Informe CEPA: El “saneamiento” de las empresas estatales

DESMANTELAR EL ESTADO, PRIVATIZAR LO PÚBLICO

Por María Quintero

El achicamiento y vaciamiento de las empresas estatales y de lo público viene siendo la estrategia del gobierno de Cambiemos desde que asumió y se va acrecentando a medida que corren los años de su gestión.

Si bien en la vorágine del día a día, debido a la creciente conflictividad social que se deprende de la profunda crisis económica, se hace más difícil poner en un marco del todo cada conflicto diario, lo cierto es que el gobierno de Cambiemos avanza a pasos agigantados sobre la Empresas públicas, aplica la estrategia de achicamiento a su mínima expresión del Estado y sueña y se babea con el modelo privatizador anterior al año 2003. En las últimas semanas, el desmantelamiento de la Agencia Télam – en consonancia con el del resto de los medios del Sistema Federal de Medios Públicos- se ha instalado en la agenda y ha dado sobradas muestras de la necesidad del Gobierno de Nacional de vaciar, achicar y cercenar: empresas, voces, trabajadorxs.

El Centro de Economía CEPA realizó el informe  El “saneamiento” de las empresas estatales, basado en documentos y datos del propio gobierno, que describe  la crítica situación de la Argentina y que le pone un marco general a cada uno de los casos de ajuste en empresas públicas que venimos sufriendo desde diciembre de 2015.

El informe toma datos del documento oficial titulado “Carta de Jefatura de Gabinete: empresas públicas para el crecimiento”, elaborado por la Jefatura de Gabinete de Ministros de Presidencia de la Nación, en abril de 2017,  que tenía prevista la concreción de importantes reducciones de transferencias a empresas públicas, consideradas sobredimensionadas a lo largo de cada párrafo del texto oficial.
Según afirma CEPA, este documento es el resultado de la creación, bajo la gestión de Cambiemos, del Consejo de Supervisión Estratégica de las Empresas Públicas a partir de octubre de 2016. El mismo está integrado por los ministros accionistas de las empresas (Energía, Transporte, Producción, Hacienda, Modernización, Comunicaciones y Defensa), dos miembros independientes (en abril de 2017, Luis Mario Castro y Jorge Becerra) y los vicejefes de Gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. Además, el Consejo se reúne periódicamente en Casa Rosada “para seguir la evolución de 31 empresas públicas, discutir sus planes estratégicos y monitorear su desempeño. En las reuniones, los presidentes exponen sobre la situación actual de sus empresas y presentan lo que ellos consideran el rumbo a seguir”.

Las empresas a las que hace referencia este documento son las que fueron recuperadas por el Estado a partir de 2003 como parte de una estrategia para el desarrollo y soberanía del país.

A continuación, se observa una línea de tiempo publicada en el documento oficial – y que reproduce CEPA en su Informe- que refiere a la “creación y estatización de empresas públicas” entre el año 2003 y 2015.

“Se ubica en 2004 la estatización del Correo argentino (que pertenecía al grupo Macri e incumplió, entre otras cuestiones, el canon adeudado al estado) y la creación ENARSA, en 2006 la estatización de Aysa (que desplazó al grupo Suez, que exigía aumento de tarifas a cambio de realizar inversiones previamente comprometidas) y tuvo lugar, en el mismo año, la creación de ARSAT. En 2007, se produjo la recuperación de talleres Navales Dársena Norte (Tandanor) y también de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) y en 2008 tuvo lugar la estatización de Aerolíneas Argentinas (con el grupo Marsans quedando desplazado, luego de dos años de vaciamiento de la aerolínea de bandera). En 2007-2008, el gobierno desplazó al grupo Taselli de las líneas de trenes Roca y Belgrano Sur (en 2004 había rescindido la concesión del ferrocarril San Martin) y, en febrero de ese año, a través de la Ley 26.352, se reorganizó la actividad ferroviaria creando dos Sociedades del Estado: la Administración de Infraestructuras Ferroviarias y Operadora Ferroviaria, para posteriormente en diciembre de 2008 la ADIF se hiciera cargo de los bienes ferroviarios que le fueron transferidos por el ONABE. Para 2012 el Estado nacional rescindió la concesión de TBA al grupo Cirigliano, que controlaba las líneas Sarmiento y Mitre. También 2012 tiene lugar la estatización de YPF, desplazando al grupo Repsol –caracterizado por la sobreexplotación petrolera y la subexploración durante los últimos años-, y en 2013 se crea de Belgrano Cargas y Logísticas. En 2015, empresa Argentina de Navegación aérea”, según detalla CEPA a cada una de las estatizaciones.

Este proceso de recuperación y de avance del control estatal de empresas le quita el sueño al gobierno nacional y es el blanco de las críticas y estrategias.

Así, afirma CEPA, es cuestionado en el documento oficial, en el apartado “El punto de Partida”, donde vierte un diagnóstico marcadamente crítico sobre el funcionamiento general de las empresas del estado, aludiendo a la falta de coordinación, pero sobre todo hace hincapié en la verdadera preocupación gubernamental: el gasto que significan estas empresas para las arcas del estado. El apartado asegura: “Esta situación, combinada con un aumento en la cantidad de compañías, generó en los últimos años un creciente impacto de las empresas públicas en las arcas del Estado. En 2003, las empresas públicas no le costaron prácticamente nada al Tesoro, y hasta 2007 las transferencias fueron insignificantes. La tendencia cambió en 2008, con la estatización de Aerolíneas Argentinas y el primer gran salto en las transferencias a Enarsa, la petrolera estatal encargada de repartir los subsidios a la energía. Ese año el Estado transfirió a las empresas públicas alrededor de US$2.000 millones, equivalentes al 0,4% del PIB”.

El apartado oficial también tiene un detalle sobre la situación previa a la recuperación de las empresas en 2003, respecto a esto CEPA asegura en su informe que “Lo que se observa, con claridad, es que el gasto es correlativo al proceso de estatización (por caso, Aerolíneas Argentinas es resultante de ello) y a la implementación de Subsidios energéticos, como fue la función de Enarsa. El análisis del documento revela la crítica, por elevación, al Estado como accionista y administrador de sectores de la economía relevantes para el desarrollo, cuando en efecto se realiza una justificación del proceso de privatizaciones en los 90 por la incapacidad del estado de brindar servicios eficientes”.

Y agrega: “Si este documento dejaba en claro el objetivo gubernamental de ajustar el gasto en las empresas públicas, el Memorándum de Políticas Económicas y Financieras entre Argentina y el FMI, redactado el 12 de junio (y publicado sugestivamente dos días más tarde en plena sesión de Congreso e inicio del Mundial de Fútbol, el 14 de junio), donde se detallaron todos los ítems del acuerdo y se confirmaron varias advertencias (como la liquidación del FGS) de la ‘campaña extrañísima’ (sic) de la oposición que había advertido que se podía volver al FMI. En relación a las empresas públicas, el memorándum sostiene: ‘reduciremos las transferencias asociadas con el déficit operativo de las empresas públicas que no están relacionadas con las tarifas de servicios públicos desde su nivel actual de 0,1 por ciento del PBI en 2017 hasta casi cero en 2021’ (Memorándum Argentina –FMI)”.

Los despidos

En relación con los trabajadores de las empresas, CEPA dice que el informe del Gobierno muestra que entre 2015 y 2016 se redujo la cantidad en 1.436 casos. Sin embargo, el Centro de Economía Política afirma que “si se considera por separado las empresas en las que hubo saldo negativo o positivo en la cantidad de trabajadores netos en la comparación interanual, se percibe que la reducción fue de 2.199 empleos, compensados por el ingreso de 763 trabajadores”.

En este cuadro se puede ver la cantidad de trabajadores en empresas estatales en 2015 y 2016 y detalle de empresas que redujeron y aumentaron su plantilla, y los despidos relevados por CEPA entre enero de 2017 y mayo de 2018 en empresas estatales.

Los despidos en el primer año de Cambiemos impactaron sobre el sector público en general y sobre las empresas públicas en particular. Entre ellas, las empresas de ferrocarriles fueron las más afectadas, junto con Fadea, de fabricación de aviones, la Empresa Argentina de Navegación Aérea, que organiza el tráfico aéreo, Fabricaciones Militares, Casa de Moneda y Lotería Nacional. Este último caso es paradigmático: Loterías es una sociedad que no tiene déficit. Sin embargo, sufrió el despido de casi 200 trabajadores.

Reducción de empleos en empresas estatales entre 2015 y 2016:

La información relevada por CEPA de despidos para estas empresas alcanzó los 2.264 despidos entre enero de 2017 y mayo de 2018. Entre ellos se destacan nuevos casos en Fadea, Fabricaciones Militares, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y Lotería Nacional y numerosos despidos en Radio Nacional.

Despidos relevados por CEPA en empresas estatales entre enero de 2017 y mayo de 2018:

Finalmente, con el objetivo de cumplir en parte con el pedido del FMI, y considerando que en la etapa del gradualismo,  los despidos ascendieron a aproximadamente 4.500 casos, y CEPA estima un recorte aún mayor en esta etapa, que podría ascender a 10.000 puestos de trabajo en las empresas estatales.

“En términos materiales, ese recorte sólo implicaría una reducción de entre $1.800 (considerando salarios de 2016) y $3.000 millones (considerando salarios de 2018), es decir, si consideramos las transferencias a las empresas estatales en los niveles de 2016 de $91.273 millones, el ajuste en la plantilla sólo permitiría una reducción de dichas transferencias en aproximadamente 2% a 3%.”

Estas mínimas cifras de reducción de transferencia o de “déficit”, según cambiemos, incluyen el vergonzoso desmantelamiento de la Agencia Nacional de Noticias Argentina, Télam, que ha sufrido el despido de la mitad de su planta, cerrado corresponsalías en las provincias y ha abierto la puerta al silenciamiento de los medios públicos en Argentina y al debilitamiento del sistema democrático a través de la censura.

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