2026: EL AÑO EN QUE EL SISTEMA EDUCATIVO ARGENTINO ESTARÁ EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Por Beatriz Chisleanschi
Nuestro país tiene una historia de arraigo muy fuerte a la Educación Pública y, por consiguiente, a la participación activa del Estado en tanto sostén y garante de la misma.
Sin aspiraciones de hacer historicismo es bueno recordar que, entre los años 1875 y 1905 se sancionaron las leyes bases constitutivas del sistema educativo argentino hasta la primera mitad del siglo XX: la ley 888 de educación común de la provincia de Buenos Aires (1875); la ley 1420 de educación común de la Capital y los Territorios Nacionales (1884); la ley 1597, conocida como “Ley Láinez” (1905) y la 1597 “Ley Avellaneda” (1886). La educación secundaria recién tuvo su primera legislación con la Ley Federal de Educación sancionada en 1993 (Arata, N. y Mariño, M. (2013) La educación en la Argentina. Una historia en 12 lecciones. Novedades Educativas. Lección 7). Ley tras ley que buscaban consolidar la educación formal como valor fundamental para el desarrollo del ser nacional.
Con una educación quebrada económicamente y de desigual calidad a lo largo y ancho del país, con una docencia movilizada de norte a sur y de este a oeste, que tuvo los 1.000 días de la Carpa Blanca como hito central, el ex presidente Néstor Kirchner toma la decisión política de sancionar una nueva ley que es la que nos rige actualmente, la Ley de Educación Nacional (LEN) 26.206 del año 2006 aprobada por unanimidad en el Congreso. En ella se establece la obligatoriedad ya no sólo para el nivel primario, sino también para preescolar y secundario. Define, taxativamente, que es el Estado el garante de la educación en el país. Incluye la educación intercultural bilingüe y establece que para sostener al sistema educativo se deberá destinar el 6% del PBI.
Si bien diferentes gobiernos han subejecutado partidas presupuestarias destinadas a la educación, hasta el gobierno de Javier Milei nadie se atrevió a tocar este porcentaje. Alguna gobernadora, como María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires pretendió cerrar escuelas rurales o del Delta por “falta de alumnxs” y, actualmente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri cierra cursos o establecimientos por los mismos motivos, según aduce, que su par del PRO.
Sin embargo, es el propio Milei y sus acólitos Federico Sturzenegger y Luis “Toto” Caputo quienes decidieron incluir en el artículo 30 del presupuesto 2026, que ya tiene media sanción en la Cámara Baja y espera por la decisión de la Cámara Alta, la derogación del artículo 9º de la LEN que obliga al Estado a invertir el 6% mencionado más arriba, como así también el artículo 52 de la Ley Nº 26.058 de Educación Técnico Profesional y los artículos 5º, 6º y 7º de la Ley Nº 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El Centro de Economía Política (CEPA) realizó un detallado informe en el que da cuenta del “recorte histórico a las escuelas técnicas” que pretende llevar adelante el Gobierno. De aprobarse el presupuesto 2026 el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP) caerá, en comparación con 2023 que es cuando asume la presidencia Javier Milei, un 93% en términos reales. En esta línea, el informe da cuenta de que el Gobierno ejecutó en este 2025 sólo el 10,8% y planifica para el año que está en la puerta a la espera de su ingreso el 1° de enero, ejecutar apenas el 3% de lo que le corresponde por ley.
En diálogo con diferentes medios, el titular del CEPA, Hernán Letcher señaló la importancia de hacer hincapié en las escuelas técnicas “porque es el eslabón que mejor expone al modelo de Javier Milei, que claramente es anti-industrial. Uno podría pensar que, si proyectan un país sin industrias, ¿para qué van a querer técnicos industriales?”.
Más, no sólo la educación técnica es la atacada, el informe hace referencia también al “fuerte ajuste educativo general” lo cual se evidencia, también con la comparativa del 2023, en una caída en términos reales, en educación y cultura del 47,3% para el 2026.
Igual suerte correría la inversión en Ciencia y Tecnología ya que, el presupuesto libertario se desplomaría un 48,8% respecto al 2023.
Como señaló la Magíster en Periodismo, María Quintero en “Un buen comienzo” el programa de la primera mañana en la AM530 “El artículo 30 del Presupuesto 2026 es gravísimo porque, en definitiva, vulnera un derecho humano fundamental que es el acceso a la educación. Este artículo desfinancia por completo el sistema educativo, destruye a la escuela pública y al sistema nacional de ciencia y tecnología”.
A la vez, el abogado constitucionalista, Andrés Gil Domínguez, en diálogo con la Radio de las Madres, se refirió al artículo 30 del Presupuesto y a la derogación de normas que financian la educación y el sistema científico y sostuvo que el problema central no es formal sino sustancial. “Lo que se está haciendo es imponer una norma regresiva sobre el derecho a la educación y al desarrollo científico y tecnológico”, afirmó, y recordó que la progresividad y la no regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales están garantizadas por tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. En ese escenario, advirtió que el gobierno avanza con mayor facilidad hacia un esquema autocrático, sostenido tanto por la pasividad judicial como por la falta de frenos institucionales efectivos.
Con la docencia desmovilizada por el agotamiento con el que acaba de finalizar el año lectivo producto de la cada vez mayor carga burocrática, el alto desprestigio social de su profesión, la caída real de su salario y la necesidad imperiosa de descansar, el Gobierno busca que, el próximo 26 de diciembre, se apruebe su presupuesto 2026 y cantar victoria mientras descorchan una sidra. De aprobarse sin derogar el artículo 30 estaremos despidiéndonos de la educación pública y será el momento de comenzar a darle al sistema educativo nacional su extremaunción.