Cambiemos quiere una nueva Doctrina de Seguridad Nacional
ARGENTINA ENTRE LAS BOTAS Y LOS VOTOS
Por María Quintero
Mauricio Macri ratificó su intención de reformar por decreto el rol de las Fuerzas Armadas para que puedan intervenir en Seguridad Interior. Desde su asunción, Macri -y todo el gobierno de Cambiemos- le viene haciendo guiños a esta idea que se terminó de cristalizar en el día de ayer tras el polémico anuncio del Presidente.
A medida que se recrudece la crisis económica, la crisis social comienza a palparse cada vez más en la calle, día tras día se suceden las marchas y manifestaciones de repudio a las políticas del gobierno. Asimismo, el endeudamiento con el FMI no sólo profundiza este contexto de crisis, sino que también requerirá del endurecimiento de todas las herramientas represivas necesarias para controlar el descontento y la protesta de las calles. Las FFAA, actuando en Seguridad Interior, serán, una vez más, una contundente herramienta para la represión.
Sin embargo, esta modificación no depende solo del capricho de Mauricio Macri ni de una decisión trasnochada de Patricia Bullrich o Aguad. Para poder implementar este cambio no sólo es necesario modificar el decreto firmado en 2006 por Néstor Kirchner, que pone límite a la participación de las FFAA en la seguridad interior, sino que se necesita de bastante más. Si el gobierno nacional desoye esto, entonces, el Estado de Derecho quedaría en una situación aún mucho más grave que la actual. Por ello, es que resulta muy importante que el conjunto de la sociedad no mire para otro lado y sea custodio y garante de la salud de nuestra democracia.
“Es necesario avanzar sobre un debate sobre el sistema de defensa de nuestro país que nos permita reflexionar sobre el presente y futuro de las fuerzas armadas”, dijo Mauricio Macri ayer por la mañana en Campo de Mayo. Y agregó que “es importante que puedan colaborar (las FFAA) con la Seguridad Interior, brindando apoyo logístico en la frontera”.
Desde el bloque de senadores de FPV-PJ aseguraron en un comunicado que “desde 1993 es una política de Estado separar la defensa nacional de la seguridad interior. Involucrar a las FFAA en asuntos internos es ilegal. Entrometer a las FFAA en seguridad interior exige la modificación de 3 leyes piramidales de la democracia argentina: Defensa, Seguridad Interior e inteligencia. Sin ello, sería ilegal, Por lo tanto, la medida anunciada debe ser debatida por el Congreso de la Nación”.
En este contexto, otro dato relevante, es la firma en 2016 del Programa de Colaboración Estatal del Departamento de Defensa (SPP) que permitiría que las Fuerzas Armadas nacionales desplieguen actividades conjuntas con la Guardia Nacional del Estado de Georgia, Estados Unidos. La Guardia Nacional del Estado de Georgia es la operadora del Comando Sur (Fuerza militar de Estados Unidos) en Argentina. (http://www.cemida.com.ar/conversiondocumentos/CONVENIOCONLOSEEUUPERMITIR%C3%81QUESUSMILITARESCONDUZCANNUESTRASEGURIDADINTERIOR.pdf )
La presión de Estados Unidos para llevar adelante el convenio es cada vez más fuerte.
EE. UU., históricamente, le viene exigiendo a Argentina que, por un lado, derogue las leyes que limitan la participación de los militares en asuntos internos, es decir que diferencian lo que es Defensa (Fuerzas Armadas) de Seguridad Interior (Gendarmería y Policías) y, por otro lado, la instalación de bases militares, que implican nada más y nada menos que la presencia de comandos estadounidenses en nuestro país. El objetivo de ambas presiones es concatenado y el mismo: Un ejercito argentino supeditado a las órdenes de la estrategia militar de Estados Unidos.
Es decir que si Macri logra llevar adelante su cometido y deroga estas leyes que limitan la intervención de los militares en cuestiones de seguridad interior, lo que viene después es aún peor. La articulación de estos cambios combinados con un control de los militares argentinos a través del Comando Sur, del Tratado de Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) , o de organismos de la OEA, generaría dependencia del ejército argentino a la subordinación del ejército norteamericano. Así, la represión interna, sobre el llamado “enemigo interno” podría ser controlada a través o bien de fuerzas propias de EE. UU. o de un ejército local que responda a sus órdenes. En otras palabras, una nueva doctrina de seguridad nacional.
Los repudios a esta política de Cambiemos por parte de los Organismos de Derechos Humanos, volvieron a resonar con fuerza y denunciaron la gravedad de este anuncio del gobierno nacional.
La CORREPI publicó un comunicado en el que manifestó su repudio “al avance de las Fuerzas Armadas para la ‘seguridad interior’ en el contexto de ajuste y represión que se cierne sobre la clase trabajadora. El anuncio de Mauricio Macri en Campo de Mayo es la conjugación del gobierno que ha negado sistemáticamente el terrorismo de Estado de la última dictadura militar y ha pretendido favorecer la libertad de genocidas, mientras legitima el accionar represivo que se descarga sobre los sectores en lucha y las barriadas populares, con la Doctrina Chocobar y las reformas del Código Penal y Procesal Penal”.
Taty Almeida participó ayer por la tarde en la Conferencia de Prensa en Télam y en el abrazo simbólico a la Agencia realizado por Organismos de Derechos Humanos. Allí, la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora aseguró: “A través de esta decisión, Mauricio Macri está tratando de reprimir, acallar a la sociedad y a las marchas de repudio al gobierno”.
Por otro lado, es importante tener en cuenta cuál será el rol que realmente asumirán los integrantes de las Fuerzas Armadas frente a un gobierno que se viene abajo y que tira el manotón de ahogado pidiendo, una vez más, ayuda en los cuarteles. En 2018, sin embargo, los militares son conscientes de que, a la corta o a la larga y más temprano que tarde, su rol y su actuación serán juzgadas por la sociedad y por la justicia, y que serán condenadas, nuevamente, a largos años de cárcel común por defender a quienes, mientras tanto, estarán, disfrutando del dinero de sus empresas offshore en algún paraíso fiscal.
Ayer, Mauricio Macri, demostró estar al tanto de esta realidad. Sabe que debe ofrecer algo más y así lo manifestó: «Además, estas fuerzas necesitan contar con salarios adecuados y hacerlo es responsabilidad del Estado».
La estrategia para arriar a las FFAA por fuera de los intereses de los pueblos es siempre la misma. No hay nada nuevo en esta estrategia de derecha. Podríamos mencionar, por ejemplo, el caso de Margaret Thatcher en 1979. En el contexto de una profunda crisis económica que incluso afecta a la policía de Gran Bretaña que también venía realizando reclamos salariales, Thatcher encuentra la formula para poner a esta de parte del neoliberalismo y contra el pueblo, según documenta Owen Jones en su libro El Establishment:
“En cuanto brotaron los conflictos industriales tras la subida al poder de Margaret Thatcher en 1979, sin embargo, una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue aprobar la subida de sueldos del 45 por ciento, a pesar de que al resto de los trabajadores del sector público se les estaban aplicando recortes en las nóminas. En la tormenta política que vino a continuación, la lealtad de la policía ya estaba asegurada. La fuerza policial desempeñó un papel decisivo a la hora de deshacerse de los oponentes del nuevo régimen neoliberal. «Creo que ahí empezaron los problemas de la policía, al politizarnos de forma tan abierta en términos partidistas —reflexiona el excomisario Peter Kirkham—. Thatcher sabía que iba a usar a la policía para librar sus batallas, de forma que quiso invertir en ella.» Y está claro que la subida salarial alcanzó su meta. «El plan de Maggie funcionó —concluye Kirkham—. Los policías la consideraban su heroína. La amaban… Habrían hecho cualquier cosa por ella.
En la huelga de mineros de 1984-1985, usaron a la policía como ariete político: en los pueblos mineros se ganó el apelativo de «los hooligans de Maggie. (..) Y en la disputa con los mineros llegó el momento de devolver el favor. En la tristemente célebre batalla de Orgreave, en junio de 1984, uno de los momentos más amargos del año entero de luchas, agentes de policía a caballo atacaron a porrazos y apalearon a los piquetes de mineros que rodeaban una fábrica de coque. Los intentos posteriores de procesar judicialmente a los piquetes fracasaron, y la policía de Yorkshire del Sur terminaría pagando más de medio millón de libras en concepto de indemnizaciones y costas procesales. Casi tres décadas más tarde, la policía de Yorkshire del Sur compareció ante la Comisión Independiente de Quejas de la Policía (siglas en inglés, IPCC) para defenderse de las acusaciones de perjurio, obstrucción a la justicia y agresiones en Orgreave”.
La responsabilidad de no entregar la democracia y la soberanía del país a la estrategia de los intereses foráneos que lleva adelante Mauricio Macri, es de toda la ciudadanía. De quienes sabemos que saldremos a oponernos a las calles, de quienes aún dudan, de quienes nos representan en el Congreso y claro también de las nuevas generaciones de las Fuerzas Armadas que pueden elegir hoy estar con y ser parte del pueblo.