#Mendoza
CORNEJO INSISTE EN ESTIGMATIZAR Y CRIMINALIZAR
Por Agustina Borgognone
El pasado miércoles, luego de haber sido aprobada en la legislatura provincial, se votó en Mendoza la reforma del Código Contravencional promovido por el gobernador Alfredo Cornejo. En sintonía con la reciente reforma del código de faltas en la provincia de Santa Fe, Cambiemos busca imponer en el país una política represiva a través de cambios legislativos que no hacen más que estigmatizar y criminalizar.
Entre las modificaciones en este nuevo código, se proponía condenar con multas económicas y días de prisión a las protestas sociales, a los “trapitos” que no tengan autorización legal y a quienes ofendan a funcionarixs públicos. Particularmente, su artículo 126, establecía hasta 30 días de prisión o el pago de una multa de $3.000 para “la persona que trasmitiere una enfermedad venérea o contagiosa” además de una hospitalización inmediata para hacer los estudios médicos.
Finalmente, en el transcurso de la tarde, se dio a conocer que el art . 126 fue derogado y el proyecto volvió a Senadores para algunas modificaciones.
El gobierno mendocino y sus pretendidas reformas logran que no podamos pensar en otra cosa más que en la profundización del control social y el disciplinamiento de la disidencia como claro objetivo del actual gobierno y sus aliados. Habría sido un retroceso inaceptable en materia de derechos humanos criminalizar de forma tan nefasta la transmisión de VIH. La discriminación, aquí, se hace evidente como también se cristaliza la amenaza constante, de parte del Estado, hacia las libertades individuales y a la autonomía de cada cuerpo, de cada sexualidad, de cada identidad percibida que habite un espacio público por fuera de la heteronorma.
Tenemos dos realidades opuestas. Por un lado, el país se encuentra en un contexto de desfinanciamiento del sistema de salud público, empezando por la eliminación del Ministerio de Salud, y por el otro, es de público conocimiento que el 30% de las personas con VIH desconocen su situación. Por eso mismo, las políticas públicas deberían promover el testeo y no reforzar el estigma y la discriminación. No resulta graciosa la ironía de pretender un punitivismo feroz hacia las personas que viven con VIH al mismo tiempo que se sabotean los esfuerzos por abordar de manera eficaz y consciente la epidemia.
Nuevamente, la respuesta frente al atropello es la militancia activa del campo popular que se manifestó frente a la Casa de Mendoza contra lo que intentó ser el Nuevo Código Contravencional de la provincia y logró ponerle un freno. Dentro de esa militancia existe el respeto por la diversidad. Sabemos que existe el estigma de que se tiene que acabar la vida sexual de las personas con VIH, sabemos que el Estado quiere disciplinar nuestros cuerpos y controlarlos, pero también sabemos que tenemos que estar en la calle, cuando sea necesario, denunciando que se den estas situaciones en pleno 2018. Ese es nuestro accionar político y es uno que no estamos dispuestos a modificar.