Milei, Caputo y Bausilli responsables de la pérdida de USD1.023 millones

¿QUIEEEEN SE HA ROBADO TODO EL ORO?

Por PPV

Ayer, jueves 8 de octubre, la Auditoría General de la Nación (AGN) informó que la auditoría de los estados contables del Banco Central de la República Argentina (BCRA) hasta el 31 de diciembre de 2025 reveló errores en el cálculo del oro que, por decisión de Javier Milei, Luis “Toto” Caputo y Santiago Bausilli trasladaron al exterior, le generó una pérdida al país de USD 1.023 millones. 

Así lo confirmó a El Destape, el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos “durante el 2025 el BCRA realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró el cálculo y perdió USD 1.023 millones, según surge de las registraciones contables». 

Y agregó: «Desde que se auditan los Estados Contables del BCRA, nunca se había utilizado esta magnitud de reservas físicas (oro) para transacciones de riesgo, como las mencionadas operaciones de derivados que han generado una pérdida de más de USD 1.000 millones para la entidad». 

En un comienzo, se informó que, las reservas adquiridas por Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont, habían dado una ganancia patrimonial de $ 8 billones lo cual se explicaba por la suba internacional del precio del oro. En este sentido Olmos aclaró que “Una cosa es la revaluación del activo, que es meramente contable, y otra cosa es el resultado de la operatoria realizada con el oro subyacente”. Esto se debe a que las ganancias y pérdidas que arrojó el mismo balance fue producto de dos tipos de operaciones diferentes.

En concreto, la pérdida ascendió hasta los $1,5 billones, equivalente a US$ 1.023 millones, compuesta por US$ 960 millones del resultado negativo de las operaciones y US$ 62,8 millones correspondientes a primas de opciones.

Así lo expresó Olmos “de acuerdo con los estados contables, el resultado de estas operaciones arrojó una pérdida de 1.5 billones de pesos (equivalentes a USD 1.023 millones), que se pagó con divisas». Y remarcó que «al cierre del ejercicio auditado ya no existían posiciones u operaciones abiertas por este concepto». 

El senador por la Pampa del bloque Unión por la Patria, se expresó apenas conocido el informe y señaló en su cuenta de X que “Mientras millones de argentinos hacen malabares para llegar a fin de mes, los jubilados pierden poder adquisitivo y las familias se endeudan para cubrir necesidades básicas, el Banco Central enfrenta cuestionamientos por pérdidas millonarias en operaciones con el oro de nuestras reservas. El Gobierno de Milei le exige sacrificios a la sociedad, pero ahora debe explicar qué pasó con esos recursos que pertenecen a todos los argentinos”.

¡MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES PERDIDOS CON EL ORO DE LOS ARGENTINOS! Mientras millones de argentinos hacen malabares para llegar a fin de mes, los jubilados pierden poder adquisitivo y las familias se endeudan para cubrir necesidades básicas, el Banco Central enfrenta cuestionamientos por pérdidas millonarias en operaciones con el oro de nuestras reservas. El Gobierno de Milei le exige sacrificios a la sociedad, pero ahora debe explicar qué pasó con esos recursos que pertenecen a todos los argentinos. https://t.co/n9PFsJKMG8

— Daniel Pablo Bensusán (@palibensusan) October 8, 2026

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UNA PROPUESTA FEDERAL FRENTE AL AJUSTE DE MILEI: JUSTICIA FISCAL CON EQUILIBRIO SOCIAL

Por PPV

El diputado Nacional y referente de La Cámpora, Máximo Kirchner impulsa la creación de una herramienta de recaudación en beneficio de las provincias y los sectores más ajustados de la Argentina.

Con ese objetivo, el diputado presentó un proyecto de ley para crear una herramienta de recaudación que permitiría obtener recursos para las provincias y los municipios, y tener asignaciones específicas para salud, discapacidad, educación, jubilaciones, pensiones, medicamentos y atención de PAMI.

“Los últimos años, sostiene la presentación del proyecto, evidencian una caída acumulada y continua en las transferencias a las provincias, y en el último Presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo se profundizan los recortes en todo el territorio nacional.  Entre 2023 y 2025 el ajuste tuvo un marcado impacto federal, las transferencias automáticas de la Nación a las provincias y municipios se redujeron un 8,4% en términos reales, mientras que las no automáticas —que comprenden buena parte de los recursos destinados a obra pública, programas, convenios y asistencia territorial— cayeron un 72,8%.

Esto impactó en todas las jurisdicciones reduciendo la capacidad de los gobiernos provinciales y municipales para sostener infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, vial y de vivienda. Al mismo tiempo se consolidan regímenes de estabilidad fiscal, reducciones tributarias e incentivos extraordinarios para grandes patrimonios y grandes inversiones, lo que deriva en una asimetría profunda: los beneficios se concentran en quienes más tienen y el ajuste se federaliza afectando políticas públicas esenciales”, explica el comunicado en detalle.

En este contexto, el diputado Máximo Kirchner presentó un proyecto que al igual que sucedió con el Aporte Solidario y Extraordinario (ASE) ofrece una alternativa para la obtención de recursos que se traduzcan y materialicen en financiamiento para el desarrollo nacional mejorando la vida de millones de argentinos y argentinas.

Se trata del Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC) que tiene por objeto gravar toda operación que implique la salida efectiva de capitales del país, ya sea en forma de divisas, valores negociables o activos virtuales, realizadas de manera directa o indirecta por los sujetos alcanzados. La finalidad es concentrarse en los flujos de capital especulativo y no en transacciones cotidianas o de bajo impacto, sin penalizar el consumo y la actividad productiva.

Como se explica en los fundamentos del proyecto “cada dólar, acción o activo digital que se traslada fuera del territorio nacional sin generar inversión, empleo ni valor agregado, representa una pérdida de capacidad soberana” por lo que el propósito del impuesto es establecer “un mecanismo compensatorio frente a las salidas de capital que deterioran las reservas internacionales, desfinancian al Estado y agravan la desigualdad estructural”.

Sobre la transferencia de capital al exterior se aplicará una alícuota del 3%; y cuando el destino es de baja o nula tributación se adiciona un 2%. Los sujetos alcanzados están definidos con un criterio amplio y funcional, abarcando a personas humanas, jurídicas, sucesiones indivisas, fideicomisos, trusts, fundaciones y demás estructuras análogas, tanto residentes como no residentes, junto con los responsables sustitutos designados para asegurar la percepción del impuesto.

El potencial de recaudación mínima estimado ronda los 2.89 billones de pesos, lo que equivale a diez veces lo enviado en 2025 a las provincias por transferencias de capital.

Pensado como una herramienta concreta de reparación social y justicia distributiva el proyecto contempla una asignación específica de lo recaudado con una perspectiva federal y priorizando a los sectores más afectados por el ajuste: el 60% para las provincias y municipios (obras de infraestructura sanitaria, educativa y hospitalaria, de vivienda y vial, y recomposición salarial en salud y educación); 10%  salud y discapacidad; 10% educación; 10% jubilaciones y pensiones; 10% medicamentos y atención médica de PAMI.

En la región hay experiencias similares, como el Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) en Brasil, que grava las operaciones financieras con muy buenos resultados.

El ITIC “no penaliza la inversión ni el comercio legítimo, sino que corrige asimetrías estructurales y resta rentabilidad al arbitraje financiero improductivo. En un escenario de creciente volatilidad global y digitalización financiera, el ITIC procura internalizar el costo social de la expatriación de recursos, asegurando que quienes canalizan su patrimonio fuera del país contribuyan solidariamente al sostenimiento del sistema económico que les permitió generarlo”. No se incluye la tenencia de dólares de los argentinos y argentinas; no grava el consumo, el ahorro interno y la inversión productiva; tampoco están incluidas las compras de bienes que ingresan regularmente al país (siempre que sean importaciones genuinas, documentadas y trazables); también quedan excluidas la compra de dólares, bonos, CEDEARs o fondos, (siempre que los activos permanezcan en Argentina).

No se trata de un impuesto al patrimonio, al consumo ni al trabajo. El ITIC grava la transferencia de capital al exterior. Por eso no alcanza los ahorros que permanecen en el país, las compras minoristas al exterior ni las importaciones registradas.

La dinámica de salida de capitales adquiere una dimensión aún más significativa cuando se la observa como contracara del ajuste fiscal y presupuestario aplicado durante los últimos años. El ITIC no castiga la inversión ni el trabajo, sino que corrige una injusticia estructural, haciendo que quienes más se benefician del sistema económico argentino contribuyan de manera proporcional a sostenerlo. En tiempos de ajuste y desigualdad, este instrumento representa un acto de reparación colectiva: la riqueza que se va del país deberá volver en forma de derechos, infraestructura y dignidad para el pueblo argentino.

El proyecto sintetiza un principio de justicia fiscal y soberanía económica largamente postergado en Argentina. Justicia social con equilibrio fiscal. 

¿Qué dimensión tendría esa recaudación frente al ajuste y qué podría financiar? 

Con la recaudación potencial 2026 de $2,89 billones, el 60% —unos $1,73 billones— se destina a provincias y municipios, de forma automática. El 40% restante se reparte en cuatro partidas de alrededor de $289.100 millones cada una:

▪️             10% — Salud y discapacidad.

▪️             10% — Educación.

▪️             10% — Jubilaciones y pensiones.

▪️             10% — Medicamentos y atención (PAMI).

Para dimensionar lo que significa cada partida: ese 10% equivale aproximadamente al 80% de lo que cuesta sostener el Garrahan y los hospitales nacionales; a lo que recibe en un año una universidad como la UTN, la UNLP o la UNC; a cerca del 68% de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); o a 2,4 veces lo que PAMI gasta por año en insumos médicos. Cada punto del ITIC financia algo concreto que hoy está bajo ajuste.

Es la contracara del ajuste. Frente a un Presupuesto 2027 que profundiza el recorte sobre provincias, universidades, salud y jubilaciones, el ITIC pone recursos exactamente donde el ajuste los quita. En 2025 el componente federal habría representado unas 10 veces las transferencias de capital que la Nación giró a las provincias.

Y no queda sólo en las provincias: la ley garantiza un piso del 30% para los municipios. En 2026 ese piso proyectado ronda los $520.000 millones que llegarían de forma directa a los gobiernos locales. Cada dólar que hoy se fuga sin generar empleo ni producción puede volver como hospitales, universidades, jubilaciones y obras en cada rincón del país.

Fuente: Presupuesto Abierto; OPC.

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LA PRIVATIZACIÓN DE TRANSENER: UN ESCÁNDALO DIFÍCIL DE OCULTAR

Por PPV

En su columna de Energía en Un buen comienzo por la Radio de las Madres, Nuria Mendizábal advirtió sobre el impacto de los aumentos tarifarios y cuestionó la privatización de Transener, la principal transportista de alta tensión del país. Al respecto y señaló que dicha operación implica una transferencia de recursos hacia grupos empresarios vinculados al oficialismo.

Mendizábal explicó que los incrementos en las tarifas de electricidad y gas se producen mientras los servicios públicos ya representan una porción significativa del gasto de los hogares y sostuvo que la política energética del Gobierno genera mayores costos de abastecimiento y, al mismo tiempo, garantiza ingresos crecientes para las empresas privadas. En ese marco, cuestionó el argumento oficial que atribuye el endeudamiento de las familias a una supuesta falta de «educación financiera» y consideró que se trata de una forma de presentar problemas sociales como responsabilidades individuales.

Respecto de Transener, señaló que el Estado puso en venta su participación del 26,32% en la compañía y cuestionó el proceso de licitación, durante el cual se registraron problemas en el sistema electrónico al momento de la presentación de las ofertas. Según explicó, el control quedó en manos de los hermanos Neuss, asociados con Edison Energía y Genneia, vinculada a Jorge Brito, por unos 356 millones de dólares gracias a la adjudicación que el Ministerio de Economía hiciera por US$ 356, 17 millones, es decir, el 50% de las acciones de Citelc que pertenecían a la empresa estatal Energía Argentina (ENARSA).

Mendizábal remarcó además que, poco después de concretarse la operación, el nuevo directorio aprobó la distribución de unos 254.000 millones de pesos entre los accionistas, monto equivalente a cerca de dos tercios del valor pagado por la compañía.

Para la especialista, el caso debe analizarse como parte de un proceso más amplio de concentración del sector energético, en el que grupos empresarios avanzan sobre activos estratégicos mientras reciben beneficios derivados de los aumentos tarifarios. «No estamos hablando de casos sueltos y aislados», sostuvo, y planteó que se trata de una política de transferencia de recursos que genera nuevos actores de poder económico con los que, en el futuro, el Estado deberá negociar para recuperar el control de empresas estratégicas como Transener.

¿Qué es Transener? 

Transener es la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., una empresa líder en el servicio público de transporte de energía eléctrica en extra alta tensión en la República Argentina.

Como operadora de la red nacional, está integrada por casi 12.400 kilómetros de líneas de transmisión a la que se le suma los 6.228 kilómetros de líneas que componen la red de su controlada, la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires Sociedad Anónima Transba S.A.

De este modo, constituye una compañía estratégica dentro del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), al transportar energía a través de miles de kilómetros de líneas de alta tensión en distintas regiones del país.

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REALIDAD MATA RELATO: CERRARON MÁS DE 30 MIL EMPRESAS DESDE EL 2023

Por PPV

Según el Monitor Mensual de Empresas de Fundar, elaborado sobre la base de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), desde que Javier Milei asumió la Presidencia, el 10 de diciembre de 2023, cerraron 30.633 empresas.

Así lo consigna Data Gremial que aclara que esta cifra no sólo corresponde al 6% del total de las firmas que existían al comenzar su gestión sino, que representa la peor caída registrada durante los primeros 30 meses de un gobierno desde 2003.

En este escenario de fuerte retroceso tres nuevas empresas se sumaron a este paisaje de persianas bajas como consecuencia de una política industricida: una fábrica con medio siglo de trayectoria que bajó sus persianas y dejó a 120 trabajadores sin empleo, y una empresa de indumentaria que ingresó en concurso preventivo con una deuda superior a los $7.000 millones. Se trata de IGT33 SA que despidió a todo su personal y Will Der que cerró sus plantas de Las Flores y de General Pacheco.

“Es un cierre definitivo, no hay vuelta atrás. Anoche el directorio decidió dejar de operar y decidieron no extender la agonía. Asumieron el compromiso de pago de la indemnización”, explicó Fabián Blainstein, Intendente de Las Flores en diálogo con FM Alpha de esa localidad.

La compañía, que llegó a tener más de 280 empleadxs trabajaba con clientes como Puma, Adidas, Salomon, Vans y Weis, además de la licencia de Jockey International.

En tanto la textil ITG33 operadora de las marcas Rever Pass y Be Rebel recurrió a la Justicia con un pasivo de más de $7.000 millones y pérdidas que se multiplicaron en un año.

Días atrás la histórica marca Peabody dejó de producir en Argentina y, luego de desmontar su planta de La Tablada, partido de La Matanza, redujo su dotación de 158 a 111 empleadxs en sólo 3 meses.

Estas tres empresas no hacen más que sumarse a la larga lista de víctimas de las políticas económicas de Javier Milei, Luis “Toto” Caputo y Federico Sturzenegger quienes diseñaron una prolija destrucción de la industria nacional en general y de la textil y calzado en particular.

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