Honduras:

NUEVOS MECANISMOS PARA DEBILITAR LA DEMOCRACIA

Por Miguela Varela

Las elecciones del domingo en Honduras, cuyos resultados parciales dan como ganador al opositor Salvador Nasralla, muestran un panorama político dominado por la fragilidad de su democracia con algunas innovaciones que son necesarias analizar: la manipulación constitucional, los mecanismos económicos que fortalecen al poder económico nacional e internacional y la utilización de la violencia política y social a manos del empresariado. Este escenario convierte a Honduras en un caso testigo de la fragilidad democrática en nuestra región. Y no solamente porque los golpes de estado (militares o civiles) debiliten o destruyan a las Instituciones democráticas, sino también porque se utilizan nuevos mecanismos institucionales para fortalecer la concentración del poder político y económico.

El contexto actual está marcado por la ilegitimidad de la candidatura del oficialismo, las sospechas de fraude electoral, los casos de corrupción, la violencia política y social y la consolidación de las desigualdades económicas donde la pobreza alcanza al 60% de la población.

Manipulación constitucional

Tras desplazar del poder a Manuel Zelaya en el año 2009 alegando su intención de ser reelegido, las fuerzas de derecha, desde entonces, han retornado al poder. En estas circunstancias, el país centroamericano vuelve a elegir presidente pero con una particularidad: el actual presidente busca su reelección. ¿Pero no era esto inconstitucional? ¿No fue esta la causa por la que derrocaron a Zelaya? Los conservadores no vacilan a la hora de manipular las herramientas políticas a disposición. En 2009, alegando el fiel respeto a la Constitución Nacional consiguieron retornar al poder, y hoy pretenden perpetuarse a través de un fallo de la Corte Suprema que habilita a Juan Orlando Hernández (JOH) a postularse nuevamente. Pero la manipulación de las herramientas institucionales continuó y, siendo JOH presidente del Parlamento durante 2013, destituyó a cuatro de los cinco magistrados de la Corte Suprema, reemplazándolos por quienes ahora declararon la inconstitucionalidad del artículo 239 de la Constitución, el cual prohíbe la reelección presidencial. Aún más, se trata de una disposición que sólo puede modificarse a través de una Asamblea Nacional Constituyente, es decir, por mandato del pueblo.

ZEDEs para el fortalecimiento del capital

El actual presidente pretende “revolucionar” la economía hondureña a través de una nueva propuesta: las Zonas Especiales de Desarrollo y Empleo. Según la definición oficial, las ZEDEs son “áreas del territorio nacional sujetas a un régimen especial en las que los inversionistas estarán a cargo de la política fiscal, de seguridad y de resolución de conflictos, entre otras competencias”. Es decir, son territorios autónomos donde reinarán no sólo las exenciones fiscales, sino también el control privado sobre las fuerzas policiales y los tribunales. Ni más ni menos que nuevos mecanismos impuestos por el capital concentrado a aquellos Estados que no temen entregar la soberanía de sus países a cambio de algunas ventajas en materia de inversiones y empleo. Esto es, los inversionistas privados tendrán a su cargo el poder de policía, la aplicación de Justicia y la “resolución de conflictos”. Sin embargo, en 2012, la Corte Suprema declaró inconstitucional la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo aprobada en 2011, base legal para poder construir las “ciudades modelo”. Finalmente, el Parlamento logró que destituyeran a cuatro de los seis jueces que se habían manifestado en contra del proyecto. De esta forma, se logró materializar la iniciativa en 2013 a través de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico. Si bien el proyecto aún no se concretó, evidencia los intentos del capital concentrado en avanzar sobre espacios estatales soberanos, como otra forma de debilitar las Instituciones democráticas.

La violencia social como herramienta empresarial

Existen otros mecanismos que permiten los avances del capital sobre las prerrogativas estatales, como son la persecución y los asesinatos de activistas sociales, políticos y ambientales. Sólo en el marco de la campaña electoral cuatro activistas de diferentes partidos políticos fueron asesinados. Según la investigación de Global Witness “Honduras: el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental”. Entre 2010 y 2016, fueron asesinados 120 activistas ambientales. En esta línea, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Autónoma de Honduras difundió un estudio según el cual entre 2008 y 2015, 40.000 personas fueron víctimas de homicidios con armas de fuego.

Con este escenario de fondo, un caso emblema también influye en la campaña: el asesinato de la lideresa ambientalista Berta Cáceres, asesinada por defender los derechos del pueblo lenca vulnerados por la construcción de una represa hidroeléctrica. Hace algunos días se difundió por primera vez un informe elaborado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas, un grupo de investigadorxs independientes que decidió investigar el caso ante la complicidad del Estado hondureño con la empresa responsable de la muerte de Cáceres. El informe final concluye que el caso se estructura detrás de un esquema criminal integrado por funcionarios públicos, aparatos de seguridad del estado y miembros de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., quien tiene a cargo la concesión para construir el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Si bien se han detenido los avances de la obra, la concesión continúa en manos de la empresa.
Una muestra más de la debilidad de la democracia económica y política en Honduras.

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