CFK ANTE LA ONU: DENUNCIA UN ‘PLAN DE PROSCRIPCIÓN’ Y LA FALTA DE GARANTÍAS JUDICIALES EN ARGENTINA
Por PPV
La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, realizó un nuevo planteo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para buscar que se interponga una medida cautelar -son tres en total- que suspenda su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
A través de la representación de los nuevos abogados internacionales, el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim, junto a Carlos Alberto Beraldi, plantearon ese punto central en la comunicación individual, la cual se trataría en octubre de este año y que ya fue formulada al Comité de la ONU.
El planteo señala el uso de mecanismos de «forum shopping» y la existencia de vínculos personales entre jueces, fiscales y dirigentes políticos opositores como Mauricio Macri, quien en ese entonces era presidente. Es por ello que se menciona a los jueces: Andrés Basso, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu, Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
Como consecuencia de la decision de Donald Trump, de retirar a Estados Unidos de la ONU, hay una grave situación económica y lo que usualmente ocurría todos los años, que era que el Comite se reuniera tres veces al año, se ha pasado a dos.
Sin embargo, en octubre, en Ginebra o Nueva York, es posible que evalúen el caso dado el impacto que generó el lawfare en nuestro país, en particular en la denominada causa Vialidad y por la que se proscripto a CFK.
Además se pidieron otras dos cautelares: una referida a las condiciones de la detención domiciliaria y otra relacionada con la actual conformación de la Corte Suprema.
Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas detalla una denuncia por múltiples violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos durante la denominada “Causa Vialidad”.
Carta Abierta: El costo democrático de la politización de la justicia.https://t.co/TlXxHOAgqr— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 29, 2026
A continuación, se resumen los puntos centrales del recurso:
1. Objeto de la Denuncia y Proscripción
El recurso sostiene que el proceso judicial tuvo como fin último la proscripción electoral de la exmandataria y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo cual vulnera su derecho a votar y ser elegida (Art. 25 del Pacto).
2. Violaciones al Debido Proceso (Art. 14)
Se denuncian diversas irregularidades en el juicio, tales como:
- Falta de imparcialidad: Se señala el uso de mecanismos de «forum shopping» y la existencia de vínculos personales entre jueces, fiscales y dirigentes políticos opositores.
- Derecho a la defensa y presunción de inocencia: La defensa afirma que se impidió una defensa adecuada, se incorporaron pruebas sin posibilidad de contradicción y se violó la presunción de inocencia desde el inicio. Incluso se menciona que el actual Presidente de la Nación presentó públicamente la condena como una decisión impulsada por él mismo.
- Cosa juzgada (Ne bis in idem): Se destaca que 49 de las 51 obras públicas cuestionadas ya habían sido investigadas y archivadas anteriormente.
- Ausencia de revisión efectiva: Se argumenta que la Cámara de Casación no realizó un control real de la condena y que la composición reducida de la Corte Suprema (tres miembros) impide un examen independiente.
3. Agotamiento de Vías Internas
El documento confirma que se han agotado todos los recursos judiciales en Argentina. La última instancia fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 10 de junio de 2025, lo que habilitó la presentación internacional ante la ONU.
4. Medidas Cautelares Solicitadas
La Dra. Kirchner solicita al Comité que intervenga para:
- Suspender la inhabilitación perpetua, calificándola de arbitraria.
- Restablecer la integración legal de la Corte Suprema para garantizar el Estado de Derecho.
- Modificar el régimen de prisión domiciliaria, solicitando el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de restricciones de visitas y el cese de tratos que califica como discriminatorios y degradantes.
Reseña sobre los abogados que brindaron la conferencia de prensa
Rafael Valim
Es abogado, profesor de Derecho Público y jurista brasileño, con más de veinte años de trayectoria académica y profesional en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y derechos humanos.
Es Doctor y Máster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP). Es Editor Jefe de Editora Contracorrente, miembro del Consejo de Administración de la Fundación París 8 y profesor del Corso di Perfezionamento in Teoria Critica della Società de la Università degli Studi di Milano-Bicocca (Italia). Ha sido Simon Visiting Professor en la University of Manchester y Profesor Visitante en la Université de Rouen, desarrollando actividades académicas en diversas universidades de Europa y América Latina.
En el ejercicio de la abogacía, interviene en litigios de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, habiendo participado en algunos de los casos constitucionales más relevantes del país, especialmente en materias relacionadas con la separación de poderes, los derechos fundamentales, el control de la Administración Pública, el proceso constitucional y la defensa del Estado de Derecho.
Su experiencia internacional comprende la actuación ante los mecanismos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas, del Sistema Interamericano y del Sistema Europeo de Derechos Humanos, en casos de gran repercusión relativos al debido proceso, la independencia judicial, las garantías procesales y las libertades fundamentales.
Es autor de obras publicadas en distintos países, entre ellas Lawfare: Waging War Through Law (Routledge) y État d’exception: la forme juridique du néolibéralisme (L’Harmattan). Rafael Valim es reconocido internacionalmente por sus aportes al estudio del lawfare estado de excepción, el constitucionalismo contemporáneo y la protección de los derechos humanos, combinando una sólida producción académica con una destacada actuación profesional en asuntos de alta relevancia institucional.
Javier Borrego
Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid.
Ha sido sucesivamente Letrado de la Administración Institucional de Servicios Socio-profesionales; Secretario de Magistratura de Trabajo (por oposición); Agente del Reino de España ante los órganos europeos e internacionales de Derechos Humanos; Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y Magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
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