REVISTA PPV – Periodismo Por Venir

¡Saltá el cerco medíatico!

EL GOBIERNO BONAERENSE DENUNCIÓ QUE GRUPOS VIOLENTOS IMPIDIERON ASISTENCIA ESTATAL

Toma de Guernica

EL GOBIERNO BONAERENSE DENUNCIÓ QUE GRUPOS VIOLENTOS IMPIDIERON ASISTENCIA ESTATAL

Por PPV

El gobierno bonaerense denunció que un grupo de las organizaciones políticas que forman parte de la ocupación en Guernica, impidió de manera violenta la asistencia a las familias que se encuentran en el predio.

El hecho ocurrió ayer en el marco de la jornada -que ya estaba pactada -de asistencia integral por parte de la interministerial del gobierno provincial que conforman los ministerios de Desarrollo de la Comunidad; de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual; de Justicia y Derechos Humanos; y de Seguridad; así como también, representantes de los municipios de Presidente Perón, Lomas de Zamora, Almirante Brown Florencia Varela, Esteban Echeverría, San Vicente y Ezeiza.

La jornada formaba parte de un esquema que preveía la instalación de oficinas móviles de atención y el despliegue de más de 150 trabajadores y trabajadoras de los ministerios intervinientes -que se hicieron presentes- para la entrega de agua potable, alimentos secos, alcohol en gel, unos 25 mil pañales, zapatillas, frazadas y alrededor de 6 mil barbijos. Además se contemplaba la distribución de viandas calientes luego del temporal a las familias que ocupan el predio.

A su vez, esta situación impidió que el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual pudiera visitar personalmente a las mujeres víctimas de violencia de género, a las que ya se encuentra asistiendo, y que el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia pudiera constatar la situación de las y los menores que se encuentran en el predio.

Esta mañana, en el programa “Habrá Consecuencias” -FM 107.3-, el ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, indicó: “Ayer, concretamente, organizaciones como el Polo Obrero, MTR, Libres del Sur (rama que responde a Alberto Tumini), impidieron el ingreso del Estado, pero después si hubo margen para que dirigentes políticos de izquierda pudieran ingresar y dar discursos. Evidentemente es una contradicción absoluta, primero porque no permitieron que se asista a las familias y segundo porque están poniendo en riesgo a esas personas”.

El hecho generó, faltando días para el desalojo judicial, una demora en la lucha contrareloj que impulsa el Estado provincial por evitar que las familias, vulneradas en su derecho a la vivienda, sean desalojadas sin solución alguna.

Cabe recordar que el predio, que cuenta con más de cien hectáreas, tras una prorroga en la medida, será desalojado el próximo jueves 1 de octubre -estaba previsto para el 23 del corriente mes- por orden del juez de Garantías de La Plata con asiento en la localidad de Cañuelas, Martín Rizzo.

El magistrado había hecho lugar a una presentación del ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, quien había pedido demorar el desalojo para “continuar negociando una salida sin violencia” y con la asistencia de la Mesa de Articulación que integran organismos de la provincia de Buenos Aires y agrupaciones barriales.

En el pedido, Larroque presentó al magistrado los resultados del censo conformado por una encuesta a 1.904 personas, de las cuales 650 indicaron que son de Guernica. El resto pertenece a distritos cercanos.

La toma se desarrolla en un predio de unas 100 hectáreas que fue ocupado por unas 2.500 familias desde hace unos dos meses. Una Mesa de Articulación lleva diez días trabajando para lograr que el desalojo se realice en forma pacífica.

Esta Mesa de Articulación está compuesta por los ministerios de Desarrollo de la Comunidad, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; la subsecretaría de Hábitat de la Comunidad, la subsecretaría de Políticas Sociales y los organismos de la Niñez y Adolescencia.
También participa la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata y unxs cien censistas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

La Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham,  explicó que organismos como la Defensoría y otras entidades de Derechos Humanos “pueden ser veedores de un proceso que cree soluciones alternativas, que respeten y resguarden los derechos de las y los niños”.

Por ello, enfatizó que “pese a que el marco jurídico de esta situación es una denuncia penal, el escenario de vida de las niñas, niños y adolescentes involucradas/os es la pobreza y la extrema vulnerabilidad en la que viven, por tanto, la toma debe analizarse en este contexto socio económico y desde un enfoque de derechos integral”.

AL INICIO
Ir al contenido