A CINCO AÑOS DE LA SANCIÓN DE LA IVE LOS RETROCESOS SON ALARMANTES
Por Beatriz Chisleanschi
Se cumple hoy, 30 de diciembre, 5 años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Con 38 votos afirmativos y 29 negativos se comenzaba a garantizar la posibilidad de que las personas gestantes puedan solicitar, en caso de así decidirlo, se les practique un aborto legal, seguro y gratuito.
Fue pasadas las cuatro de la mañana cuando el Senado de la Nación aprobó la ley 27.610 y junto a ello, gritos de algarabía, llantos, abrazos y risas salían de una Plaza de los Dos Congresos colmada por mujeres y diversidades que festejaban que el aborto ya era ley. Y que, tal como sostuvo desde siempre la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la sanción de la IVE iba acompañada de “Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no Abortar. Aborto Legal para no morir.”
Ese 30 de diciembre del 2020 marcó un hito en la lucha contra la infinidad de mujeres muertas por abortos clandestino, la finalización de un negocio para quienes llevaban a cabo esa práctica de manera ilegal y la aceptación de que el cuerpo de la persona gestante es su decisión. Más, la IVE es un paso más de una pelea que no cesó nunca y que no cesa. Como bien sabemos, la sanción de una ley no significa su implementación y cumplimiento inmediato.
La aplicación de la IVE no sólo es una lucha contra los pensamientos más conservadores, la objeción de conciencia para aquellxs profesionales que no están de acuerdo con su aplicación, o la iglesia católica y sus pañuelos celestes, sino también contra el desfinanciamiento. No es necesario derogar una ley cuando la intención política es que no se aplique, sólo basta con desfinanciarla y “problema” resuelto.
Para muestra hace falta un botón, dice el famoso dicho popular. El Programa de Desarrollo de la Salud Sexual y la Procreación Responsable, por ejemplo, sufrió un desfinanciamiento casi total en 2024. Según un informe del Equipo Latinoamericano de Igualdad y Género (ELA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), su ejecución representó apenas el 20 % de lo invertido en 2023 y solo el 8 % del nivel de 2021.
En tanto, Amnistía Internacional advierte que, desde la legalización del aborto a la fecha los retrocesos son alarmantes. “Se interrumpieron compras de misoprostol y mifepriston, se desmantelaron los programas de prevención y se redujo la distribución de anticonceptivos”.
Asimismo, “entre 2021 y 2023, más de 245 mil personas accedieron a abortos seguros en el sistema público, reduciendo la mortalidad materna. Sin embargo, en 2025 Amnistía Internacional (recibió) más de 400 denuncias por barreras en el acceso al aborto, el triple que el año anterior”.
Pero, si esto sucedió hasta este año que ya se retira, nada bueno se espera para el 2026 ya que el Presupuesto, aprobado días pasados, elimina de cuajo las metas de provisión de medicamentos, así como todo espacio que tenga que ver con asesoramiento y capacitación y reduce la cobertura de acceso de anticonceptivos de manera gratuita del 54 al 34 %.
Sin contar con la falta de estadísticas estatales respecto a la solicitud de realización de la IVE en todo el país, la gestión de programas, asesoramiento o entrega de medicamentos y preservativos. La falta de datos relevantes, como se sabe, coadyuva en la carencia de implementación de políticas públicas. Algo que muy poco le interesa al gobierno de Javier Milei, más preocupado por seguir agrandando los bolsillos de las grandes empresas y oligarquías terratenientes o entregar la soberanía del país, que llevar adelante políticas que beneficien las necesidades e intereses de las mayorías.
Por supuesto, el Presupuesto 2026 también contempla un desfinanciamiento a la Educación Sexual Integral (ESI), la cual es de obligatoria aplicación en todas las escuelas, sean ellas públicas o privadas, por ley 26.150/06. La ESI y la IVE son hermanas inseparables ya que, recibir una correcta educación sexual es una forma de impedir embarazos no buscados.
El próximo año la ESI verá reducido su ejecución presupuestaria ya que se asigna, para su aplicación, 30 millones, apenas el 2% de lo ejecutado en el 2023.
A cinco años de esa marea verde que parecía imparable y que encontró en la IVE uno de los mayores logros de lucha, la pelea continúa. Las mujeres gestantes sabemos que hay un antes y un después de ese 30 de diciembre del 2020, como también sabemos que las mareas son ascensos y descenso del nivel del agua en los océanos y mares y que ocurren de manera cíclica. La marea verde llegó a ser tsunami, un nuevo ciclo de ascenso comienza y las calles y plazas del país esperan por ella.