LA CENSURA AVANZA
Por Daniel Bello
El pasado 24 de marzo se conmemoró un nuevo Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en el que se recuerda a todas las víctimas de la última dictadura militar, autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», y que usurpó el gobierno del Estado Nacional Argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.
El pasado domingo 24, a 48 años del Golpe de Estado, millones de argentinos y argentinas encendieron sus televisores, radios y buscaron en portales sin éxito: no pudieron encontrar información producida y divulgada desde el propio Estado nacional para generar conciencia sobre los alcances y las implicancias que tuvo la larga noche de la dictadura en nuestro país y que aún hoy perduran.
Esto se debe a que el gobierno ha decidido avanzar decididamente en la construcción de un discurso normalizador y hegemónico. Si tomamos aquello que mencionamos en una publicación anterior, este proceso, decididamente, se ha profundizado.
En este sentido, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) emitió un comunicado, antes de la marcha multitudinaria recordatoria de aquel suceso y en memoria de los 30 mil desparecidos/as, en el que desataca: «A cada sector silenciado de la sociedad en la pantalla del canal estatal le decimos que esto no cuenta con el consentimiento de sus trabajadores y se lleva adelante en el contexto de una persecución y un intento de disciplinamiento, que comenzó con el anuncio de cierre y el silenciamiento de Télam».
El comunicado enumera algunos hechos censurados desde que asumió el nuevo gerente de noticias, Fabián Gijón, y el director del canal, Juan Parodi, en el marco de la intervención de Diego Chaher:
- No se permite poner al aire ninguna voz que cuestione las políticas oficiales o critique al presidente Javier Milei: se impidió que salgan al aire las declaraciones de Torres, gobernador de Chubut y su ministro de Economía, durante la disputa con el gobierno nacional. En cambio sólo se permitió la voz del ministro del Interior Guillermo Francos.
- Se impidió poner la voz del gobernador bonaerense Axel Kicillof durante la apertura de sesiones ordinarias cuando se refirió a las políticas del gobierno nacional. Lo mismo sucedió sobre la conferencia de prensa que brindó para responderle a Milei sobre su llamado a la “rebelión fiscal”. En cambio sí se puso la respuesta del vocero presidencial Manuel Adorni al gobernador, y se sacó al aire a numerosos referentes agropecuarios para cuestionarlo.
- No permiten el envío de equipos a cubrir acontecimientos importantes en el resto del país, como las graves inundaciones que, por estos días, afectan las localidades entrerrianas de Gualeguay y Gualeguaychú.
- No se puede dar voz a quienes, según el gerente de noticias, forman parte de “la casta”. Cuando se le preguntó quién era la casta mencionó a Pablo Moyano, Eduardo Belliboni y Sergio Palazzo.
- Se impidió la salida al aire del abrazo al Banco Nación el 20 de febrero pasado, un hecho noticioso todos los medios nacionales cubrieron.
- Se impidió la cobertura y cualquier mención sobre el cierre de la Agencia Télam, que salió en todos los medios nacionales y que, incluso, fue anunciado por el propio presidente de la Nación en cadena nacional.
- La misma invisibilización sufrió el acto y posterior represión, que, en defensa al INCAA, se realizó en la puerta del Cine Gaumont y que contó con numerosas personalidades de la cultura.
- Tampoco se permitió cubrir la protesta por el cierre del INADI, ni se mencionó en los noticieros el cierre del Instituto de Agricultura Familiar.
- Se impidió mostrar la movilización de la UTEP y organizaciones piqueteras el lunes 18 y la represión de la que fueron víctimas los manifestantes. Solo se pudo hablar de “incidentes” y de la aplicación del protocolo del Ministerio de Seguridad Nacional.
- Se impidió la salida de una nota que convocaba a las actividades del 8M (Día Internacional de la Mujer) en dos noticieros. Sólo permitieron una breve mención con un texto editado por el propio gerente Fabián Gijón donde se recortó toda mención contra el gobierno nacional por las políticas de ajuste y lo referido a la defensa de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). No permitieron que salga ninguna nota desde la masiva movilización al Congreso Nacional.
- Se impidió poner la voz de los abogados defensores de Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Tampoco se permitió nombrar el dictamen del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, que usó la ex vicepresidenta para apelar la condena de 6 años que recibió. Barra fue designado en sus funciones por el propio Milei.
- Está cancelada cualquier nota con Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner y de otras causas de interés público.
- Decidieron eliminar la columna sobre pueblos originarios.
- Ordenaron bajar varias notas y columnas del noticiero de la web de la TV Pública.
«Ante todos estos graves hechos de censura, que nunca sucedieron antes en democracia en nuestro noticiero, denunciamos públicamente estos ataques a la libertad de expresión en un medio público, cuyo rol social es la pluralidad de voces, el federalismo y la diversidad informativa. Como trabajadores y trabajadoras del noticiero, siempre defendimos estos principios, y denunciamos su incumplimiento en todas las gestiones, sin importar su signo político», expresa el comunicado.
Es claro que el gobierno de Milei nos quiere fabricar una realidad creada en la ficción y que difunden como reguero de pólvora a través de los medios hegemónicos y las redes sociales digitales.
Las fuerzas del cielo
En la reciente ola de despidos estatales -retomando las líneas discursivas generadas por Mauricio Macri desde que irrumpió en la política- el Ente Nacional De Comunicaciones (Enacom), como consecuencia del despido de unos 500 trabajadores, a partir del 1ro de abril tendrá sus delegaciones provinciales cerradas.
Javier Milei había anunciado orgullosamente que iba a despedir unos 70 mil trabajadores estatales y aunque luego bajó la cifra a 15 mil, lo que no bajó fue la crueldad y lo inhumano del anuncio.
Miles de familias arrojadas a las calles sin ningún miramiento para aumentar las filas de la desocupación en medio de un contexto de miseria planificada.
La perdida de la soberanía impulsada por Milei en todos los ámbitos de nuestro país ha dejado anuncios que no hacen más que avizorar un futuro paupérrimo desde el cual habrá que trabajar muchísimo para revertirlo.
El pasado 26 de febrero se anunció la llegada de OneWEB, Starlink y Amazon Kuiper con el objetivo de brindar una nueva manera de acceder a internet, mediante tecnología satelital.
«Con esta decisión, iniciamos un camino de apertura tecnológica con mayor cantidad de alternativas para conectar a todas las personas y empresas que operan en el país aún en lugares remotos, generando una mayor competencia entre los distintos actores del mercado. Los usuarios podrán seleccionar más y mejores servicios digitales con altos estándares de calidad en toda la Argentina», celebraba el comunicado.
Y resalta: «Una de las principales ventajas de internet satelital es su capacidad para proporcionar conectividad en áreas donde otras tecnologías de banda ancha no están fácilmente disponibles. De hecho, puede llegar a lugares remotos y ofrecer acceso a la red global, lo que permite que personas y empresas se conecten con el mundo digital». Es decir, las funciones y objetivos que tiene destinadas Arsat, la empresa de telecomunicaciones del estado creada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Cabe destacar que Starlink, la empresa global de servicios de internet por satélite fundada en 2015 por Elon Musk como parte de SpaceX, ha desplegado cerca de 4.000 satélites en órbita terrestre para brindar conexión de alta velocidad a más de un millón de ubicaciones alrededor del globo, mayormente hogares.
Starlink ya está disponible oficialmente en el país para ser contratada por los usuarios y en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se confirmó la desregulación de los servicios de internet satelital para permitir el ingreso de empresas como Starlink.
De esta forma, la empresa comenzó a ofrecer paquetes de internet y que al instalar el servicio por primera vez, el cliente pagará un costo total de $655.999.
En una entrevista, Natalia Zuazo, especialista en tecnología y política afirmó: «Claramente, el gobierno busca beneficiar a Elon Musk. Como las negociaciones para Starlink ya estaban avanzadas desde antes, el esfuerzo que el actual gobierno tiene que hacer para quedar bien es un esfuerzo muy menor. Es un costo muy bajo para un gesto grande».
Y agregó: «Es bueno que lo productores del campo, por ejemplo, tengan un mejor acceso a internet, porque son opciones que antes no había. No es para mucha gente, por lo tanto, no hablaría de ‘democratizar’, sino que se brinda una opción más».
Es claro que el costo supera el bolsillo y que en definitiva las empresas que ingresan corren a Arsat del centro de la escena en detrimento de la soberanía satelital de nuestro país. Si a esto le sumamos los despidos del sector, es evidente que no habrá quien trabaje para generar y asegurar las políticas públicas en la materia.
Como escribió Rodolfo Walsh: “Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo… La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas”.
Así avanza la censura en nuestro país de la mano de Javier Milei, quien en definitiva intenta reformular la historia y todo lo que hemos logrado en nuestro país en materia de derechos y soberanía, acaso la portada que aun hoy persiste en el sitio de la Agencia Nacional de Noticias es una clara confesión.
