Desregulación y cierre de Vialidad
EL SINDICATO DE TRABAJADORES VIALES Y AFINES PRESENTÓ UN AMPARO JUDICIAL CONTRA EL DESGUACE DE VIALIDAD
Por PPV
El sindicato de Vialidad Nacional presentó un amparo judicial contra el decreto 461/25 firmado por Javier Milei, en el que lo acusa, en lo que consideran una medida inconstitucional, de promover el desmantelamiento del Estado y, con ello, poner en riesgo miles de puestos de trabajo y vulnerar derechos constitucionales.
Tal lo informado por Infogremiales, la secretaria General del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Graciela Aleñá, presentó este lunes una acción de amparo ante la Justicia para reclamar la inconstitucionalidad del Decreto Delegado 461/25, firmado por el presidente Javier Milei. La presentación, patrocinada por los abogados Eduardo Barcesat y Daniel Valmaggia, quedó radicada en el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 23, a cargo de la jueza Marta Rey, bajo el expediente Nº 27.651/2025.
El recurso solicita que el Poder Judicial declare la invalidez del decreto por considerarlo ilegal y arbitrario, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, ya que avanza sobre la estructura del Estado con la consecuente afectación a puestos de trabajo, estabilidad laboral y al funcionamiento de áreas clave como la seguridad vial, la ciencia aplicada y la salud pública.
#AHORA trabajadores del INTA protestan en Ruta 22 contra el decreto de Javier Milei que desguaza organismos, afectando también el INTI y Vialidad Nacional. Con el último decreto son un centenar los organismos afectados.
¡En INTA no sobra nadie! pic.twitter.com/8a7GegxJEo— Alhue Gavuzzo (@AlhueBG) July 15, 2025
Por medio de un comunicado, Aleñá y sus asesores jurídicos advirtieron que este decreto genera una «amenaza, incertidumbre y falta de certeza» respecto de cómo serán reemplazadas las funciones que históricamente cumplen trabajadores técnicos, operativos y profesionales en organismos estatales, funciones que —según señalaron— son esenciales para la protección de los derechos de los consumidores y usuarios establecidos en el artículo 42 de la Constitución.
El planteo sostiene que la medida presidencial vulnera el artículo 14 bis de la Carta Magna, así como los convenios internacionales suscriptos por Argentina en materia de derechos laborales y protección del empleo público, entre ellos tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“La seguidilla in crescendo de accidentes viales, a consecuencia del abandono y quita de presupuesto para las obras públicas que afectan a la extensa red vial, constituye un toque de alarma para la vida y la integridad física de las personas”, alertaron los denunciantes, al tiempo que remarcaron que también se ve afectado el transporte de mercancías de las economías regionales, claves para el consumo interno y las exportaciones.
En términos más amplios, Aleñá y Barcesat denunciaron un «avance en la destrucción del Estado/Nación», que se manifiesta en pérdida de empleos y una política que favorece la importación en detrimento de la industria nacional. A su vez, vincularon estas medidas con “políticas fracasadas del pasado”, comparándolas con el desmantelamiento estatal durante la dictadura cívico-militar (1976-1983), las privatizaciones del menemismo y el endeudamiento del período macrista.
Finalmente, los firmantes recordaron a los jueces su rol constitucional de garantizar la supremacía de la Constitución Nacional, haciendo valer el control de legalidad y razonabilidad sobre las normas dictadas por los demás poderes del Estado, señala Infogremiales.
“El Amparo se presenta como una herramienta esencial para proteger la vigencia del orden constitucional y evitar que se consolide un retroceso institucional de gran magnitud”, concluyeron.