EL PROYECTO DE FALSA DENUNCIA DE CAROLINA LOSADA SUMA RECHAZOS
Por PPV
La senadora nacional por la UCR, Carolina Losada encabeza, desde el año 2022 una batalla a favor de las supuestas falsas denuncias de violencia de género.
En el año 2023, ya en su cargo en el Senado, Losada comenzó a realizar audiencias en todo el país contra lo que ella considera una utilización del sistema “como herramienta de extorsión, amenaza, castigo y venganza”.
Con el argumento de que la Justicia aplica sanciones sin prueba, la senadora presentó un proyecto de ley que endurece las penas para dos delitos: el de denuncias falsas (artículo 245) y el falso testimonio (artículo 275).
El proyecto, que fuera rechazada en oportunidad anterior, consiguió dictamen favorable en la comisión de Justicia del Senado la semana pasada.
Como no podía ser de otra manera organizaciones, militantes, feministas y partidos y movimientos políticos levantan su voz oponiéndose a este proyecto que no hace más que retroceder en los derechos conquistados por las mujeres y en un principio básico “si una mujer denuncia violencia de género, primero se le cree a la mujer y luego se investiga.”
El Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos (integrado por referentes de todo el país, en gran parte Fiscalas, Fiscales y funcionariado a cargo de áreas vinculadas a la temática) el cual tiene su ámbito en el Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal, expresó su preocupación por este proyecto y por la difusión de discursos que sostienen la existencia de una supuesta “masividad de falsas denuncias” en materia de violencias de género y delitos contra la integridad sexual que, bajo ese presupuesto, promueven reformas que podrían obstaculizar el acceso a la justicia de las víctimas, en particular, de mujeres.
Por su parte, el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) dijo que “observa con preocupación que estas iniciativas, lejos de fortalecer la respuesta del Estado frente a la violencia, desincentivan las demandas legítimas de justicia, protección y reparación”.
Asimismo, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Católicas por el Derecho a Decidir (CDD); Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps); Fundación Vivir Libres; Casa FUSA; Fundación Alem; el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional; Fundación Mujeres por Mujeres (MxM); Ni Una Menos; Socorro Violeta y Equality Now exigieron el rechazo al proyecto de Losada pues consideran que los argumentos que lo sostienen se basan en “un mito sin evidencia” pues no existe una “epidemia” de falsas denuncias. A la vez, estas organizaciones entienden que la amenaza penal funcionará como un mecanismo de autocensura por miedo a represalias lo que llevará a que muchas violencias queden silenciadas. Por otra parte, entienden que la propuesta incumple compromisos internacionales y que, el “verdadero problema que debe resolver el Estado son las fallas estructurales del sistema judicial, como la falta de celeridad en la resolución de los procesos judiciales y la impunidad que logran los agresores”.
El proyecto, convertido en dictamen recibió el rechazo de diputadas y senadoras peronistas quienes llevaron adelante un encuentro para abrir el abanico de voces opositoras al mismo.
La intención es construir una respuesta punitiva
La diputada nacional Myriam Bregman expresó su posición en un extenso hilo de X en la que, entre otras señala que estamos ante una operación falsa “porque la falsa denuncia ya está tipificada en el Código Penal argentino, (y) porque los datos muestran que el sistema judicial no está saturado de denuncias falsas, sino -por el contrario- que estas representan alrededor del 0,25% de las condenas penales y, en su mayoría, se vinculan a delitos económicos, no a violencia de género. Además, el proyecto ignora el enorme subregistro que atraviesa a ese sistema judicial: hoy, a 10 años del primer Ni Una Menos, solo 1 de cada 4 mujeres denuncia violencia de género y, en casos de violencia sexual, la cifra desciende hasta el 10% (según datos de ELA).”
Y que lo que se busca de fondo es “la intención es construir una respuesta punitiva que no se corresponde con la evidencia, sino con una operación política: reinstalar la sospecha sobre quienes se animan a denunciar, profundizando el negacionismo de género para amedrentar a las víctimas y silenciarlas.”
OPERACIÓN FALSA.
El proyecto de “falsas denuncias” de la senadora Carolina Losada que propone penalizar a quienes denunciaran “falsamente” por haber sido víctimas o testigos de violencia sexual —y de género en general— con penas de 3 a 6 años de prisión, que se aprobó en…
— Myriam Bregman (@myriambregman) April 22, 2026