JUECES, FUNCIONARIOS, ESPÍAS Y CLARIN: LA VERDADERA ASOCIACIÓN ÍLICITA

Lawfare en Lago Escondido

JUECES, FUNCIONARIOS, ESPÍAS Y CLARIN:
LA VERDADERA ASOCIACIÓN ÍLICITA

Por María Quintero

Si hay lawfare que se no se note. Este fin de semana se conocieron los chats que sacaron a la luz a Los Huemules, la verdadera asociación  ilícita compuesta por jueces, el grupo Clarín, ex Sides y funcionarios de Juntos por el Cambio. Una banda que acuerda en dos chats – uno creado el 17 de octubre que utilizan hasta el día de 20 de octubre y otro que va desde el 20 de octubre al 28 de noviembre- cómo borrar las pruebas de la reunión en la estancia de Lewis, cómo apretar periodistas y funcionarios y falsificar documentación.

Un repaso sobre la primera información de la reunión. En octubre de este año se publicó en Página 12 una nota que daba cuentas de una reunión en la estancia del magnate británico Joe Lewis, en la que habían coincidido los jueces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials; el jefe de los fiscales porteños Juan Bautista Mahiques y el ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, Marcelo D’Alessandro; los directivos de Clarín Pablo Casey y Jorge Rendo junto a el ex espía Leonardo Bergoth y el empresario especialista en campañas digitales, Tomás Reinke.

Se pudo saber que todos formaron parte de la lista de pasajeros del avión que partió el 13 de octubre de este año, a las 9. 30 hs, con destino a San Carlos de Bariloche.

En la nota se planteaba que por las funciones de «los pasajeros» el temario debía ser amplio, pero había al menos tres objetivos concretos para tratar: La persecución judicial a los exfuncionarios del gobierno de Cristina, La impunidad de Mauricio Macri y Campaña electoral 2023. La presencia de la comitiva había sido señalada por las concejales de Bariloche y El Bolsón, Roxana Ferreyra y Rosa Monsalve.

La nota de Página, al no tener respuesta por parte de los pasajeros sobre el viaje, dejaba algunos espacios en blanco.

Los Huemules

El pasado 2 de diciembre empezó a circular por las redes la información sobre la filtración realizada por hackers (https://breached.vc/) que, por 600 dólares en criptomonedas Bitcoin o Monero, vendían 500 MB de información obtenida del teléfono del Ministro de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro.

Como prueba de la información obtenida en el teléfono de D’Alessandro, los Hackers publicaron los chats de un grupo titulado «Operación de Pagina 12»  e integrado por «los pasajeros» del viaje a Bariloche. Los Huemules, como se autodenominan en la conversación mantenida en el chat, conforman, como veremos más adelante, la verdadera asociación ilícita.

En la charla publicada tratan de ponerse de acuerdo sobre cómo ocultar el viaje que pagó Clarín, y debaten, entre risotadas e insultos a periodistas opositores, cómo llevar adelante una serie de delitos graves que van desde la extorsión a empresarios periodísticos y funcionarios, guionado de testigos, mentiras como coartadas o falsificación de documentos.

Por ejemplo, luego de publicarse la nota de Página 12 que rebela el viaje a Lago Escondido, aseguran haber instruido a gente para hacer desaparecer el tema de la agenda. Luego, coordinan la adulteración de documentación para que figure que el viaje fue pagado de sus bolsillos y no por el Grupo Clarín y debaten sobre la mejor mentira para justificar el haber estado todos juntos en un mismo lugar.

Entre las idas y vueltas para ponerse de acuerdo, también dedican parte del plan corrupto para pensar cómo apagar el tema en los medios y cómo armar una causa contra el director nacional de la PSA, José Glinski, a quien señalan como el responsable de filtrar la lista de pasajeros del vuelo a Bariloche.

Tampoco faltó el seguimiento en vivo a la programación de C5N para ver si trataban el tema o lo sacaban de agenda.

También acuerdan que se debían borrar las fotos en las que estaban todos juntos.
En otro tramo de la conversación, Los Huemules arman el guion que entregarían a Paz Rodríguez Niell, de la sección Política del diario La Nación y en LN+, para instalar el discurso de que el grupo había sido victima de espionaje.

(Pablo Casey sintetizando el guion)

Los Humules, el 20 de octubre, armaron otro grupo de chat llamado «Grupo Donatto contrataca», allí los diálogos no difieren del contenido del anterior. Incluso, el juez Julián Ercolini – uno de jueces que impulsó el lawfare contra Cristina Kirchner – da indicaciones sobre cómo actuar judicialmente y de hablar con la justicia de Bariloche con el fin de que las actuaciones se archiven.

Los dos grupos contienen muchos más datos relacionados con otras causas de lawfare como, por ejemplo, cuando Pablo Cayssials reconoce que el apartamiento – y la persecución para lograrlo- de la ex Procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó, se lo pidió Fernán Julio Saguier, dueño de La Nación.

Finalmente, en la gran cantidad de información contenida en los chats que muestran la verdadera asociación ilícita que conforman Los Huemules, se puede ver el nivel de impunidad que manejan: el ex jefe de Legales de la SIDE en tiempos de Antonio Jaime Stiuso, Leo Bergroth, describe la estructura de la banda y el rol de cada uno.

Sin embargo, uno de los interrogantes que  genera el acceso a este material en el cual, claramente se puede ver cómo se organizan jueces, funcionarios, agentes de inteligencia y medios de comunicación para encubrir un delito con otros delitos, es  que tan privado es o debiera se el contenido de los chats hackeados.

En relación a este punto, es interesante unos párrafos de lo publicado en «El Cohete a la luna», de Horacio Verbistky, y que republicamos a continuación:

«El interés público

Este material, que requeriría un estudio en profundidad, imposible de realizar un sábado de cierre, plantea un dilema deontológico. Como la propia fuente lo dice, es producto de un hackeo, una intromisión en la privacidad de esos funcionarios públicos y hombres de negocios con el Estado. Pero tanto la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, como la de Estados Unidos y los sistemas regional y universal de protección de los derechos humanos, afirman que la difusión de los temas de interés público, cuya divulgación resulte útil para que la comunidad se mantenga informada sobre asuntos que puedan afectarla, se conozca sobre aspectos que incidan en el funcionamiento del Estado, afecten intereses o derechos generales, o acarreen consecuencias importantes, gozan de una protección mayor, aunque incluyan aspectos de la vida privada, cosa que en este caso hemos evitado. Sólo se reproducen tramos de indudable relevancia pública. Como dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ‘aquellas personas que influyen en cuestiones de interés público se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente y, consecuentemente, se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público’. Es posible, incluso, que estos documentos muestren a funcionarios públicos preparando la comisión de un delito».

Lawfare, el golpe contra la Democracia

Hace ya un tiempo que en nuestro país se instaló el lawfare como herramienta de persecución y estigmatización de referentes sociales y políticos, acaso el ejemplo más claro y más cercano es lo que acontecerá este martes, cuando en el marco de la causa denominada mediáticamente como Vialidad – en la que se investiga supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz- se lea el veredicto contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Se sabe, gracias al anticipo de Clarín del 12 de septiembre de este año, que la sentencia ya está escrita. En ella se busca la proscripción de Cristina bajo el argumento de conformar y organizar una asociación ilícita para estafar al Estado argentino.
El lawfare es un término que en los últimos años no sólo se transformó en algo cotidiano en nuestro vocabulario, sino que va tomando cada vez más cuerpo y se lo puede dimensionar en la medida que van surgiendo este tipo de hechos en los que claramente se ve a cada actor que constituye el lawfare, articulándose para borrar y encubrir rastros de delitos, archivar causas, amenazar, manipular a la opinión pública con fakenews, impulsar causas como una forma de encubrirse, desinformar y apriete de periodistas, toda una maquinaria para, en definitiva, asegurar la impunidad de los grupos de poder.

Toda esta información se generó durante el fin de semana. Hoy ¿qué hará el Consejo de la Magistratura? ¿qué harán los jueces y funcionarios implicados en este escandaloso hecho? ¿qué hará Horacio Rodríguez Larreta con su ministro de Seguridad y Justicia?

Sin dudas, urge una pronta respuesta, la verdadera asociación ilícita acecha la democracia y si esto no se revierte, todos los ciudadanos y ciudadanas de este país estamos en peligro.