CFK ANTE LA ONU: DENUNCIA UN ‘PLAN DE PROSCRIPCIÓN’ Y LA FALTA DE GARANTÍAS JUDICIALES EN ARGENTINA

Por PPV

La ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, realizó un nuevo planteo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para buscar que se interponga una medida cautelar -son tres en total- que suspenda su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. 

A través de la representación de los nuevos abogados internacionales, el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim, junto a Carlos Alberto Beraldi, plantearon ese punto central en la comunicación individual, la cual se trataría en octubre de este año y que ya fue formulada al Comité de la ONU.

El planteo señala el uso de mecanismos de «forum shopping» y la existencia de vínculos personales entre jueces, fiscales y dirigentes políticos opositores como Mauricio Macri, quien en ese entonces era presidente. Es por ello que se menciona a los jueces: Andrés Basso, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu, Diego Barroetaveña, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.

Como consecuencia de la decision de Donald Trump, de retirar a Estados Unidos de la ONU, hay una grave situación económica y lo que usualmente ocurría todos los años, que era que el Comite se reuniera tres veces al año, se ha pasado a dos.

Sin embargo, en octubre, en Ginebra o Nueva York, es posible que evalúen el caso dado el impacto que generó el lawfare en nuestro país, en particular en la denominada causa Vialidad y por la que se proscripto a CFK.

Además se pidieron otras dos cautelares: una referida a las condiciones de la detención domiciliaria y otra relacionada con la actual conformación de la Corte Suprema.

Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas detalla una denuncia por múltiples violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos durante la denominada “Causa Vialidad”.

Carta Abierta: El costo democrático de la politización de la justicia.https://t.co/TlXxHOAgqr— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 29, 2026

A continuación, se resumen los puntos centrales del recurso:

1. Objeto de la Denuncia y Proscripción

El recurso sostiene que el proceso judicial tuvo como fin último la proscripción electoral de la exmandataria y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo cual vulnera su derecho a votar y ser elegida (Art. 25 del Pacto).

2. Violaciones al Debido Proceso (Art. 14)

Se denuncian diversas irregularidades en el juicio, tales como:

• Falta de imparcialidad: Se señala el uso de mecanismos de «forum shopping» y la existencia de vínculos personales entre jueces, fiscales y dirigentes políticos opositores.
• Derecho a la defensa y presunción de inocencia: La defensa afirma que se impidió una defensa adecuada, se incorporaron pruebas sin posibilidad de contradicción y se violó la presunción de inocencia desde el inicio. Incluso se menciona que el actual Presidente de la Nación presentó públicamente la condena como una decisión impulsada por él mismo.
• Cosa juzgada (Ne bis in idem): Se destaca que 49 de las 51 obras públicas cuestionadas ya habían sido investigadas y archivadas anteriormente.
• Ausencia de revisión efectiva: Se argumenta que la Cámara de Casación no realizó un control real de la condena y que la composición reducida de la Corte Suprema (tres miembros) impide un examen independiente.

3. Agotamiento de Vías Internas

El documento confirma que se han agotado todos los recursos judiciales en Argentina. La última instancia fue la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 10 de junio de 2025, lo que habilitó la presentación internacional ante la ONU.

4. Medidas Cautelares Solicitadas

La Dra. Kirchner solicita al Comité que intervenga para:

• Suspender la inhabilitación perpetua, calificándola de arbitraria.
• Restablecer la integración legal de la Corte Suprema para garantizar el Estado de Derecho.
• Modificar el régimen de prisión domiciliaria, solicitando el retiro de la tobillera electrónica, la eliminación de restricciones de visitas y el cese de tratos que califica como discriminatorios y degradantes.

Reseña sobre los abogados que brindaron la conferencia de prensa

Rafael Valim

Es abogado, profesor de Derecho Público y jurista brasileño, con más de veinte años de trayectoria académica y profesional en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y derechos humanos. 
 
Es Doctor y Máster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC-SP). Es Editor Jefe de Editora Contracorrente, miembro del Consejo de Administración de la Fundación París 8 y profesor del Corso di Perfezionamento in Teoria Critica della Società de la Università degli Studi di Milano-Bicocca (Italia). Ha sido Simon Visiting Professor en la University of Manchester y Profesor Visitante en la Université de Rouen, desarrollando actividades académicas en diversas universidades de Europa y América Latina.
 
En el ejercicio de la abogacía, interviene en litigios de alta complejidad ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil, habiendo participado en algunos de los casos constitucionales más relevantes del país, especialmente en materias relacionadas con la separación de poderes, los derechos fundamentales, el control de la Administración Pública, el proceso constitucional y la defensa del Estado de Derecho.
 
Su experiencia internacional comprende la actuación ante los mecanismos de protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas, del Sistema Interamericano y del Sistema Europeo de Derechos Humanos, en casos de gran repercusión relativos al debido proceso, la independencia judicial, las garantías procesales y las libertades fundamentales.
 
Es autor de obras publicadas en distintos países, entre ellas Lawfare: Waging War Through Law (Routledge) y État d’exception: la forme juridique du néolibéralisme (L’Harmattan). Rafael Valim es reconocido internacionalmente por sus aportes al estudio del lawfare estado de excepción, el constitucionalismo contemporáneo y la protección de los derechos humanos, combinando una sólida producción académica con una destacada actuación profesional en asuntos de alta relevancia institucional.

 Javier Borrego

Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid.
Ha sido sucesivamente Letrado de la Administración Institucional de Servicios Socio-profesionales; Secretario de Magistratura de Trabajo (por oposición); Agente del Reino de España ante los órganos europeos e internacionales de Derechos Humanos; Juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y Magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

CONFERENCIA DE PRENSA COMPLETA

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AL GOBIERNO LE QUEDÓ ATRAGANTADA LA LEY DE EXTRANJERIZACIÓN DE LA TIERRA

Por PPV

En el día de ayer, jueves 16 de julio, el gobierno de Javier Milei se quedó con las ganas de que el Senado convierta en ley el proyecto de Inviolabilidad de Tierras.

Con 62 votos afirmativos la Cámara Alta postergó el tratamiento que habilita la venta indiscriminada de tierras a extranjeros para el 6 de agosto. Nada es casual, esto sucedió dos días después que la Selección Argentina eliminara del Mundial de Fútbol 2026 a Inglaterra y los jugadores desplegaran, al finalizar el partido, una bandera en el campo de juego con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”.

Matías Oberlín, investigador del CONICET en historia de temáticas vinculadas fundamentalmente a los alcances y límites de las reformas agrarias en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX y particularmente enfocado al área centroamericana, conversó con la Radio de las Madres sobre lo que implicaría la sanción de esa ley.

Esta ley implica “la venta sin límites de nuestras provincias, sus bienes naturales y estratégicos a capitales transnacionales privados”, explicó a María Quintero y Nuria Mendizabal en “Un buen comienzo”.

«Las tierras de frontera son muy codiciadas por grupos dedicados a actividades delictivas como el narcotráfico o la trata de personas. Extranjerizarlas facilita que compren tierras de los dos lados y burlen los controles”, subrayó Oberlín a la AM 530.

Matías Oberlín también instó a movilizarse: “La sociedad logró instalar el tema y creo que hay que organizar una gran marcha para el 6 de agosto porque este es un tema muy sensible”.

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MIENTRAS ASPIRAMOS A LA CUARTA ESTRELLA, MILEI SUBASTA A LA ARGENTINA

Por PPV

Mientras que todo un país está pendiente del partido mundialista entre Argentina e Inglaterra y del resultado de España-Francia, el territorio argentino se juega otro partido que, lejos de un festejo, traerá graves consecuencias para sus habitantes: el tratamiento en el Senado del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Este proyecto, que se debatirá el próximo 16 de julio y que convierte al país en una subasta, lo presentó el gobierno de Javier Milei como parte de su agenda de desregulación.

El acuerdo, que fue alcanzado durante la reunión encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, junto a los presidentes de los distintos bloques parlamentarios, esconde nada más y nada menos que la derogación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras que pone un límite a los intereses extranjeros quienes no pueden tener más del 15% de las tierras rurales en el país. Asimismo, protege ríos, acuíferos y bosques nativos. De aprobarse el proyecto, ya no existirá límite de adquisición alguno y los capitales extranjeros podrán apropiarse de nuestro territorio sin inconvenientes, a la vez que modifica el régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojo, la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y la legislación sobre manejo del fuego.

El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, promovido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue dictaminado el pasado 20 de mayo, pero desde entonces sufrió una importante cantidad de modificaciones. Pese a los cambios y las diferentes versiones se decidió que el proyecto no vuelva a comisión y se lleve, directamente, para debatir en la Cámara Alta.

Entre las modificaciones ya conocidas figura la eliminación del capítulo referido al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Entrevistada por María Quintero para la Radio de las Madres, la senadora por Río Negro, Ana Marks sostuvo que «Nos quieren volver a convertir en colonia» y advirtió que «Una vez que la tierra con recursos estrategicos se vende, es muy difícil después la vuelta atrás».

Por tanto, no olvidemos que, con cada grito de gol, el Gobierno Nacional entrega nuestra soberanía.

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EL DIPUTADO MARINO DENUNCIÓ JUDICIALMENTE A MILEI POR EL INGRESO DE TROPAS DE EE.UU SIN EL AVAL DEL CONGRESO

PPV

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) impulsó una denuncia contra el presidente Javier Milei tras haber autorizado por decreto el ingreso de tropas estadounidenses al territorio nacional, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y por traición a la Patria.

La misma se sostiene por haber evitado la intervención obligatoria del Congreso, tal lo establecido por la Constitución y haber habilitado desde el Ejecutivo la realización de los operativos militares conjuntos denominados “Daga Atlántica” y “PASSEX”.

En este sentido, nuestra Carta Magna establece en el artículo 75, inciso 28 que es facultad exclusiva del Congreso permitir o no la entrada de tropas extranjeras, así como la Ley 25.880 prohíbe expresamente que este tipo de autorizaciones se realicen mediante decretos de necesidad y urgencia.

Sin embargo, Javier Mieli, quien gobierna de espaldas a la ley, firmó el DNU 264/2026 que validó la presencia en el país de más de 350 efectivos estadounidenses por el plazo de 42 días.

La acusación presentada ante la Justicia Federal, y que alcanza también al ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al ministro de Defensa Carlos Presti, al canciller Pablo Quirno y al ex secretario de Comunicación Javier Lanari, señala que la decisión del gobierno de Javier Milei representa una «subordinación a la estrategia militar de Donald Trump».

Patrocinado por el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, la denuncia encuadra la conducta oficial en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la Patria, además de advertir sobre la posible revelación de secretos militares.

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