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DOS PANDEMIAS: COVID-19 Y CAMBIEMOS

DOS PANDEMIAS: COVID-19 Y CAMBIEMOS

Por Ana Belén Marrello

El Instituto para el Desarrollo Económico y Social (IDESBA) “Stella Maldonado”, de la CTA de la Provincia de Buenos Aires, inició un ciclo de charlas con la participación de Eduardo Basualdo y Hugo Yasky, que disertaron sobre el impuesto a las grandes fortunas.

Constituido en 2016, el espacio lleva el nombre de la militante política y social, docente y ex titular de la CTERA, Stella Maldonado, y es dirigido por la secretaria general adjunta del SUTEBA, Silvia Almazán. Es un centro de investigación, análisis y construcción de conocimiento sobre la realidad bonaerense, para fortalecer las iniciativas políticas de la CTA y su desarrollo territorial. Está integrado por un consejo asesor y por lxs investigadorxs Mariana Fernández Massi, Andrés Wainer y Agustín Claus.

A través del Facebook de ‘Idesba CTA’, el coordinador del área de Economía de FLACSO y de CIFRA-CTA, Eduardo Basualdo, y el secretario general de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky, expusieron el jueves 18 de junio sobre el ‘Impuesto a las grandes fortunas. Un debate desde la perspectiva de les trabajadores’, con la moderación de Andrés Wainer.

El economista e historiador brindó algunas características generales de la propuesta de gravamen extraordinario a las grandes fortunas y también se refirió a los méritos y límites del proyecto que contó con la participación de diversas Instituciones, entre ellas la CTA de lxs Trabajadorxs, y que será presentado en el Congreso de la Nación. “Es un gravamen excepcional por única vez, lo cual es una limitación, concebido como una contribución de las personas de mayores ingresos a las finanzas públicas, que como todos sabemos están soportando dos pandemias”, definió Basualdo y detalló: “La de Cambiemos y el actual COVID-19, que está afectando y que, seguramente, lo va a seguir haciendo muy significativamente en la economía de la Argentina y  en la situación de los trabajadores, en particular”.

“Alcanza potencialmente a alrededor de 12 mil personas que perciben altos ingresos en Argentina, ya sea generados internamente o radicados en el exterior y declarados. Establece una alícuota del 2% para aquellos que hayan declarado un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, que son equivalentes a, más o menos, 3 millones de dólares al tipo de cambio oficial”, explicó el economista y agregó que la propuesta indica tres escalas progresivas de alícuota: “Parte de 2; 2,5; 3, hasta 3,5 para quienes poseen más de 3 mil millones de pesos”.

De aplicarse este gravamen a las grandes fortunas, generaría una recaudación que superaría los 3 mil millones de dólares. “No es un gravamen, como pretende la derecha, que se plantea en una situación de elevada presión impositiva en términos internacionales”, señaló Basualdo y aseguró que en cifras brindadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2017, Argentina ocupa el último lugar confrontándolo con países latinoamericanos, y más lejos aún es su posición en relación a la presión fiscal de países centrales. “En nuestro país, el impuesto a los ingresos representa el 5,3% del PBI. En Uruguay, el 7,5%. En México, 7,2%; en Chile, 7%, e igual Brasil. En EEUU, 12,4%; Alemania, 12,2%; Inglaterra, 11,9%; Francia, 10,9%. Y en países que se encuentran entre la periferia y los centrales: Australia, 15,9% y Canadá, 15,4%. Es un impuesto no solo muy justo y equitativo, sino que dista de ser confiscatorio”.

A continuación, el coordinador de FLACSO y de CIFRA-CTA mencionó las limitaciones del impuesto: “No considera a las personas jurídicas como sujeto de imposición de este impuesto. Cuando sabemos que las personas jurídicas son actores decisivos en la fuga de capitales de la Argentina. O, para decirlo más elegante, de la formación de activos externos por parte de residentes locales, que es equivalente a la fuga de capitales. Y las personas jurídicas tienen no solamente mayor monto sino mayor concentración en la fuga de capitales”.

“Según un informe reciente del Banco Central, el 10% de las sociedades que tienen mayor fuga de capitales al exterior durante el período de Cambiemos totalizan un monto de 55.736 millones de dólares, que representan el 93% de los fondos remitidos al exterior por parte de las personas jurídicas o sociedades”, resaltó, por un lado, mientras que, por el otro, “el 10% de las personas físicas que más fugaron totalizan 16.206 millones de dólares, que representa el 29% de lo que fugan las sociedades y el 63% de los fondos remitidos al exterior. Esto quiere decir que las personas físicas tienen menos concentración que las jurídicas”.

Aseguró que aquello fue planteado en el proyecto de la CTA y que tuvo objeciones de propios y ajenos respecto a que el impuesto podría afectar las inversiones. “Esto no es así porque en realidad las sociedades están más preocupadas por fugar que por invertir y, además, si hay pruebas fehacientes de una inversión, se puede obviar el impuesto. También se dijo que hay doble imposición y tampoco es así, porque lo de las personas son ganancias personales y lo otro, ganancias societarias”, afirmó.

A su turno, Yasky comentó que el proyecto surgió como una iniciativa debatida en la Mesa Nacional de la CTA y en la búsqueda de una propuesta que pudiera ser un paliativo “frente a la inmensa cantidad de recursos que el Estado tuvo que poner, y va a tener que seguir poniendo, para paliar las demandas insatisfechas de la enorme crisis económica heredada del gobierno de Mauricio Macri. Es verdad que la pobreza y la desigualdad no las inventó Macri pero se profundizaron de una manera bochornosa, inexplicable para un país que tiene las riquezas como el nuestro”, señaló el dirigente y agregó: “Además de pobreza y desigualdad nos quedó una profunda recesión, una profunda caída de la actividad económica y deuda externa que en estos días se está discutiendo con los acreedores”.

“El Estado, cuando se encuentra y choca de frente contra el Coronavirus, como les pasó a todos los Estados del mundo, no tenía ni Ministerio de Salud. Porque una de las cosas que hizo Macri fue dar de baja el Ministerio de Salud. Hubo que inventar una serie de recursos paliativos y nosotros dijimos: frente a la emergencia, hagamos una propuesta que permita reunir una parte. 3500 millones de dólares equivale a 1 punto del PBI. Según los datos de CIFRA, al momento habría 7 puntos del PBI dispuestos en función de todo lo que demandaron las políticas sanitarias y las políticas sociales”, explicó Yasky y enumeró que el aislamiento se sostiene con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE); las ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), para que las empresas puedan pagar los salarios; la Tarjeta Alimentaria, medidas que no se tomaron en países como Brasil y Chile, y hoy se ven las consecuencias, con miles de muertes en esos pueblos hermanos.

Sin embargo, los recursos del Estado tienen un límite, aseveró el diputado nacional. Por eso, la propuesta de la CTA fue pensada para paliar la coyuntura, pero también el tiempo que vendrá, en meses o años, de recuperación de cierto nivel de actividad de la fuerza productiva, que hoy está funcionando en un 80%. “Va a haber que discutir cómo salir de una situación de mayor pobreza, mayor desigualdad, mayor cantidad de Pymes cerradas, mayor desprotección social”, aseguró el dirigente docente.

“Necesitamos un Estado que recaude. Los que están en condiciones de contribuir son los que acumulan grandes fortunas, millonarias fortunas, porque tienen que pagar mínimamente en proporción con lo que acumulan. Y de ahí se tiene que financiar el Estado”, sentenció el titular de la CTA y añadió: “Macri hizo exactamente lo contrario. Les bajó las retenciones, les bajó los impuestos, les bajó las retenciones a las mineras, etc. ¿Y qué pasó? ¿La economía argentina pegó un salto para arriba? ¿Llegaron las inversiones? No. Tuvimos recesión, inflación, fuga de capitales, miseria, caída del empleo. De manera que hay que buscar otra salida”.

“Este impuesto es estratégico, si lo pensamos como el inicio de una disputa para instalar políticas públicas que signifiquen empezar a hacer que la carga vaya hacia los que más tienen”, definió Yasky y argumentó que es necesario comenzar a hablar de reformas estructurales, como una reforma tributaria progresiva para que paguen más los que más tienen, y una revisión del sistema financiero y la ley que lo rige.

Basualdo coincidió con la mirada de Yasky respecto a que nos espera una ardua lucha contra los privilegios que los grupos económicos quieren conservar, con uñas y dientes, y agregó que otro hito en la discusión de políticas favorables a los sectores populares es el rescate de Vicentin. 
“El Frente de Todos no es la continuidad del gobierno del Frente para la Victoria que terminó en el 2015. Es un frente nacional y dentro de ese frente están la mayoría de los sectores populares defendiéndolo. Este impuesto tiene un gran consenso social. Pero también están los grupos económicos de la Argentina que se plantean, sobre todo en estas ocasiones, como parte de los sectores de la burguesía en alianza con los sectores populares, porque son el núcleo de la burguesía nacional. En realidad, son parte de los sectores dominantes junto con el capital financiero internacional. Y esto de la pandemia lo que ha hecho es adelantar las contradicciones que eran previsibles en un frente nacional, y ellos son la punta de lanza del establishment contra estos hitos”.

Para concluir, Wainer resumió: “Queda claro que este tipo de iniciativas como el impuesto a las riquezas o el tema de la expropiación de Vicentin van a contar con una resistencia muy fuerte. No es un camino sencillo y va a necesitar de una fuerte organización y apoyo de los sectores populares y de los trabajadores para avanzar en este sentido”.

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