DIÁLOGO NO MATA 14 BIS

La intervención del Ministerio de Trabajo al sindicato de Canillitas (Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Capital Federal y Gran Buenos Aires – SIVENDIA) en el marco de una causa que se inició en 2013 por irregularidades en el proceso electoral del gremio, suscitó el inmediato apoyo de la CGT y la CTA a la organización que conduce Omar Plaini. La reacción sindical manifiesta resistencia a la avanzada del macrismo sobre la vida interna de las organizaciones sindicales y se produce luego de las tensiones en el Consejo del Salario entre el gobierno nacional y las centrales obreras, en el que el primero definió la modificación del Salario Mínimo Vital y Móvil a $10.000, mientras el propio INDEC afirma que la Canasta Básica Alimentaria ronda los $15000.

Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires, la administración de Vidal aumentó considerablemente la oferta a lxs docentes luego de cinco meses de acusaciones y persecuciones a lxs trabajadorxs y a sus organizaciones sindicales y de que el Ministro de Educación y actual candidato a senador bonaerense, Esteban Bullrich, eliminara de facto la Paritaria Nacional Docente. Similar situación enfrentan por estos días lxs docentes universitarixs, quienes luego de definir mediante plebiscito el NO inicio de clases en el segundo cuatrimestre, recibieron esta semana una mejorada oferta salarial del Secretario de Políticas Universitarias y actual candidato de diputado nacional, Albor Cantard. CAMBIEMOS dialoga, pero si entramos en campaña, dialoga mejor.

La avanzada del gobierno contra los derechos laborales tiene varias aristas. La propaganda oficial contra los juicios laborales representa quizás un elemento accesorio si se observa el panorama general de acciones impulsadas por los funcionarios de gobierno. Despidos injustificados y discriminatorios en el sector público; desprotección del/a trabajador/a en estos casos como en el sector privado, junto a la falta de pagos indemnizatorios; limitaciones a los gremios para la concertación de convenios colectivos de trabajo; amenazas y castigos ante la implementación de medidas de protesta; represión a la protesta laboral/social; errores de cálculo en los pagos de haberes jubilatorios, pensiones y beneficios previsionales…

La política laboral del macrismo es transparente: prescindir del Artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El Estado está “presente”, dicen los funcionarios del gobierno, pero no para intervenir sobre las decisiones empresarias de despedir trabajadorxs – aclaran luego de 19 meses en los que la pérdida de trabajo ha sido el cotidiano-. La incertidumbre laboral permea indefectiblemente el escenario de una campaña que contendrá – o es de esperar que contenga – la discusión sobre el trabajo en el centro de la agenda. Sobre todo, teniendo en cuenta la anunciada proyección de cientos de miles de despidos de concretarse las reformas laboral, tributaria y previsional que el macrismo espera impulsar en octubre.

La CTA y la Corriente Federal-CGT definieron esta semana un paro general para el 7 de agosto, Día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Varios gremios de la CGT oficial, entre ellos Camioneros, están anunciando que acompañarán la medida. El triunvirato no define fecha  pero anuncia que tomará medidas contra el gobierno de Macri. Es probable que durante el próximo mes se recrudezcan las divisiones en el mundo sindical. Los tiempos de la política electoral son raudos y las dilataciones para decidir estar (o no) a la altura de las circunstancias, como se suele decir, no siempre son reconocidas por el pueblo trabajador como gestos de “gobernabilidad”.