Los problemas que terminó por desnudar la pandemia se verán contemplados en ella?
La comunicación en la región
Al recorrer América latina, el cuadro de situación en materia de comunicación no es muy alentador.
En varios países los grupos económicos de medios parecen tratar de recuperar un terreno que consideran perdido por causa de gobiernos populares. Esto explicaría, en parte, la persecución hacia ex integrantes de esos gobiernos populares y porqué también son parte del articulado político que llevó al gobierno a hombres como Guillermo Lasso o Luís Lacalle Pou.
Repasemos:
Uruguay: Recién en 2014 -durante el gobierno de José Mujica- pudo aprobar la ley 19307, la Ley de Regulación De La Prestación De Servicios De Radio, Televisión Y Otros Servicios De Comunicación Audiovisual.
En marzo de 2020, tras el triunfo de Lacalle Pou en las elecciones presidenciales, comenzaron los intentos para modificar la ley en beneficio de los medios hegemónicos.
Hace unos días, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento una nueva versión del proyecto de Ley de Medios.
Si bien hubo demoras por diferencias en puntos como la cantidad de licencias que puede tener una persona o empresa o en la extranjerización del sistema de medios, el gobierno de Pou espera que se apruebe este mes.
Ecuador: El 24 de mayo, ni bien asumió la presidencia, Guillermo Lasso anunció[2] que derogaba el reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) vigente, sancionada en 2013 en el gobierno de Rafael Correa, y que enviaría una propuesta legislativa para discusión parlamentaria.
Lenín Moreno ya había hecho modificaciones quitándole su espíritu democratizador y lo de Lasso significa sepultar aquella ley.
En nombre de la libertad Lasso envió un proyecto a la Asamblea Nacional (AN) que cuenta con 14 artículos, tres disposiciones reformatorias, dos derogatorias y una final, que toman en cuenta los principios internacionales de libertad de expresión como la Declaratoria de Chapultepec y la Declaratoria de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según el comunicado de la AN[3].
El Sector comunitario expresó su preocupación con relación a la derogación del Reglamento de la actual Ley Orgánica de Comunicación.
“En el artículo 9 del citado proyecto de ley, si bien se reconoce el derecho a la comunicación intercultural y plurinacional, producida por los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias, sin embargo este parece ser solamente declarativo. Sin el acceso a frecuencias de radios y televisión, este postulado se convierte en letra muerta, ya que el acceso a medios radiales y televisivos, no se lo puede garantizar”, señalan en el comunicado[4].
En ambos países se puede observar cómo los gobiernos neoliberales tratan de favorecer, como lo hizo Macri con el grupo Clarín, a los medios hegemónicos una vez que llegan al poder. No tardan, no se demoran; asumen y derogan.
Se hace evidente que ese comportamiento está orquestado y que el problema no es sólo de Argentina, Ecuador o Uruguay.
Esos monopolios -que están a todas luces evitando la regulación ejerciendo, si se quiere, una autorregulación corporativa– están alcanzando niveles de concentración inmensos.
Si sumamos esto al poder que ostentan las plataformas, las redes sociales digitales o los motores de búsquedas nos encontramos que el rol de Gatekeepers que ejercen sobre el flujo y acceso de información en internet y fuera de ella dejan a las sociedades exentas de derechos y garantías.
Ciertamente, este es un problema regional que atañe a todes, que incluye, pero excede a los colectivos de comunicadorxs del continente.
En este día del periodista, plantear una nueva resignificación de la ley 26522 y su espíritu no alcanza; hay que avanzar en una legislación -no de moderación de contenidos -que establezca mecanismos democráticos que aseguren los derechos fundamentales de les usuaries en particular y de la ciudadanía en general.
Esa lucha, pensada desde el periodismo, también puede que le reste poder a los nuevos gatekeepers, que son hoy las plataformas y los monopolios de la comunicación. Una lucha urgente e indispensable para recuperar derechos y garantías en pos de fortalecer la democracia y asegurar la libertad, ambas avasalladas constantemente por los medios hegemónicos y su papel en el lawfare en Argentina.
Fuentes:
[1] https://www.lanacion.com.ar/politica/la-casacion-dejo-firme-una-condena-a-martin-sabbatella-a-6-meses-de-prision-en-suspenso-por-nid02062021/ (junio 2021)
[2] https://www.eluniverso.com/noticias/politica/derogacion-del-reglamento-a-la-ley-de-comunicacion-promesa-del-presidente-guillermo-lasso-es-otra-dura-derrota-para-el-correismo-nota/ ( junio de 2021)
[3] https://www.asambleanacional.gob.ec/es/noticia/71946-la-asamblea-recibe-proyecto-para-defender-promover-y (junio de 2021)
[4] https://amarc-alc.org/index.php/2021/05/31/comunicado-el-sector-comunitario-de-la-comunicacion-al-pais/?reload=388186 (junio2021)