REVISTA PPV – Periodismo Por Venir

¡Saltá el cerco medíatico!

EL PACTO ENTRE EL MACHISMO Y EL ESTADO AUSENTE


87 femicidios en 2019:

EL PACTO ENTRE EL MACHISMO Y EL ESTADO AUSENTE

Por Amarú Varela
Fotografía portada: Sabrina Delas

Con el femicidio de Celeste Yanet Miranda, la joven salteña de 18 años, ya se contabilizan 86 homicidios, hasta el viernes pasado, en contexto de violencia de género y en un poco más de tres meses de comenzado el año, según el Observatorio de Género “Ahora que sí nos ven”, que preside Raquel Vivanco.

Hace una semana, encontraron un cuerpo sin vida, con la ropa ultrajada y con signos de asfixia. Era Celeste, una chica salteña que fue brutalmente abusada (a prima facie por varias personas) y asesinada en una zona de pastizales, en Embarcación, provincia de Salta.

Este fin de semana la cifra de femicidios volvió a aumentar, y suman 87 en lo que va del año: Mónica Cruz, de 38 años,  fue asesinada por su ex pareja en Tristán Suárez. Juan Ramón Silva, estranguló a Mónica y dejó su cuerpo al costado de la ruta 205.  Silva, sobre quien se había impuesto una restricción perimetral, convenció a Mónica de que le iba a entregar dinero.

El 2019 empezó con el femicidio de Celeste Castillo, a manos de su pareja, el policía Héctor Montenegro, quien la mató de un tiro con su arma reglamentaria y luego se suicidó. Así se inició la larga lista de nombres que quedan en nuestra memoria: los nombres de todas las mujeres que todavía esperan justicia.

Los números rojos que dejó el 2018

Recordemos que el 2018 terminó con una cifra espeluznante en materia de femicidios: 273 víctimas fueron asesinadas a manos de hombres,  en la mayoría de los femicidios fueron sus parejas o ex parejas, según datos del Observatorio Marisel Zambrano. Algunos casos incluyeron, además, homicidios de familiares de las víctimas, lo que se conoce técnicamente como “femicidio vinculado”: cuando el homicidio es contra las personas que mantienen un vínculo familiar o afectivo con la mujer para castigarla y destruirla psicológicamente.

Los hechos que fueron sucediendo a partir del 2019 no cambiaron mucho: las víctimas seguimos siendo las mujeres, lesbianas y trans y el Estado parecer no estar viendo lo que pasa, ni buscando solución alguna.

Vigilar y Castigar

Existe un rasgo común que antecede al homicidio de la mayoría de las víctimas: la violación está presente, como un acto para “aleccionar” a la víctima, como un castigo merecido. Porque la violación no se trata sólo de una cuestión sexual, sino de una cuestión de poder, de castigo, de decirle a la víctima que está haciendo algo mal. Los hombres dejan, en ese acto de tortura, un mensaje: las mujeres no debemos revelarnos. Y si lo hacemos, la manada tiene el derecho a castigarnos, sólo por el hecho de ser mujer, lesbiana o trans.

Siendo los hombres las primeras víctimas del sistema patriarcal (y aunque  ignoren esta situación), como nos enseña Rita Segato, está en ellos romper con el círculo vicioso de fraternidad que los ampara. La filósofa Judith Butler estuvo en nuestro país y mandó un mensaje directo a los hombres: “rompan el pacto de hermandad y denuncien los abusos, las violaciones, denuncien la violencia”.

Como vemos, el trabajo para derribar al patriarcado es conjunto y el rol del hombre es primordial.

La lucha de Mujeres, Lesbianas y Trans y un Estado Ausente

Ante esta delicada situación, la organización Mujeres por la Matria Latinoamericana (MuMaLá), presentó un proyecto con el aval de más de 70.000 firmas a fin de que se declare la “Emergencia Nacional de Género” de marzo de 2019 hasta marzo de 2021. Esta presentación está dirigida a fortalecer el Instituto Nacional de la Mujer -INAM-, dirigido por la tan cuestionada Fabiana Túñez,  mediante un aumento presupuestario para que se pongan en marcha “propuestas concretas y urgentes para el abordaje de las violencias machistas”.

Un informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) ya había alertado a fin de 2018 la preocupante situación de desprotección respecto de mujeres, lesbianas y trans para el último año del gobierno de Cambiemos. Se redujeron lugares claves para la prevención, atención y erradicación de las violencias y se vulneran así los derechos en el contexto del ajuste económico general. Claros ejemplos fueron los despidos de las mujeres trabajadoras (y la actual precarización laboral) de las líneas 144 y 137, dependientes del INAM y Ministerio de Justicia de Nación, respectivamente.

La lucha del colectivo de mujeres, lesbianas y trans logró que se triplicaran y duplicaran los presupuestos a los programas de Salud Sexual Integral (ESI) y Fortalecimiento de Educación Sexual Integral y Procreación Responsable, que pasó de contar con $245 millones a $560 millones, en tanto el primero ascendió a $102 millones.

Más allá de estos avances, estamos ante una situación que no mejora a corto plazo. Cada día resuena un nuevo caso, una víctima más, una piba menos.

El estado es responsable de aplicar las políticas públicas en materia de protección de violencia de género actuales, de crear nuevas herramientas para paliar este flagelo, como así también la justicia debe hacer lo suyo, aplicando el derecho desde una perspectiva de género y evitando la doble criminalización respecto de las víctimas de violencia de género.

Sin dudas, el gobierno neoliberal que asumió en 2015 es responsable de los 896 femicidios ocurridos durante su gestión.

Se va a caer.
Y si no, lo vamos a tirar.

AL INICIO