EL AJUSTE QUE SE VIENE

Por Juan Cruz Lucero e Ignacio Vila – Centro de Economía Política Argentina

El Memorándum del ajuste

A partir de la publicación del documento “Memorándum de Políticas Económicas y Financieras” en el cual se detalla el acuerdo entre  Argentina y el Fondo Monetario Internacional, lxs argentinxs pudimos conocer cuáles son los compromisos asumidos frente al Organismo Internacional de crédito. A grandes rasgos es posible afirmar que se profundiza el camino que el propio gobierno viene recorriendo: achicar el gasto público.

En términos del Gobierno, la inflación dejó de ser el principal problema para la economía, ahora el objetivo central sería “equilibrar” las cuentas públicas ya que el peor problema para la economía nacional es el déficit fiscal. Esta definición es sumamente llamativa por dos cuestiones fundamentales: el problema estructural fundamental de la economía nacional es que necesita para su funcionamiento más dólares de los que puede generar y esta situación no se modificará por más que ajuste el gasto público por el sencillo motivo de que se estarían ahorrando pesos y no dólares.

La segunda cuestión es que el gobierno ha tomado diversas políticas que han generado una importante caída de los ingresos, lo que sólo logra aumentar el déficit. En fin, lo que finalmente sucede es que se reduce la carga impositiva sobre todo para los sectores más capitalizados de la sociedad y al mismo tiempo se reducen los beneficios para la gran mayoría de lxs trabajadores argentinos.

En este marco el CEPA  realizó un exhaustivo análisis del documento “Memorándum de Políticas Económicas y Financieras” que vale la pena contemplar ya que  explica el detalle del  préstamo por parte del FMI de unos 50 mil millones de dólares, en el cual Argentina se compromete a llevar adelante una serie de medidas económicas, además de la devolución del capital y los intereses de la deuda.

Recaudación

Con el objetivo teórico de generar mejores condiciones para los inversores, el macrismo ha modificado la estructura tributaria, en ese sentido el informe del CEPA asegura que en lo relacionado a la cuestión impositiva: “El camino elegido por el Gobierno para la reducción del déficit paradójicamente tiene el efecto contrario: lo incrementa. Es la aplicación del típico recetario neoclásico que postula la necesaria baja de la “presión fiscal” como mecanismo de incentivos al capital para la inversión. Se descarta la reducción del déficit a través de la suba de ingresos, sobre todo en el marco de impuestos progresivos”. Y detalla que “los ingresos tributarios representan más del 90% del total de los ingresos y se componen de impuestos, contribuciones a la seguridad social y derechos sobre el comercio exterior.

De los impuestos, que representan casi el 70% de los ingresos tributarios, el más importante es el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que depende directamente del nivel de actividad económica”. La reducción del gasto público, la caída del salario real, el aumento del desempleo y otros factores inevitablemente impactan de manera negativa sobre la actividad económica por lo cual la recaudación del IVA será menor.

En cuanto a los Derechos sobre el comercio exterior “el impacto a valores de 2018 de la reducción implementada en diciembre 2015 alcanza los $62.956 (entre maíz, trigo, y soja)”. La reducción de alguno de estos impuestos continuará por lo que el impacto negativo en la recaudación continuará.  “A esto es necesario adicional la eliminación en lo referido a exportaciones industriales y a la minería, aunque tienen menor peso”, agrega el informe.

El informe continúa evaluando la situación del Impuesto a las Ganancias y asegura que “la reforma impositiva aprobada en diciembre 2017 estableció que se aplique una reducción de la alícuota del impuesto para las ganancias no distribuidas por las empresas, del actual 35% al 30% en 2018, al igual que en 2019, siendo del 25% desde 2020 (5). La estimación realizada por CEPA indica que esto implica una reducción de al menos 21 mil millones de pesos”. Por último en lo relativo a los impuestos sobre los Bienes Personales, CEPA estima una merma de unos 20 mil millones de pesos en la recaudación debido a modificaciones recientes.

En fin, cae la recaudación en todas sus ramas, lo que genera un aumento del déficit. Como asegura el informe solamente queda una alternativa para reducirlo: “efectuar reducciones de partidas del gasto que permitan sobre-compensar la caída de ingresos para también contribuir al déficit “cero” en 2020”.

¿Cómo se reducirá el déficit fiscal, entonces?

Con una fuerte retracción del Gasto Público. Parte de este ajuste ya había sido anunciado por parte de Cambiemos aunque tras el acuerdo con el Fondo los objetivos son aún más exigentes. Entre lo que se había planteado en el Presupuesto 2018 -que rápidamente perdió validez ya que planteaba una inflación del 15,7% y un dólar promedio de $19,30- y lo exigido por el FMI, en el 2018 el recorte extra es de unos $61.800 millones de pesos.

En ese marco el gobierno ha anunciado un recorte de unos 30.000 millones de pesos en obra pública, donde “la mayor parte responde a gastos en obras viales, seguido por obras en vivienda, agua y alcantarillado, el Fondo Federal Solidario, obras vinculadas a la energía y de educación”. Luego anunció también un recorte de $20.400 millones “lo que implicaría alrededor de 30.000 despidos en el sector público hasta 2019”.

Finalmente el informe de CEPA realiza una estimación del ajuste del 2019 teniendo en cuenta el compromiso firmado con el FMI de lograr alcanzar un déficit de 1,3% sobre el PBI. En primer lugar habrá una reducción de los subsidios a la energía por un monto aproximado de unos $56.250 millones, en el caso del transporte se estimó para 2019 un ajuste de unos $30.000 millones, “habrá recortes de salarios por $78.000 millones para 2019, ya que el Memorándum estima una reducción de lo destinado a personal sobre PBI de 3,2 a 2,7%”, una reducción de las compras públicas de unos $30.000 millones y unos $6.000 millones por reducción de transferencias a empresas públicas con déficit operativo. En lo relativo a las provincias el ajuste entre los rubros educación, salud y otros y las inversiones se estima en unos $54.000 millones. En el rubro Universidades el CEPA prevé un ajuste de unos $20.000 millones y en Gastos de capital del gobierno nacional se espera un recorte de unos $30.000 millones que el gobierno espera se compensen con los PPP.

Esta catastrófica descripción en realidad será todavía peor ya que, como aclara CEPA “Hasta aquí se detalló el posible contenido de los recortes suponiendo ingresos creciendo al ritmo de 2% PBI y 24% de inflación. Sin embargo, y dada la previsión efectuada desde CEPA, las decisiones en materia de ingresos tienen efectos sobre la recaudación, por lo que no habría forma de evitar el ajuste sobre el gasto social”.

El tremendo ajuste fiscal que se está llevando adelante en nuestro país y que se profundiza a partir del acuerdo con el FMI tiene impactos mucho más fuertes en el orden social que presupuestario. Tras una falsa preocupación por el ordenamiento fiscal se han tomado medidas de manera constante que transfieren recursos de los sectores más débiles de la sociedad a los sectores más acaudalados. El objetivo parece ser, más que equilibrar las cuentas públicas, debilitar a los trabajadores y fortalecer a lxs dueñxs de la tierra y del capital. En el mismo sentido, el frente externo ha empeorado tremendamente y nos hemos convertido en un país dependiente del crédito externo para su “normal” funcionamiento, lo que nos llevará años de sacrificio a millones de argentinxs para financiar las millonarias ganancias de unxs pocxs.

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