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¡Saltá el cerco medíatico!

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Dejame ver que hay para saborear esta vuelta,
la carta no está siempre a tu alcance en los matutinos.

El final es en donde partí – La Renga

 

DECRETOS PARA CONCENTRAR, NEGOCIOS PARA EXCLUIR

 

Por Daniel Bello

Hace poco más de un año, el gobierno derogó parcialmente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual mediante el decreto 267/15 y comenzó a fertilizar un terreno en el que puede crecer la concentración de la comunicación solo en manos del Grupo Clarín.

Entre el decreto 267/15 y el 1340/16 las decisiones políticas de Macri y sus ministros no han dejado de beneficiar al grupo en la medida que se avanza hacia la tan mentada convergencia.
Uno puede repasar rápidamente cómo el monopolio usufructuará el ARSAT a través de la francesa TALENT; cómo ha logrado la privatización del fútbol con el que tiempo atrás confesó haber logrado mantener económicamente las pérdidas generadas por el diario, entre otros.

Es claro que Clarín pretende seguir obteniendo réditos del gobierno – y éste otorgarlos, en la medida que siga el intercambio de favo

res, aunque queden fuera la institucionalidad y el diálogo- que le permitan generar no sólo un “ahorro” económico sino también de tiempo para llegar en muy buena posición ante la sanción de la nueva “Nueva Ley de Comunicaciones” del ENACOM.

Ahorro

El monopolio había pagado en septiembre de 2015 unos US$ 178 millones por el 100% de Nextel y esto le significaba en una primera instancia “ahorro” en inversión de red.

En enero de 2016, Clarín terminó por hacerse de Nextel Argentina, la cuarta operadora de telefonía móvil del país, gracias a que el gobierno había disuelto mediante el decreto 267/15 la AFTIC, que era el ente que evitaba la concentración en la parte de telecomunicaciones y aseguraba el derecho humano a las comunicaciones y que había frenado en su momento la operación de Nextel.

El 2 de enero de 2017, mediante el decreto 1340/16 ( https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaRapida/157005/20170102/comunicaci%C3%B3n ), se habilita a partir del 1º de enero de 2018 a las grandes compañías telefónicas a operar licencias de televisión por cable y a los cableoperadores a ingresar en el negocio de la telefonía celular.

El decreto del gobierno concretó “el ahorro” que debía hacer el monopolio si quería ingresar en el mercado del 4G y le generó condiciones de protección como por ejemplo impidiendo que los prestadores de telefonía básica (Telefónica y Telecom) en los grandes mercados (AMBA, Rosario y Córdoba) compitan con Cablevisión.
Cómo así también “la norma clausura por quince años la obligación de Telefónica, Telecom, Cablevisión y otros grandes operadores, de abrir la red de última milla impidiendo en ese lapso que otros operadores ofrezcan servicios utilizando la plataforma existente”, evitando de esta manera la competencia.
Esto puede leerse en el último documento de la Coalición por una Comunicación Democrática (http://www.coalicion.org.ar/decreto-13402016-retroceso-mayor-concentracion-fuera-de-la-ley/ ) que también abarca las consecuencias del decreto 1340/16.

Es necesario recordar que en mayo de 2016, el gobierno comenzó a expandir la pesada herencia en materia de fibra óptica e invirtió 4350 millones de pesos. El fin de esa obra, afirmó Macri, es llegar con el tendido a 29 millones de argentinos; sin embargo, los usuarios en palabras de Aguad son 29 millones de nuevos potenciales clientes.

Una cifra jugosa para el monopolio que avanza con su Triple Play.

De decreto a decreto… y en el medio

El triunfo que significó, luego de un año de lucha, que los 4 canales comunitarios (Barricada TV, Pares TV, Urbana TeVé y Comarca Si ) puedan emitirse por la TDA en el canal 32 es para festejar. Pero también es necesario marcar que significó una apuesta del gobierno al desgaste del sector comunitario, ya que el otorgamiento se podría haber efectuado con mucha anterioridad; que fue un ahogo económico al sector al no pagar los FOMECAS adeudados de 2015 y que midió la correlación de fuerza, de movilización y el impacto que tendría afectar al sector con continuas políticas encubiertas de censura y asfixia económica.

En este punto, desde el sector comunitario debemos entender que es menester romper las fronteras, aún del propio campo, y salir  – que no implica  abandonar- del reclamo sectorial para lograr realmente una unidad y fuerza que enhebre las distintas luchas, ya no solo las comunicacionales sino también las sindicales, culturales, etc. Porque es sabido que discutir el derecho a la comunicación también permite discutir el derecho al trabajo, la vivienda, el alimento, el agua y la tierra.

También es necesario lograr que los sectores ajenos a la comunicación se apropien de la lucha por una comunicación democrática que realmente nos permita ser libres y en esto no puede haber individualidad posible, de hacerlo se corre el riesgo de fortalecer desde adentro el cerco impuesto por el gobierno.

La hegemonía la detenta la derecha y el monopolio quienes disponen de todos los medios legales para llevarnos a una marginalidad,  que hemos querido abandonar mediante años de lucha.
La experiencia reciente en nuestra historia y lo acontecido con papel prensa muestra que los adversarios no tienen tapujos a la hora de elegir cómo hacerlo.

No hay la posibilidad alguna para la subestimación.

Por una nueva Ley

Este año se deberá comenzar a discutir el funcionamiento de la nueva ley bajo las condiciones que imponga el grupo a través del gobierno, con el dato relevante de que los ministros que han renunciado lo han hecho porque han cumplido con una etapa.
Y Oscar Aguad continua al frente del Ministerio de Comunicaciones.

Hay que plantearse cómo se pueden coordinar acciones conjuntas entre las experiencias como Interredes, AMARC, la RED FOCOS, ARECIA, la Coalición por una Comunicación Democrática y ComunincAcción, por dar algunos nombres, que nos permitan subvertir las relaciones hasta establecer una correlación de fuerzas que permita, también a los medios comunitarios, discutir activamente la política porque allí es, en definitiva, donde comienzan a gestarse los derechos del Pueblo.

Que la comunicación vuelva a ser un derecho depende de nosotrxs; depende de todxs.

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