EN BRASIL LA LUCHA SIGUE

Por Miguela Varela

Hace un año que Brasil inauguró una nueva etapa política y económica con la asunción de Michel Temer, lo que profundizó la crisis de su sistema político que se encuentra teñido por causas de corrupción que afectan a todos los partidos. La llegada de Temer no hizo más que ahondar el conflicto institucional, de la mano de un protocolo de medidas económicas ortodoxas que apuntan a la reducción del gasto público, a la flexibilización laboral, y a la disminución del poder de los sindicatos. Un presidente votado por nadie que está llevando a Brasil a un rol de espectador del escenario internacional y a un crisis social que le estallará en las manos.

La reforma laboral lanzada por el Partido de la Social Democracia Brasileña pretende una preminencia de la negociación colectiva sobre la legislación laboral, reformando la Ley de Tercerización y retirando el carácter obligatorio de la contribución sindical. En primer lugar, esto significa que lo acordado entre empleadores y empleados tendrá mayor valor que lo establecido por la ley. En segundo lugar, se promueve la contratación de trabajadores por hora o días a la semana, a cambio de permitirle al empleado tener más de un trabajo y acordar horarios flexibles. En tercer lugar, la reforma previsional apuesta al aumento de 30 a 40 en la cantidad de años necesarios de aporte para contar con una jubilación.

Está claro que lo conservador de las medidas no resultará en mejoras, ya que el ajuste al sector trabajador con una desocupación del 13,7%, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, afecta a 14,2 millones de personas. Se trata de un aumento de 3,1 millones más de personas comparado con el mismo período del año pasado.

Con este escenario, las organizaciones sindicales convocaron al primer paro general en 21 años. El último hecho de este tipo fue en 1996, bajo la presidencia de Fernando Henrique Cardoso, debido a la fuerte caída del empleo y de los salarios. La convocatoria se sintió y mucho, con mayor intensidad en los principales centros urbanos tales como Río de Janeiro, El Salvador, Natal, San Pablo, Refice, Porto Alegre, Manaos, Curitiba, entre otros. Se estimó una participación de 35 millones de personas, conviertiéndose así en la mayor movilización de la historia de Brasil. El presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), Vagner Freitas, comparó la huelga con el movimiento de 1989 cuando millones de trabajadores declararon paro general.

La paradójica receta neoliberal que pretende sacar al país de la crisis, aumentando el desempleo en un 12%, no tiene un salida sin conflicto social. La recesión avanza con una caída del 4,6% del PBI para 2016, según las estimaciones del Banco Central de Brasil, y con un fuerte impacto en el sector de las manufacturas, industria intensiva en mano de obra. Según la Confederación Nacional de la Industria (CNI), en 2016 la industria brasileña registró una caída del 12,1% en su facturación, mientras que cayeron un 7,6% las horas trabajadas y 7,5% la demanda de empleo. A esto, debemos sumarle la enmienda constitucional que congela la inversión pública para los próximos 20 años.

Los logros concretados por el gobierno de Lula Da Silva y de Dilma Rousseff, están siendo destruidos. Según los datos de la FAO, entre los años 2002 y 2014 se produjo una disminución del 75% de la pobreza extrema gracias a la implementación del Programa Bolsa Familia. Sin embargo, el actual presidente redujo este beneficio excluyendo a más de 10 millones de personas.

En un contexto de estas características, es importante el fortalecimiento del rol de los sindicatos considerando especialmente dos hechos fundamentales. Por un lado, una crisis económica que apunta al retroceso de la participación de la clase trabajadora en la generación de riqueza y, por otro lado, el descrédito general de todo el arco político brasilero, que se agudiza con un presidente que cuenta con una casi inexistente legitimación del pueblo. La unica salida: la unidad de la clase trabajadora.

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