Quitar la gratuidad en salud a extranjeros


PUNTOS CLAVE DE UN PROYECTO XENÓFOBO

Por Amarú Varela
(@AmaruLaw)

A principios de marzo un grupo de diputados oficialistas, encabezado por Luis Petri (UCR-Cambiemos), presentó un proyecto de ley para que los extranjeros no residentes paguen una tasa o seguro por la atención médica en suelo argentino.

Recordemos que Gerardo Morales, actual gobernador de Jujuy introdujo el “debate” polémico sobre la gratuidad de la atención de salud a los ciudadanos bolivianos en territorio jujeño, abriendo la puerta para que el gobierno meta por la ventana (nuevamente) un proyecto para recortar el derecho a la salud y a la educación de nuestros hermanos de la Patria Grande.

En la provincia de Jujuy el proyecto ya avanza en la legislatura y Morales, fiel aliado del gobierno nacional, da así el primer paso.

Los puntos clave del proyecto presentado por los diputados Waldo Wolff, Eduardo Amadeo, Facundo Suárez Lastra, Julián Dindart, David Schlereth, Gustavo Menna, José Carlos Nuñez, Martín Hernández y Estela Regidor, son los siguientes:

* Las personas que ingresen a nuestro país con carácter temporario o transitorio tendrán acceso a los servicios de educación universitaria y salud en forma gratuita, siempre y cuando exista reciprocidad, esto es, que los argentinos puedan gozar de los mismos derechos en el país de origen.

* En caso de no existir reciprocidad ni compensación entre el país de origen de la persona que goza del servicio y la Argentina, el Estado estará facultado a exigirle a ese país un canon por los servicios prestados.

*Quien establecerá el arancel para afrontar el costo del servicio de salud del extranjero será el Poder Ejecutivo.

En tanto que la situación de los “residentes permanentes” se mantiene inalterable.

A todo esto ¿qué dice la Constitución Nacional? Esta es una pregunta que debemos hacer para entender que cuando se trata un proyecto de ley o un cambio en la legislación, debe hacerse un análisis constitucional a fin de que haya una concordancia entre la legislación a discutir y el derecho constitucional vigente.

En su Preámbulo, la Constitución enumera los fines generales tenidos en cuenta por los constituyentes al sancionarla, y en el amplio listado incluye el “promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”, y eso incluye a bolivianos, aunque el gobierno nacional mire para otro lado.

Además, en su artículo 20°, nuestra Carta Magna explicita que los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles que los naturales y además que NO están obligados a pagar contribuciones forzosas extraordinarias, como lo sería esta “tasa retributiva” que el gobierno de los ricos quiere implantar para con los que no tienen acceso a la salud en su país de origen.

Por otra parte, la ley 26.529 sobre Derechos del Paciente en su relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, decreta en su artículo 2° que “el paciente tiene derecho a ser asistido por los profesionales de la salud, sin menoscabo y distinción alguna, producto de sus ideas, creencias religiosas o políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición”. Y aclara que “el profesional actuante sólo podrá eximirse del deber de asistencia, cuando se hubiere hecho cargo efectivamente del paciente otro profesional competente”.

Aclarado esto, vemos como aparece un posible ápice de inconstitucionalidad, ya que no estaría habilitado el Congreso a ir contra lo dictado por la Constitución en materia del derecho a la salud y a la educación.

Por su parte, el Ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein se expidió sobre el tema y planteó que Argentina ha sido un país “con una enorme tradición de salud gratuita y eso está consagrado por la Constitución, pero la realidad es que la salud no es gratuita, alguien la paga; como dicen los americanos, no hay almuerzo gratis”. Y aquí está la ironía, porque no le cobran a los extranjeros norteamericanos ni europeos si se tienen que atender, pero si es boliviano lo marcan con el dedo acusador.

Se sumó al debate el Ministro de Salud jujeño, Gustavo Bohuid, aduciendo que en la provincia se quiere implantar el sistema para “reformar la red sanitaria” y que si algún boliviano quiere atenderse, que se haga cargo Bolivia, que dicho sea de paso, según el funcionario, no respondieron a firmar el convenio de reciprocidad.

Ante esto, la Cancillería Boliviana emitió un comunicado informando que no han recibido un proyecto de convenio sobre asistencia médica y que el tema no fue incluido en la Reunión Técnica Bilateral Bolivia-Argentina del pasado 15 de enero.

Al final, cada declaración demuestra que las acusaciones que pesan sobre los inmigrantes de los países limítrofes, que según el gobierno nacional, “vienen para atenderse gratis o para estudiar gratis” tienen una marcada cuestión discriminatoria y racista. ¿Por qué? Basta con analizar el caso del ciudadano estadounidense que fue herido en el barrio de la Boca y atendido por el Hospital Argerich de manera totalmente gratuita para darnos cuenta cómo cambia el análisis de blanco al negro cuando se trata de un inmigrante de piel oscura. Porque como dice Zaffaroni, para ellos, “el bien es blanco y el mal es negro”.

Entonces, lo peligroso de estas “reformas” es que sean el principio del fin, tanto de la salud como de la educación pública, y ojo! no sólo para los inmigrantes que quieran habitar el suelo argentino.

 

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