PARA MANIPULARTE MEJOR

Por Daniel Bello

En junio de este año se informó que se fusionaban Telecom y Cablevisión, en agosto, los accionistas aprobaron la operación.
En octubre, durante la segunda jornada de la Conferencia Mundial de Telecomunicaciones, el titular del ENACOM, Miguel De Godoy, fue consultado por el plazo de 90 días que tenían para expedirse y este afirmó: “No nos corren los plazos sobre la operación más importante de la historia de las comunicaciones en el país”. También confirmó que en enero se iba a otorgar el permiso a las telefónicas para utilizar el servicio satelital para dar televisión a partir de enero de 2018.

Pocos días antes, en septiembre, De Godoy había afirmado que ese permiso sería mediante DNU presidencial.

Finalmente, el 21 de diciembre se emitió la aprobación del ENACOM y aunque falta la aprobación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, todo marcha sin sobresaltos para que la resultante de la fusión se constituya en la mayor empresa de telecomunicaciones del país.

Es decir, un monopolio de dimensiones dantescas nunca antes visto en nuestro país.

Se genera un monstruo que concentrará:

– A nivel nacional el 42% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil, el 56% de las conexiones a Internet por banda ancha fija, el 35% de conectividad móvil y el 40% de tv paga.

– En aproximadamente 130 localidades donde había dos compañías para competir en la oferta de prestaciones del cuádruple play, ahora habrá una. Habrá una reducción de la competencia.

–  Además de esta fusión, el Grupo Clarín es el mayor editor de diarios del país: Olé,Diario La Razón, Revista Genios, Diario Los Andes y La Voz del Interior entre otros.  Propietario de radios en AM (Radio Mitre) y FM (La 100); canal 13, además de canales de TV paga, y el accionista mayoritario en Papel Prensa S.A.

Lo que sigue, luego de que el monopolio ha dado los pasos necesarios para estabilizarse y acaparar más del 60% del mercado, será que se sancione la tan mentada Ley de Convergencias, la cual mediante la resolución 694-E/2017 del 28 del corriente mes ha vuelto a ser aplazada por 180 días.

Mañana se cumplen 2 años del día en que Marcos Peña anunció que se derogaba parcialmente la Ley 26522 mediante DNU y acuñaba para la historia la frase: “Hoy por decisión del presidente Macri se termina la guerra del Estado con el periodismo”.

Sin embargo, en las represiones del 14 y el 18 de diciembre, durante la cobertura de las manifestaciones contra la reforma jubilatoria, no menos de 48 fotógrafos, camarógrafos y cronistas fueron heridos y agredidos por policías. Cerca de otra docena sufrió detenciones durante las cacerías pos movilizaciones, como por ejemplo los integrantes de FM La Patriada.

Censura a medios y ONG por la OMC, el nuevo inicio

El 30 de noviembre surgió la noticia de que el gobierno de Mauricio Macri había revocado más de 60 acreditaciones de sindicatos, activistas, ambientalistas, abogados y periodistas que estaban acreditados para la cobertura de la OMC en Argentina, en algunos casos con más de 15 años de participación.

En un comunicado (https://www.mrecic.gov.ar/) emitido el 2 de diciembre por Cancillería, afirma que informó a la OMC: “la existencia de algunos inscriptos, registrados por dicha Organización en nombre de algunas ONG’s, que habían hecho explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos”.

El 8 de diciembre fueron retenidos en el aeropuerto de Ezeiza el noruego Petter Titland, líder de AttacNorge e investigador de empresas offshore -fue deportado a Brasil y posteriormente se le permitió el reingreso al país- y la británica Sally Burch, Directora Ejecutiva de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI).

En su sitio web ALAI indica que es un organismo de comunicación, de carácter internacional, comprometido con la vigencia plena de los derechos humanos, la igualdad de género y la participación ciudadana en el desarrollo y quehacer público de América Latina.
No pudo encontrarse ninguna situación que coincida con lo descrito por cancillería, tampoco hay antecedentes en la historia de la OMC de una decisión tal.
Incluso una carta de Cecilia Malström – comisionado de comercio de la Unión Europea-, enviada al canciller Jorge Faurie, expresó su preocupación por la lista negra de la sociedad civil y aseguró que ellas no representan una amenaza a la seguridad.

Por otra parte, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, indicó en una entrevista radial que preveía un diciembre tranquilo y al ser consultada por los conflictos sociales que pudiesen generarse, afirmó: “actuaremos sobre los grupos de Facebook que intentan provocar el caos”.

La política de censura del gobierno mediante persecución, judicialización y ahogo económico a lxs comunicadorxs ha marcado estos años y, de extenderse esta política sobre las redes sociales, bajo pretexto de detener a quienes quieren “provocar caos”, está consolidando el nuevo enemigo interno.
Un enemigo que tiene como su faz más visible al pueblo mapuche, pero que, a su vez, tiene la “capacidad” de mutar y ajustarse según las necesidades que tenga el gobierno en distintos momentos: funcionarios del gobierno anterior, periodistas, intendentes, entre otros.

En la Marcha de la Resistencia (7 y 8 de diciembre), Hebe parafraseó el poema atribuido a Bretch –en realidad es de Martin Niemöller – sobre el que una persona no se inmutaba cuando buscaron a judíos, comunistas, sindicalistas y católicos, hasta que golpearon a su puerta, pero ya era tarde porque no había quien dijera nada.

En el marco de una nueva sanción de una ley de convergencia, con un control policía sobre las redes, los medios comunitarios, como hemos dicho anteriormente (http://bit.ly/2AkjiLt), tenemos la gran oportunidad de realizar comunicación comunitaria en su máxima expresión: con la voz en el aire y los pies en el barro.

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