El gobierno radicaliza la persecución

 

¿EXTREMISMO VIOLENTO U OPOSICIÓN AL AJUSTE?

“La lógica binaria es una lógica paranoica, en dónde el Otro pretende mi destrucción y es lo suficientemente fuerte como para lograrla. Intenta ejercer sobre mí una dominación total, por ello su persecución también debe ser total.”
Pilar Calveiro – Poder y Desaparición


Por María Quintero y Daniel Bello

El gobierno nacional argentino empieza a dar las últimas puntadas del entretejido estratégico para la construcción del supuesto enemigo interno. Lo que tuvo su construcción simbólica desde los medios de comunicación oficialistas, acompañada por una escalada de medidas y decretos de carácter represivo, hoy comienza la etapa de su ejecución con la creación de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT).

Juan Manuel Olima Espel y Eduardo Casal, a la derecha de Bullrich

Citando una resolución de las Naciones Unidas, en julio de este año, bajo la PGN-0070-2018-001, se le encargó a Juan Manuel Espel, titular de la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación, que crease “una estructura dedicada a facilitar y elaborar una estrategia institucional con la finalidad de dotar a este Ministerio Público Fiscal de las herramientas necesarias para abordar de manera integral el extremismo violento”.
Como respuesta a ese encargo, y con la firma del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, se creó la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional que tendrá como responsabilidad, según lo afirma la Resolución, “el estudio de las condiciones que ayudan a la propagación del extremismo violento que conduce al terrorismo, así como las distintas formas que éste puede adoptar, para así generar un programa que aumente la capacidad de prevención general, la de respuesta ante un incidente terrorista y evite reacciones descoordinadas que, ante situaciones críticas, tienden a desarrollar mecanismos y/u operativos con virtualidad suficiente para vulnerar elementales derechos humanos reconocidos en los convenios internacionales”.

Las competencias y responsabilidades que tendrá la SAIT no tienen asidero para la realidad social argentina, esto se advierte a simple vista y ante los ojos de la ciudadanía que habita nuestro país. ¿De qué hablan entonces  Espel y Casal cuando citan en el documento extremismo violento?

La definición de “extremismo violento” no tiene una definición clara ni una pertenencia definida en cuanto a ubicación geográfica, creencia o nacionalidad; sin embargo, la ONU ha tomado como parámetros en su Plan de Acción para Prevenir el Extremismo Violento al Estado Islámico, el Levante (EIIL), Al -Qaida y Boko Haram. Es decir, nada de lo que ocurre o existe en nuestro país.

Por otra parte, y en el mismo sentido, hoy – a partir del mediodía- se realizará en la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación una reunión para analizar el pliego de la candidata del presidente Mauricio Macri para la Procuración General, Inés Weinberg de Roca.

Inés Weinberg de Roca, que reemplazaría al interino Casal en la Procuración General, funcionaría para los fines de la SAIT como una especie de pantalla o fusible, debido a que la Secretaría, a cargo de Espel, dependerá de la Procuraduría Penal ante la Corte de Justicia de la Nación, y justamente es el mismo Casal quien es el titular en dicha Procuraduría.

Es decir que la presión del gobierno para que Roca obtenga el nombramiento tiene como fin cambiar de nombre para que nada cambie.

Vigilar, disciplinar, perseguir y castigar

La SAIT contará con 3 apéndices:

-Análisis Jurídico
-Financiamiento y Delitos Conexos
-Planeamiento Estratégico.

Entre los objetivos de la última área, se detalla -en la resolución PGN 70/2018- “la utilización generalizada y efectiva de la tecnología de la información -especialmente Internet- con fines de propaganda, glorificación, incitación, radicalización, reclutamiento, entrenamiento, financiación y comunicación”. También nombra cuestiones referidas al uso de la Dark web o Deep web como la criptomoneda.
Sobre comunicación e internet es necesario recordar la adquisición del Pegasus, de la empresa de seguridad israelí NSO Group, que se instala en celulares -por acción involuntaria del usuario- y que convierte el teléfono en una fuente de información para quien espía.
Periodistas mexicanos junto a Citizen Lab, organización canadiense de la Universidad de Toronto, investigaron dicho soft y las conclusiones fueron publicadas por el New York Times. Allí se menciona que políticos de la oposición, periodistas y abogados de Derechos Humanos vinculados con los 43 de Ayotzinapa habían sido espiados.

“La Argentina está sometida a un estado de excepción permanente”

Esa fue una de las frases del documento que leyeron ayer los Organismos de Derechos Humanos en conferencia de prensa, en la casa de Abuelas de Plaza de Mayo.

Casal no es un desconocido para los Organismos, el 15 de diciembre asistió a la Mesa de Discusión Institucional (https://www.fiscales.gob.ar/lesa-humanidad/el-procurador-eduardo-casal-participo-de-la-mesa-de-discusion-institucional/), en una instancia promovida desde la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad de la que participan representantes de los organismos de Derechos Humanos – Madres, Abuelas, el CELS, la APDH e HIJOS-, del Poder Ejecutivo y del Legislativo.
La intención por parte de los Organismos era conocer y corroborar la decisión sobre la continuidad de las áreas que aportan a los juicios de lesa humanidad. Sin embargo, Casal estuvo en la apertura y se retiró.

Acaso por esto, ayer los organismos volvieron a ratificar “Seguiremos reclamando la libertad a los presos y presas políticas y la independencia de la justicia. Seguiremos denunciando el avance de la violencia institucional, incrementada con la aplicación de decretos que otorgan a las Fuerzas Armadas actuar en asuntos de seguridad interior. Seguiremos denunciando los casos de gatillo fácil y la militarización de zonas de frontera, y territorios habitados por las comunidades originarias. En este sentido seguiremos denunciando la persecución al pueblo mapuche en la Patagonia y la criminalización de la protesta en todo el territorio argentino”.

Lo político y mediático

Hablar de actos terroristas en nuestro país parece un discurso vetusto. Sin embargo, desde mediados de 2015 hasta en la actualidad, la construcción de sentido desde los discursos mediáticos – que responden a los intereses de las corporaciones que hoy gobiernan el país- ha intentado socavar el inconsciente colectivo de la sociedad argentina con la insistente instalación de la existencia de lo que ellos llaman “células terroristas” en nuestro país:

-Luís Majul escribió 4 días después de publicada la resolución PGN /2018, una columna en Infobae ( https://www.infobae.com/opinion/2018/07/17/cristina-kirchner-ya-se-prueba-el-traje-de-candidata-a-presidente/ ), en ella afirmó: “Cristina mandó a instalar “células” de Unidad Ciudadana en todo el país.”.  No es una casualidad que Majul utilice el término “célula”, que se usa comúnmente para referirse a una organización terrorista y su vinculación en otro territorio y al que hace alusión.

-Eduardo Van der Kooy aseguró en 2015, en una nota publicada en Clarín (https://www.clarin.com/politica/muerte-desequilibra-Cristina_0_H1XzM4qPXg.html), poco después del suicidio de Nisman, que el suicidio del fiscal había sido cometido por un comando iraní-venezolano adiestrado por Cuba con apoyo del kirchnerismo.
Algo que también fue repetido por Elisa Carrió.

-Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, el día 8 de agosto de 2017 aseguró tener confirmado que la RAM “recibía financiamiento externo” (https://www.clarin.com/politica/patricia-bullrich-ram-financiada-organizacion-inglesa_0_H1RLCRvwb.html )
En diciembre de 2017, Bullrich publicó un informe sobre la RAM ( https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informe_ram-_diciembre_2017.pdf) en el cual concluye: “A la luz de lo descripto a lo largo del presente informe, podemos sostener que nos encontramos frente a un grupo de individuos organizados que recurre a la violencia extrema para alcanzar sus objetivos”.

Estos ejemplos, entre tantos otros, muestran cómo se ha tratado de instalar la idea de la existencia de células terroristas en nuestro país, pero esta construcción de sentido no termina ahí, sino que además el discurso vincula a esas supuestas células terroristas, extremismo violento, con el kirchnerismo. Una expresión política sobre la cual, desde diciembre de 2015, se ha desplegado una persecución judicial que encarcelado ilegalmente a varios de sus dirigentxs políticos y sociales.  Como coronación de esa persecución, el gobierno con la complicidad mediática y judicial ha puesto sus garras sobre la propia Cristina Kirchner.

Las cabezas del Monstruo Imperial

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence junto a Mauricio Macri

Esta estrategia tiene su cuerpo en Estados Unidos, como representante de los grandes intereses de las corporaciones mundiales ávidas por la tierra y los recursos naturales que al imperio le faltan y que por aquí abundan. La ya famosa lawfare aplicada para derrocar gobiernos y encarcelar opositores en Brasil, Paraguay, Ecuador y Argentina, las desestabilizaciones en Bolivia y Venezuela, la instalación del Comando Sur en la región, son algunas de las cabezas que sobrevuelan nuestros cielos. (https://revistappv.com.ar/2018/07/24/9070/  https://revistappv.com.ar/2018/08/17/9376/ )
La creación de organismos como la  Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional es una de las patas de  monstruo. Resulta muy difícil, mirando en el marco regional y local, que la SAIT no haya sido creada para la persecución de la oposición, la criminalización de la protesta y de todxs aquellxs que se opongan a las políticas de hambre y ajuste impuestas por las corporaciones económicas. Porque, en este contexto, ¿cuánto de conducta de violencia extrema tendrá para la SAIT la movilización popular masiva?

En Argentina, hace poco se decretó la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, justamente para prevenir ataques terroristas. Un decreto que no sólo sigue vigente sino que se vislumbra como la herramienta ejecutora de la SAIT para reprimir esa protesta social que el gobierno nacional, en su desesperación por la inminente caída de la economía, busca detener.

CONFERENCIA DE PRENSA COMPLETA DE ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

 

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