Valeria Carreras en la Radio de las Madres sobre el juicio por el hundimiento del ARA San Juan

“ESTÁ LA ESPERANZA DE UN FALLO JUSTO A PESAR DE LAS PRESIONES DE LA ARMADA”

Por PPV

Valeria Carreras, abogada querellante por familiares de tripulantes del ARA San Juan conversó con María Quintero en “Un buen comienzo”, el programa de la primera mañana de la AM 530.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz avanza hacia la definición del caso por la muerte de 44 tripulantes. Este lunes alegan las defensas y el fallo podría anticiparse al miércoles.

En este sentido, Carreras señaló en la Radio de las Madres “He visto una campaña muy fuerte para presionar a los jueces, en un diario nacional se les advertía que en la Armada había mucho disconformismo, y que un fallo en contra podría hacer que nadie quisiera tomar responsabilidades. Es una barbaridad. Se busca justicia”. 

Y agregó luego, “Hay 44 personas que murieron, sus familias quedaron destrozadas. Lo importante es que se haga justicia. Hay esperanza de que así sea”.

Por último, se refirió al espionaje que durante el macrismo se realizó a familiares de víctimas del ARA San Juan: “Esto está comprobado. Siguieron a madres, esposas y hermanas de víctimas. Hubo infiltrados entre los familiares. Está demostrado, nadie puede decir que no haya pasado. Después, Comodoro Py decidió cerrar la causa. Reconoció que hubo espionaje, pero dijeron que esas mujeres eran peligrosas para la seguridad de Macri. Una vergüenza”, afirmó a Somos Radio.

“Decidimos ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no puede ser lo que pasó. Se hicieron tareas de inteligencia sin orden de un juez, sin demostrar nada de las mujeres a las que escucharon. Uno de los jueces que falló a favor de Macri jugaba con él al paddle”, cerró.

El proceso comenzó el pasado 3 de marzo en la ciudad de Río Gallegos y ya van por la audiencia número 30. Hoy, lunes 6 de julio, fue el turno de los alegatos de las defensas. De esta manera, el Tribunal estará en condiciones de anticipar su fallo el próximo miércoles 8.

El debate judicial busca determinar si existieron responsabilidades penales de exoficiales de la Armada Argentina en relación con el estado operativo del submarino y su última misión.

El hundimiento del ARA San Juan ocurrió el 15 de noviembre de 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri, y como consecuencia 44 tripulantes perdieron la vida trágicamente. Este hecho fue objeto de múltiples investigaciones y controversias en Argentina.

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Consejeros de la Magistratura de la nación presentaron el informe institucional sobre las condiciones de detención arbitrarias y discriminatorias de Cristina Fernández de Kirchner

TAILHADE: “CADA VEZ ESTOY MÁS CONVENCIDO DE QUE EL VERDADERO NEGOCIO DEL PODER ERA QUE LA BALA SALIERA”

Por PPV

En la tarde de ayer, lunes 8 de junio, los consejeros Rodolfo Tailhade, César Grau, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti expusieron, en el Salón Azul de la Facultad de Derecho los resultados del informe sobre las condiciones de detención domiciliaria de personas condenadas por delitos federales. A partir de la información obtenida mediante los pedidos de Acceso a la Información Pública Nros. 2/2026, 3/2026 y 4/2026 del Consejo de la Magistratura de la Nación, arribaron a una conclusión contundente: Cristina Fernández de Kirchner cumple su prisión domiciliaria bajo condiciones más restrictivas que las impuestas a condenados por delitos de lesa humanidad y narcotráfico.

Los resultados presentados evidencian que Cristina Fernández de Kirchner se encuentra sometida a condiciones de detención más restrictivas que las aplicadas a personas condenadas por delitos de extrema gravedad. Los expositores coincidieron en señalar que estas medidas no responden a criterios jurídicos objetivos, sino a una decisión política orientada a limitar su actividad pública, condicionar a la dirigencia política y obstaculizar la reorganización del campo nacional y popular.

El informe da cuenta, por ejemplo, de que más de la mitad de las personas detenidas por delitos de lesa humanidad en nuestro país no utilizan tobillera electrónica y reciben visitas sin restricciones en sus domicilios.

En ese marco, el diputado nacional y consejero Rodolfo Tailhade sostuvo: “Cada vez estoy más convencido de que el verdadero negocio del poder era que la bala saliera. Porque no alcanza con una condena, no alcanza con la cárcel, con la proscripción, la tobillera o la restricción de visitas. Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la dirigenta más importante de nuestro país. Incluso las encuestas que publican los medios más hostiles la muestran con la mejor imagen”. 

A su turno, la consejera Vanesa Siley presentó datos que demuestran el carácter arbitrario y discriminatorio de las condiciones de detención impuestas a Cristina Fernández de Kirchner. Siley señaló que, en la Ciudad de Buenos Aires, existen seis personas detenidas por asociación ilícita y ninguna de ellas tiene restricciones en materia de visitas. Asimismo, indicó que, entre las personas privadas de libertad por delitos vinculados al ejercicio de la función pública, Cristina es la única sometida a limitaciones para recibir visitas.

“Incluso si excluimos delitos graves como narcotráfico, trata de personas o lesa humanidad, Cristina sigue siendo la única persona detenida sometida a restricciones excepcionales. Es la única que enfrenta limitaciones en las visitas, controles para desplazarse dentro de su propio domicilio y el uso de tobillera electrónica”, expresó.

La consejera también vinculó la situación de la expresidenta con una larga tradición de persecución contra líderes populares. “A los dirigentes que representan los intereses de las mayorías no se les gana por la vía democrática. Los formalismos institucionales permanecen, pero las garantías fundamentales son vulneradas. A Cristina la juzgaron dos veces por los mismos hechos, no se respetó el principio de inocencia ni el derecho a ser juzgada por magistrados imparciales”, concluyó.

Por su parte, el senador Mariano Recalde afirmó: “Cristina es una presa política. Sufre una persecución política con dos objetivos claros: disciplinar a la dirigencia política para que no se anime a transformar la realidad e impedir la reorganización del pueblo. El informe demuestra que esta decisión no tiene fundamentos jurídicos ni responde a criterios de justicia; es una decisión política destinada a impedir que Cristina reorganice al peronismo y continúe haciendo política”. 

A su turno, César Grau trazó paralelismos históricos entre Hipólito Yrigoyen y Cristina Fernández de Kirchner, señalando cómo distintos procesos políticos y judiciales buscaron perseguir y condicionar a líderes populares en beneficio de grupos económicos concentrados, tanto nacionales como extranjeros.

Finalmente, la senadora Anabel Fernández Sagasti cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial argentino, señaló a la actual Corte Suprema de Justicia como uno de los principales problemas institucionales y expresó: “La pregunta que tenemos que hacernos quienes abrazamos el derecho es si el derecho es una herramienta de liberación o un garrote corporativo. Tenemos que construir un diagnóstico para saber qué vamos a hacer. La administración de justicia en la Argentina no existe más. Estamos en presencia de bandas que se están disputando el Poder Judicial en la Argentina”.

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Rodolfo Tailhade en la Radio de las Madres

«ROSATTI GARANTIZÓ LA IMPUNIDAD DE CAPUCHETTI. UNA RUNFLA QUE VIENE OPERANDO HACE 10 AÑOS»

Por PPV

El diputado Nacional por Unión por la Patria, Rodolfo Tailhade conversó con “Un buen comienzo” por la AM 530 sobre la decisión del Consejo de la Magistratura de cerrar la investigación contra la jueza Capuchetti por haber destruido el teléfono de Sabag Montiel.

En referencia a esta última, su vínculo con la Corte Suprema de (in) Justicia señaló que en el último plenario del Consejo de la Magistratura “se trató la situación de Capuchetti, la jueza que no investigó el intento de magnicidio de Cristina”.

E ironizó al respecto “se le cuestiona qué pasó con el teléfono de Sabag Montiel, que estuvo en el despacho de la jueza y apareció roto. Nadie sabe qué pasó con el teléfono que misteriosamente se reseteó”.

Y preguntó luego en conversación con Nicolás Mársico y María Quintero “que a la jueza se le pierda la principal prueba del intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación en ejercicio es grave ¿no?”.

“Con los votos de los jueces y del juez de la Corte Suprema Rosatti se garantizó la impunidad de Capuchetti”, explicó luego para advertir que “se vuelven a garantizar impunidad entre ellos. Toda una runfla que viene operando hace 10 años”.

Ya en su cuenta de X había posteado el diputado que “Los jueces y sus cómplices protegieron no sólo a la jueza, sino también a los financistas e ideólogos del magnicidio, que podían ser identificados si Capuchetti hubiese resguardado adecuadamente la prueba. Tómense media hora y vean mi intervención desenmascarando a toda esta canalla. Les va a servir para entender cómo sigue activa la mafia.”

IMPUNIDAD PARA CAPUCHETTI, LAWFARE PARA CRISTINA
Hoy en el Consejo de la Magistratura cerraron la investigación contra la jueza Capuchetti por haber destruido el teléfono de Sabag Montiel. Los jueces y sus cómplices protegieron no sólo a la jueza, sino también a los financistas e… pic.twitter.com/2UE9Ulwjjl

— Rodolfo Tailhade ⭐️⭐️⭐️ (@rodotailhade) April 15, 2026

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El juez Raúl Horacio Ojeda que dictó la cautelar contra la Reforma Laboral en Somos Radio

«LA CONSTITUCIÓN NACIONAL PARECE SER UN LIBRO OLVIDADO, CUANDO ES NUESTRA MÁXIMA GUÍA»

Por PPV

El juez que otorgó la cautelar a la CGT contra 82 artículos de la Reforma Laboral, Raúl Horacio Ojeda, conversó, en la mañana de hoy, con la Radio de las Madres.

En conversación con “Un buen comienzo” el juez señaló que falló según dispone la Constitución Nacional la que “parece ser un libro olvidado, cuando es nuestra máxima guía”. 

También se refirió a la función de lxs legisladorxs, al respecto subrayó que “el legislador no tiene las manos libres para hacer lo que quiera” y que, en ese sentido “debe respetar la Constitución Nacional”. Ellos “pueden sancionar las leyes que pueden, pero nosotros tenemos que controlar que esté de acuerdo a la Constitución. Esto tiene que tranquilizar a la ciudadanía, siempre habrá un juez que investigue si eso está bien o está mal”. 

Si bien le dieron al gobierno 5 días hábiles para que presenten la apelación, Ojeda sostuvo que el fallo lo que busca es proteger “a los trabajadores” y dar “seguridad jurídica a las empresas”.

En cuanto a si la apelación del gobierno puede dejar sin efecto la cautelar, el juez Ojeda aclaró a María Quintero en la AM 530 que la cautelar continúa vigente hasta que resulte revocada.

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