COSECHARÁS TU SIEMBRA: LA CHINA RURAL TAMBIÉN COBRA ENTRADAS

Por Fernando Capotondo

A China le gusta apabullar con las estadísticas de su campo para explicar cómo un país con apenas el 9 por ciento de la tierra cultivable del planeta logra alimentar a casi una quinta parte de la humanidad. Al lado de la foto del último récord de 714,9 millones de toneladas de cereales – un volumen equivalente al de India, Estados Unidos y Brasil juntos -, ahora se suma una reconversión comercial que involucra a miles de establecimientos rurales, donde el negocio tradicional de las cosechas convive con un cobro de entradas inimaginable hace algunos años.

Con el nombre de agricultura del ocio, el modelo propone experiencias rurales para quienes crecieron rodeados de edificios y descubren que las verduras no nacen en la góndola del supermercado. No se trata de un público marginal. Hoy, el 67,9 por ciento de los chinos vive en áreas urbanas, una transformación demográfica que amplió la demanda por este tipo de escapadas a granjas que ofrecen alojamiento, gastronomía y cosechas abiertas al público.

Precisamente, con estos servicios arrancó otro negocio. En muchos casos, los ingresos dejaron de depender sólo de la comercialización de arroz, frutas o té para sumar a miles de turistas dispuestos a pagar por pasar unas horas en el campo. En 2024, el sector generó más de 132.000 millones de dólares y, según datos oficiales, alrededor de 587.000 explotaciones rurales ya participan de estas actividades en todo el país.

Aunque suene extraño para un país que parece haber inventado todo, la idea no nació en Beijing. Ya existían experiencias similares en Japón, Corea del Sur y varias naciones europeas. La diferencia, eso sí, fue que China hizo lo que ya demostró saber hacer: tomó una idea conocida y la convirtió en un fenómeno de escala nacional, en un contexto marcado por el envejecimiento demográfico y las profundas diferencias de desarrollo entre las ciudades costeras y las áreas más empobrecidas del interior.

El crecimiento de la agricultura del ocio coincide con la segunda fase de una estrategia de revitalización que impulsa el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales. Tras declarar erradicada la pobreza extrema en 2021 – una meta política de fuerte carga simbólica para el gobierno -, el objetivo oficial pasó a ser la consolidación de los avances alcanzados en el campo mediante el desarrollo de nuevas actividades económicas. En 2025, el ingreso disponible per cápita de la población rural alcanzó los 24.456 yuanes, registrando un alza del 6 por ciento respecto al año anterior.

Para Wu Liyun, profesora de la Universidad de Estudios Internacionales de Beijing, «el turismo puede devolverle habitantes al campo», en un entorno demográfico en el que dos de cada tres ciudadanos viven en ciudades. A su juicio, la llegada de visitantes favorece inversiones en infraestructura, genera empleo y crea incentivos para que parte de los jóvenes que emigraron a las ciudades regresen a emprender en sus lugares de origen. De este modo, el campo deja de vender solamente alimentos y ofrece tranquilidad, identidad local y una versión idealizada de la vida rural dirigida, sobre todo, a la clase media urbana.

Un ejemplo de este despliegue es el parque ecoturístico rural Rice-Fish Space, ubicado en la provincia de Sichuan, en el suroeste del país. Es un complejo de 70 hectáreas que combina arrozales con la cría de peces mediante un sistema de economía circular que permite ahorrar entre un 20 y un 30 por ciento de agua, además de reducir en más de un 40 por ciento el uso de fertilizantes químicos. “Pasamos de ‘vender arroz’ a ‘vender paisajes’”, resume el responsable del lugar, Zhao Jianwen, en un informe de Xinhua.

A esta reconversión visual se suma una curiosidad tecnológica: en muchas regiones, las cosechas ya no se detienen al caer el sol y continúan durante las 24 horas gracias al uso de drones equipados con sistemas de iluminación de alta potencia. Esta dinámica de trabajo nocturno se ha convertido en otra atracción de los establecimientos rurales, donde los turistas observan desde los miradores cómo los campos brillan bajo el vuelo de los dispositivos.

Cada región encontró su propia manera de facturar. En los alrededores de Beijing y Shanghái, el negocio tomó la forma de granjas de fin de semana para que los hijos de los ejecutivos conozcan la tierra; en el sur tropical de Yunnan, las plantaciones de té se reciclaron en hoteles de diseño con talleres de degustación ancestral, mientras que en las provincias interiores como Guizhou, son las terrazas de cultivos tradicionales y las minorías étnicas las que se convirtieron en el decorado de fondo de una industria que comercializa autenticidad empaquetada.

La nostalgia rural sola no alcanza para explicar el negocio. El turismo interno chino buscó válvulas de escape tras la pandemia y millones de habitantes de las grandes ciudades optaron por escapadas breves de corta distancia. La masiva mejora de la infraestructura vial y ferroviaria facilitó esos desplazamientos, abriendo oportunidades para localidades que hasta hace pocos años dependían exclusivamente de la agricultura de subsistencia.

A pesar de lo logrado, el modelo difícilmente pueda tapar las grietas estructurales del agro chino, como la pérdida de suelo cultivable frente al asfalto. Al respecto, el sociólogo Ye Jingzhong, decano de desarrollo rural en la Universidad Agrícola de China, advierte de manera crítica sobre los riesgos de esta transformación, señalando que «el desarrollo rural está dominado por la lógica urbana, que trata al campo como un mero espacio de consumo». Para el especialista, esta expansión genera una dependencia riesgosa de una demanda externa y corre el riesgo de convertir aldeas históricas en parques temáticos donde la identidad real se subordine a la rentabilidad.

En un país habituado a la producción en masa, el campo encontró una segunda cosecha. Esta vez no viaja en un tren cargado de granos. Llega en un automóvil eléctrico, se comparte en Douyin (la versión china de TikTok) y vuelve a la ciudad con una bolsa de verduras bajo el brazo. Es una experiencia que el supermercado nunca podría vender.

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EL EXPERIMENTO VIRAL DE LOS ROBOTS EN CHINA

Por Fernando Capotondo

Un robot deberá enhebrar una aguja en menos de dos segundos, otro abrir una botella sin romperla y un tercero participará en un simulacro de extinción de incendios. Estas serán algunas de las pruebas que tendrán lugar en Beijing durante los Juegos Mundiales de Robots Humanoides 2026, un evento que, si bien es deportivo, mostrará al mundo las posibilidades de aplicación cotidiana de los últimos avances de la industria robótica china.

Más del 40% de las pruebas integrarán un segmento especial llamado “Competencias en escenarios reales”, que estará orientado a actividades de la vida diaria y a tareas de motricidad fina. Detrás de la exhibición, se renovará uno de los interrogantes que sigue interpelando el debate tecnológico mundial: ¿qué país logrará entrenar mejor a sus robots?

China cree saber dónde se juega la respuesta. En cierto modo, Beijing pretenderá utilizar los juegos como la vidriera de una transformación global en la que corre con ventaja, según admiten analistas como Zornitsa Todorova, del influyente banco británico de inversión Barclays. “La década de la robótica pertenece a China”, resumió la especialista al poner en la balanza una serie de indicadores de la Federación Internacional de Robótica (IFR).

Según las comparaciones de la IFR, China instaló unos 295.000 robots industriales durante 2024, mientras Estados Unidos incorporó poco más de 34.000, al tiempo que el parque operativo chino superó los dos millones de unidades, frente al estadounidense que rondó los 394.000.

Las diferencias fueron tan amplias que el debate excedió la competencia entre empresas y desató una virtual polémica sobre la capacidad de Estados Unidos para acortar la distancia con China, en un sector considerado estratégico por Donald Trump.

Informes de Barclays y de la consultora estadounidense IDC coincidieron que durante 2025 se desplegaron alrededor de 15.000 robots humanoides en todo el mundo, de los cuales cerca del 85 por ciento fueron suministrados por empresas chinas.

En cuanto a la innovación, la Oficina Europea de Patentes (EPO) señaló que alrededor del 70 por ciento de las patentes mundiales de robótica registradas desde 2000 tuvieron origen chino. Solo en 2023, el país asiático presentó más de 30.000 solicitudes, según datos del China Daily.

A eso se sumó que China controla alrededor del 90 por ciento de la capacidad mundial de refinado de tierras raras, minerales fundamentales para la robótica y otras industrias de alta tecnología, según la Agencia Internacional de Energía (IEA). “Se ha vuelto casi imposible construir un robot humanoide sin piezas de empresas chinas”, admitió Ming Hsun Lee, director para la Gran China en Bofa Global Research, una unidad del Bank of America, en The New York Times.

Pero los números de fabricación no explican, ni justifican, todo. Desde Beijing advierten que la verdadera ventaja china quizás sea su capacidad de disponer de cientos de millones de personas que, todos los días, interactúan con robots y aportan un enorme caudal de información para entrenarlos.

Laboratorio cotidiano 

En efecto, cada robot que recibe a un cliente, reparte comida o guía pacientes dentro de un hospital está haciendo algo más que cumplir una tarea para la que fue programado. También está aprendiendo en tiempo real, en una convivencia entre humanos y máquinas que viene ocurriendo desde hace más de dos décadas en países como EE.UU. y Japón, pero que hoy tiene otras dimensiones en China.

Lo que distingue al país asiático es su gigantesca escala. Con una población urbana de aproximadamente 940 millones de personas, más de 10.000 empresas compitiendo en el sector y una política industrial orientada a acelerar la robotización, China dispone de un campo de pruebas difícil de replicar en cualquier otro rincón del mundo.

Un artículo publicado por China Daily relató la experiencia de una niña que se asustó frente a un robot humanoide instalado en un comercio, pero pocos meses después lo buscaba para jugar cada vez que visitaba el lugar. El ejemplo ilustra algo que empieza a repetirse: los robots dejaron de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en parte del paisaje urbano. Para las empresas, esa presencia tiene un valor estratégico porque cada interacción con usuarios reales genera información que luego sirve para corregir errores, ajustar algoritmos y mejorar el desempeño de las máquinas.

Frente al natural entusiasmo que genera este proceso en la industria, la socióloga del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Sherry Turkle, advirtió que «estamos diseñando tecnologías que nos darán la ilusión de compañía, pero sin las exigencias de la amistad». Para la investigadora, la cuestión ya no es qué pueden hacer los robots, sino qué tipo de vínculos comenzarán a reemplazar.

Esta naturalización de la robótica se viene expresando con fuerza en el ámbito educativo chino, donde 43 universidades lanzaron este año 100 nuevos programas de estudio. “Si China pretende liderar la próxima generación de robots, también necesita formar a los ingenieros, programadores y técnicos encargados de diseñarlos, fabricarlos y perfeccionarlos”, planteó el vicepresidente del Instituto de Investigación de Tecnología y Estrategia (TSRI), Chen Jing.

En esa misma dirección avanzó un nuevo marco regulatorio de 17 medidas, anunciado hace días por el Ministerio de Comercio, para acelerar la llegada de millones de robots a hogares, industrias y comercios. Quizás, otra de las preguntas del millón sea qué impacto tendrán en un país donde el desempleo juvenil es uno de los temas a resolver.

La frontera de Shenzhen 

Basta mirar Shenzhen para entender de qué hablamos cuando apuntamos a la escala china. La ciudad produjo cerca de ocho millones de robots durante 2025, a un ritmo difícil de igualar en EE.UU. o Europa. Al mismo tiempo, la Corporación Estatal de la Red Eléctrica ejecutó un plan de 1.000 millones de dólares para desplegar 8.500 robots en el mantenimiento de líneas de alta tensión, mientras investigadores de la Academia de Ciencias de China desarrollaron un sistema capaz de realizar inyecciones intraoculares con un 100% de éxito en pruebas con animales.

Los analistas de mercado de Barclays estimaron que China podría desplegar unos 11 millones de robots humanoides por año hacia 2035, frente a un total global que llegaría a cerca de 13 millones. El cálculo parece propio de la ciencia ficción. Sin embargo, hace apenas dos décadas también parecía improbable que China dominara los mercados de los paneles solares, las baterías para vehículos eléctricos o la producción mundial de drones.

A pesar de estos datos, es justo señalar que no todos comparten el mismo entusiasmo. El economista Daron Acemoglu, premio Nobel de Economía 2024 y profesor del MIT, advirtió que puede ser peligroso privilegiar el optimismo tecnológico sobre los resultados económicos. «Estamos usando la IA demasiado para automatizar y no lo suficiente para aportar conocimientos e información a los trabajadores», afirmó. La observación apuntó a una duda que todavía sobrevuela: si los robots humanoides terminarán generando ganancias de productividad suficientes para justificar las millonarias inversiones que hoy requieren.

En este contexto, nadie sabe todavía si los robots humanoides terminarán siendo tan revolucionarios como lo fueron internet y los teléfonos inteligentes. Pero la industria ya se comporta como si la respuesta fuera afirmativa.

Cuando los Juegos Mundiales de Robots Humanoides comiencen a finales de agosto en Beijing, buena parte de la atención estará puesta en el medio centenar de pruebas que se realicen en el estadio «Ice Ribbon» y otros escenarios. Pero la verdadera competencia china transcurrirá en otro lado. Estará en las fábricas, hospitales, comercios, universidades y hogares de todo el país, donde cientos de millones de personas ya participan, muchas veces sin advertirlo, en el entrenamiento de la próxima generación de robots.

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MANOS A LA OBRA: CHINA SE ORDENA Y DESAFÍA A OCCIDENTE

Por Fernando Capotondo

Cada vez que una constructora china mueve una excavadora para levantar un puerto, una represa eléctrica o un complejo industrial en algún rincón del Sur Global, el guión suele repetirse como un mantra. Para algunos países, atrapados en el eterno dilema del déficit de infraestructura y la falta de financiamiento, la oferta china aparece como uno de los pocos pasajes disponibles para subirse al tren del desarrollo. Para otros, esas mismas obras despiertan no pocos interrogantes sobre dependencia tecnológica, seguridad nacional y alineamientos políticos. En ese terreno sinuoso, el debate rara vez permanece dentro de los límites de la economía.

Las autoridades chinas conocen bien el escenario. Por eso, más allá de las controversias puntuales que acompañan algunas de sus obras de infraestructura en el mundo, el próximo 1 de julio pondrán en marcha el nuevo Reglamento del Consejo de Estado sobre Inversiones en el Extranjero, una norma que establecerá por primera vez un sistema unificado de supervisión, instalando un virtual chip de seguimiento a las más de 50.000 empresas chinas que operan en 190 naciones, según los cálculos oficiales.

El nuevo esquema incorpora procedimientos de registro, obligaciones de reporte y mecanismos de control. También contempla evaluaciones sobre riesgos políticos, financieros y de seguridad, una señal de que las autoridades buscan ejercer una vigilancia mucho más estrecha sobre una red empresarial que durante años creció a una velocidad difícil de seguir, incluso para los organismos encargados de supervisarla.

La necesidad del reglamento responde a la maduración de un proceso histórico que comenzó con las políticas de Reforma y Apertura, de comienzos de los ochenta, y se aceleró una década después con la denominada Estrategia de Salida al Exterior. Así fue como la “fábrica del mundo” pasó de exportar únicamente manufacturas a convertirse en un actor decisivo en el financiamiento internacional y el desarrollo de infraestructuras estratégicas. Tal como ocurre hoy, lo que para numerosos gobiernos representó una oportunidad de crecimiento, otros lo observaron como una posible fuente de dependencia económica o influencia política.

Los números ayudan a dimensionar la actual transformación. Según el Boletín Estadístico de la Inversión Extranjera Directa de China 2024, las compañías instaladas fuera del país generaron ingresos por 3,6 billones de dólares, pagaron 82.100 millones en impuestos en los mercados donde operan, y emplearon a 5,02 millones de personas, en su mayoría trabajadores locales.

Frente a una presencia cada vez más visible en regiones tradicionalmente vinculadas a Occidente, se multiplicaron los cuestionamientos políticos y mediáticos centrados en la seguridad nacional. Donald Trump convirtió esas sospechas en uno de los pilares de su estrategia hacia China. Bajo esa mirada, cada inversión china parecía venir con una segunda intención oculta: un puerto podía transformarse en un centro logístico encubierto, una red tecnológica en una invitación al espionaje y una base aeroespacial en el capítulo inicial de una saga geopolítica más ambiciosa.

Los críticos de Beijing sostienen que el problema no radica únicamente en el origen de los capitales, sino en la creciente presencia de empresas estrechamente vinculadas al Estado chino en sectores considerados sensibles. Puertos, redes energéticas, centros de datos o corredores logísticos suelen aparecer en el centro de esas preocupaciones. Investigadores como Jonathan Hillman, del Center for Strategic and International Studies (CSIS), advierten que determinadas infraestructuras pueden generar dependencias difíciles de revertir y convertirse en instrumentos de influencia geopolítica de largo plazo.

Beijing rechaza esas interpretaciones. El gobierno sostiene que algunas restricciones que enfrentan sus empresas responden a criterios políticos discriminatorios antes que a evaluaciones técnicas homogéneas. Desde esa perspectiva, muchas de esas controversias exceden largamente las discusiones sobre seguridad o economía.

Es allí donde, en ocasiones, aparece Taiwán.

Según la postura china, algunas críticas a determinadas inversiones suelen convivir con discursos políticos favorables a un mayor acercamiento hacia la isla, una asociación que Beijing considera parte de una disputa más amplia por influencia y reconocimiento internacional.

La controversia parece lejos de resolverse. La respuesta oficial de Beijing es la de siempre: el principio de una sola China constituye una línea roja innegociable y, desde esa posición, ningún país puede mantener relaciones oficiales simultáneas con la República Popular China y las autoridades taiwanesas, independientemente de la forma que adopten esos vínculos.

Académicos como Austin Jordan, investigador del Fairbank Center de Harvard, suelen advertir sobre el peligro intelectual de evaluar los proyectos exclusivamente por el origen nacional de quienes los financian. A su juicio, cualquier iniciativa de gran escala combina éxitos, errores y resultados dispares, por lo que las generalizaciones suelen ocultar más de lo que explican.

Sin embargo, en Beijing parecen haber perdido la paciencia con los debates académicos. Consideran que la discusión podrá seguir en Harvard, pero la respuesta llegará desde el “Boletín Oficial” chino, con los detalles políticos que suelen incluir este tipo de normas técnicas.

En efecto, los artículos 24 y 25 del nuevo reglamento institucionalizan un mecanismo de contramedidas que funciona como un virtual botón de pánico legal: si un gobierno decide rescindir un contrato estratégico alegando razones de seguridad que China considera injustificadas, la normativa habilita respuestas económicas y regulatorias amparadas en la legislación china. El que avisa no traiciona, reza un antiguo refrán popular.

Pero el reglamento no mira solamente hacia afuera. También busca ordenar la propia casa.

China busca evitar que empresas con estándares deficientes, prácticas irregulares o problemas de cumplimiento normativo terminen dañando la reputación internacional construida durante décadas. Para ello, el reglamento incorpora controles más estrictos sobre el movimiento transfronterizo de datos, refuerza los mecanismos de supervisión y establece sanciones para quienes oculten información o presenten documentación falsa. Las multas pueden oscilar entre el 0,5% y el 1% del monto invertido, mientras que determinadas infracciones podrían impedir nuevas operaciones durante años.

La norma difícilmente cierre por sí sola los debates sobre la influencia económica china ni las disputas geopolíticas que la acompañan. Pero si durante años China levantó puertos, fábricas y corredores comerciales alrededor del mundo, ahora parece decidida a construir otra cosa: una muralla jurídica para resguardar la huella global de su ascenso.

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ONCE AÑOS DE UN GRITO QUE EL ESTADO SIGUE SIN ESCUCHAR: NI UNA MENOS EN TIEMPOS DE NEGACIONISMO

Por Lucila Pappalardo

Cada 31 horas una mujer es asesinada en Argentina. Y quien la mata es, en la abrumadora mayoría de los casos, un varón que la conocía. Un compañero, un ex, un familiar, alguien que decía quererla.

Hoy, once años después de aquel primer grito colectivo que sacudió las calles argentinas en 2015, el movimiento Ni Una Menos volvió a las calles de todo el país cargando nombres propios: Agostina, de 14 años, asesinada en Córdoba. Dulce María, de 17 años, en Misiones. Noelia, en Temperley. Y detrás de cada nombre, una historia de desprotección sistemática, de instituciones que miraron para otro lado, de un Estado que, en lugar de proteger, desfinancia.

La consigna sigue siendo urgente porque la violencia no amaina, y porque el contexto político la agrava.

Un Estado que desprotege, un gobierno que niega 

Desde diciembre de 2023, las políticas públicas destinadas a prevenir y abordar la violencia de género fueron desmanteladas de manera sostenida. La Línea 144 perdió especificidad, presupuesto propio y redujo un 45% su planta. El Programa Acompañar restringió su acceso al exigir denuncia judicial o policial previa, lo que puede desalentar o excluir a quienes más necesitan apoyo urgente.

En 2025, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina registró 200 víctimas directas. El 78% fue atacada en su domicilio o en el del agresor y en el 83% existía un vínculo previo, generalmente parejas o exparejas. No son estadísticas abstractas, son mujeres asesinadas en el lugar que debería haber sido el más seguro, por quien se suponía que debía acompañarlas.

Aunque el Gobierno sostenga un relato mediocre de que el número representa una baja respecto al año anterior, desde distintas ONG remarcaron que el país mantiene un piso sostenido de violencia letal contra las mujeres, con un promedio cercano a un femicidio cada 36 horas. Una baja estadística no es un logro cuando las condiciones de desprotección se profundizan.

La respuesta del gobierno nacional ante este panorama ha sido, deliberadamente, el negacionismo. La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva calificó el femicidio de Agostina Vega como un simple «homicidio», borrando de un plumazo el carácter estructural del crimen. Negar esa especificidad no es solo un problema semántico, es desmantelar la obligación del Estado de prevenir, investigar y sancionar.

En febrero de 2026, el Comité CEDAW de la ONU advirtió sobre graves retrocesos en Argentina, incluyendo cierre o degradación de instituciones clave, recortes presupuestarios en políticas de prevención de la violencia de género, debilitamiento de la ESI y desmantelamiento del Plan ENIA.

Mientras tanto, en el Congreso de la Nación avanza un proyecto de la senadora Carolina Losada sobre «falsas denuncias» que el movimiento feminista denuncia como un instrumento para blindar a abusadores y silenciar a víctimas. Los datos desmienten el argumento que lo sustenta: las denuncias falsas representan apenas el 0,09% de más de 8 millones de causas analizadas entre 2023 y 2025. No hay epidemia de falsas denuncias. Hay una epidemia de violencia sin respuesta del Estado Nacional.

El silencio cómplice de los varones 

¿Dónde están los varones?

No como víctimas del sistema, ni como aliados decorativos que comparten una historia en Instagram el 3 de junio y luego siguen sin cuestionar nada. ¿Dónde están los varones que se animan a mirar adentro, a incomodarse, a disputar con sus pares la cultura que produce femicidas?

Los números obligan a hacer esa pregunta. El 60,2% de las mujeres son asesinadas por sus parejas, ex parejas o familiares. La violencia que mata mujeres no es azarosa, no es impredecible, no cae del cielo, ocurre en la intimidad y ejercida por alguien conocido. Esta violencia está enraizada en un modelo de masculinidad que asocia el amor con el control, y la pérdida con el castigo.

Un estudio de Amnistía Internacional Argentina reveló que seis de cada diez varones creen que la igualdad de género ya fue alcanzada, mientras que en el caso de las mujeres ese número se reduce a cuatro de cada diez. Esa brecha de percepción no es inocente, es el terreno fértil donde prospera la inacción y donde el gobierno de Javier Milei hace meya para dar una batalla cultural por esos temas. Si no hay problema, no hay urgencia de cambiarse. Si la igualdad «ya se logró» ¿Para qué cuestionarse?

Pero la igualdad no se logró. Y la prueba más brutal es que cada 31 horas hay una mujer menos.

No nos alcanza con que los varones «no sean violentos». Eso es el piso mínimo, no un mérito. La pregunta que los varones necesitan hacerse —y hacerles a sus pares— es más incómoda: ¿qué hago cuando un amigo habla de su pareja como si fuera una propiedad? ¿Qué digo cuando en una reunión alguien justifica los celos como prueba de amor? ¿Intervengo o me quedo callado cuando un compañero controla el celular de su novia?

El silencio frente a esas situaciones no es neutralidad: es complicidad.

Los femicidas no son monstruos que caen de otro planeta. Son hombres que aprendieron, en familias, en grupos de amigos, en prácticas culturales cotidianas, que tenían el derecho a controlar, a poseer, a castigar. Y en ese aprendizaje, otros hombres estuvieron presentes y no dijeron nada.

Interpelar a los pares varones no requiere gestos grandiosos. Requiere, primero, la honestidad de reconocer que el patriarcado también los atraviesa y que no nacen libres de esos mandatos, y que el trabajo de deconstrucción es cotidiano, incómodo e imprescindible. Requiere bancarse la incomodidad de ser el que interrumpe el chiste misógino, el que pregunta «¿estás bien?», el que dice en voz alta lo que todos piensan pero nadie dice, el que critica el que difunde una foto que se envió sin consentimiento en un chat de whatsapp, el que cuestiona las actitudes de los otros. Esto es un abordaje por la propia humanidad, por el tipo de vínculos que queremos construir, por el mundo que queremos habitar.

La ESI salva vidas 

Las docentes de Agostina Vega lo dijeron con todas las letras: la ESI salva vidas. No es una abstracción pedagógica. Es la diferencia entre una niña que sabe nombrar lo que le está pasando y una que no tiene herramientas para hacerlo.

El gobierno avanza sobre la ESI mientras desmantela las políticas de género. La conexión no es casual. Un Estado que no educa en vínculos saludables, en consentimiento, en diversidad, es un Estado que garantiza la reproducción del problema.

Frente a un gobierno que niega, que recorta, que llama «homicidio» a un femicidio, el movimiento feminista argentino responde con lo que siempre supo hacer: organizarse, cuidarse, construir comunidad.

Cada red de contención barrial, cada asamblea de mujeres, cada protocolo de acompañamiento que las organizaciones sostienen con financiamiento propio cuando el Estado se retira, es una demostración de que la vida se defiende colectivamente.

Once años después de aquel primer Ni Una Menos, el grito sigue siendo necesario. Y mientras siga siéndolo, seguiremos en las calles.

Vivas, libres y desendeudades nos queremos.

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