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JUSTICIA Y PATRIARCADO: EL CASO DE BELÉN

 
Fotografía: Cecilia Markic

A mediados de abril de 2016 se conoció un hecho que nos estremeció y estremece y  que nos interpela a todas. Belén, una mujer tucumana de 27 años, está presa a causa de un aborto espontáneo. El 19 de abril, la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán la condenó a 8 años de prisión al considerar que cometió “homicidio agravado por el vínculo”. Desde nuestro espacio nos preguntamos cómo pudo darse un desenlace tan injusto,  y nos propusimos reconstruir los hechos y reflexionar acerca de los valores por los cuales se maneja el poder judicial en nuestro país.

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En la madrugada del 21 de abril de 2014, Belén fue con su mamá al hospital de Clínicas Avellaneda, en Tucumán. Tenía fuertes dolores abdominales y sangrado. Al ingresar a la guardia, los médicos le suministraron analgésico para el dolor y la derivaron a un ginecólogo por el sangrado abundante. A partir de ese momento comenzó la pesadilla que continúa hasta el día de hoy.

En el área de ginecología, la enfermera Verónica Ledesma le realizó un interrogatorio acusatorio sobre la hemorragia: “Me preguntó si me puse algo porque no era normal el sangrado”, contó Belén al medio APA. Belén le respondió a la enfermera que había ido al baño con un poco de sangre. Minutos después, un médico le informó que había tenido un aborto espontáneo de 20 semanas de embarazo. Ella no sabía que estaba embarazada, lo dijo en ese momento en la camilla del hospital y lo dice ahora desde la cárcel. Las irregularidades en el tratamiento de la paciente aún continúan. Según el testimonio de la madre de Belén, luego de esta situación una policía salió de uno de los baños del hospital y dijo que había encontrado un  feto, al cual identificaron de inmediato como el “hijo” de la joven. Ella volvió a ser acusada: “Un enfermero me trajo el feto en una cajita y me insultó por lo que le había hecho. Yo le decía eso no es mío y me decía ‘mira este es tu hijo”, relata.

A Belén la derivaron al área de Sala de Partos comunitaria, donde suelen alojar a las madres que acaban de parir con sus bebés. Cuando despertó se encontró con personal policial rodeándola y médicos forenses que la “revisaban abajo” como dice ella misma ante el juez. Permaneció internada 5 días y al recibir el alta médica fue encarcelada. Belén aún no pudo regresar a su hogar, sigue privada de su libertad, cumpliendo su condena en una cárcel común. Los procedimientos a los que fue sometida Belén son considerados como “formas de tortura y tratos degradantes” por los tratados de derecho internacional.

Los profesionales que debían abogar por su salud no hicieron más que exponerla y realizar una violación sistemática de sus derechos. La condena “moral” a la que es sometida Belén por un supuesto “crimen” es incompatible con el juramento hipocrático realizado por el médico denunciante, y por todos los profesionales de la salud. El mismo reza:

“no permitir que consideraciones de credo político o religioso, nacionalidad, raza, partido político o posición social se interpongan entre mis deberes profesionales y mi paciente”;

 

Sobre su situación ante la Justicia (¿justicia?)

Belén fue denunciada mientras estaba internada, el secreto profesional que ampara la consulta médica fue violado. En el proceso judicial se le imputó, primero, un aborto seguido de homicidio, figura penal inexistente. Dos años más tarde, durante los cuales permaneció detenida, fue condenada por “homicidio doblemente agravado y por alevosía” a 8 años de prisión. Sus derechos fueron vulnerados desde que ingresó en el hospital. La justicia (¿justicia?) resolvió que Belén era la “autora material” del supuesto homicidio. En ningún momento de la investigación se realizó una prueba de ADN que determine el vínculo entre ella y el feto encontrado en el baño del hospital público. Los jueces, que se pronunciaron en contra de absolver a Belén por la falta de una “duda razonable”, plantearon que la prueba genética era “innecesaria” ya que el resto de los elementos de la investigación eran suficientes para condenarla.

En principio, la defensa de Belén estuvo a cargo de la Dra. Norma Susana Bulacios, defensora oficial, que centró su defensa en la hipótesis de que su defendida era inimputable por haberse encontrado en “estado de inconsciencia y sin dominio del acto”, desoyendo a Belén, quien siempre sostuvo el desconocimiento acerca del embarazo. Este argumento fue interpretado por el Tribunal como un “tácito reconocimiento de la materialidad del hecho”. Cuando se conoció la sentencia, Soledad Deza, abogada de la asociación Católicas por el Derecho a Decidir, tomó su representación penal y denunció que “a lo largo del juicio, “se impusieron concepciones conservadoras por encima del cumplimiento de la ley”. Deza apeló la condena ante Casación y pidió la excarcelación para que la mujer pudiera esperar la sentencia firme fuera de la cárcel. Pero el pedido de cese de prisión preventiva de Belén fue denegado.
La “Justicia” tucumana basó su decisión en la existencia de “peligro de fuga” y a la falta de pruebas en la vulnerabilidad de Belén. Su abogada explicó que “lo que hacen es basarse en un informe ambiental de la causa, que es viejo, y dicen que por la situación habitacional de Belén (vivir en una casa de material, la de sus padres) y trabajar en una cooperativa, trabajo que evidentemente no tiene hoy en día, existe peligro de fuga”. “Lo que omiten del informe es que su madre es empleada doméstica y que su padre un empleado informal de la herrería”. Como si esta situación no fuera ya de por sí irregular y arbitraria, suman la justificación de la prisión preventiva bajo la excusa de prórroga, decisión que fue tomada en otras instancias de la causa: “En nuestro código hay un artículo que expresamente dice que cuando haya una condena pueden prorrogar por seis meses la prisión preventiva aunque no esté firme la condena”. “Nosotros argumentamos que cuando se fijó la preventiva se utilizaron pruebas que consideramos insuficientes, pero en esta instancia la Justicia se ataja diciendo que sólo la están prorrogando y no decidiéndola. Y así no analizan las pruebas”, cuenta Deza.

A partir de esta decisión, la defensa presentó un “recurso de casación” (figura procesal por la que se puede pedir que la Corte, en este caso, la de la provincia de Tucumán) revise la sentencia. Días atrás, el ministro fiscal de la provincia, Edmundo Jiménez, dictaminó a favor de Belén, estableció que la condena “tiene severas fallas en su fundamentación” y que la mujer se encontraba en una situación de vulnerabilidad con altos niveles de angustia, y no tenía conocimiento acerca de su embarazo. Si bien el análisis de Jiménez no es vinculante (en sí mismo no puede ordenar que se otorgue la casación a la defensa de la imputada) su pronunciación tiene peso, ya que se trata de la opinión de un funcionario que tiene una encumbrada posición en el poder judicial de la provincia. La libertad de Belén se siente cada vez más cercana._MCM6400

Voces a favor de Belén

El caso ha tenido repercusión a nivel regional e internacional, habiéndose pronunciado al respecto incluso las Naciones Unidas, que en las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos publicada el pasado 15 de julio, en su inciso 12 dice: “El Estado debe revisar el ‘caso de Belén’, a la luz de los estándares internacionales en la materia, con miras a su inmediata liberación, y a la luz de este caso, considerar la descriminalización del aborto”. Además, diez organizaciones se presentaron como amicus dando argumentos legales en la causa. También se sumaron miles de pronunciamientos de distintas organizaciones a nivel nacional y regional, que apoyan la liberación inmediata de Belén, campañas mediáticas donde participan referentes de nuestra cultura proclamando por su libertad. Amnistía Internacional se presentó con más de 120. 000 firmas de distintos lugares del mundo en un documento que proclama la inmediata libertad de Belén. Ella fue entrevistada por distintos medios no-hegemónicos (Página/12, La Izquierda Diario, Notas.org, etc) donde pudo explicar los hechos en primera persona. El movimiento de mujeres está preparando una multitudinaria marcha para el viernes 12 de agosto exigiendo su libertad.

Los medios y el caso Belen

Cuando el caso tomó público conocimiento, los medios hegemónicos, en su ya conocida connivencia con el poder judicial, salieron agresivamente a defender el fallo, apelando a una cuestión fundamental en nuestra sociedad: la maternidad: “Tucumán: condenan a una mujer por matar a su bebé y ella dice que fue un aborto espontáneo”. Los medios provinciales vincularon su caso con el de Romina Tejerina y hasta llegaron a mostrar fotos del feto con el que incriminan a  Belén. Estas acciones generaron que a los desprevenidos espectadores se les figure un escenario disímil y cargado de morbo, disfrazando las múltiples injusticias a la que es sometida Belén hace 900 interminables días.

¿Cuál es el crimen que cometió Belén? La respuesta que ella misma dio en una entrevista es esclarecedora: “Yo estuve callada durante dos años. No me animaba a hablar. Tenía miedo. Me habían dicho que me darían perpetua. Me condenaron sólo por dichos, por ser humilde, por ir al hospital, por no tener plata para ir a una clínica y pagar una buena defensa”.

Queda claro. La condena es por ser mujer, pobre, por desconocer sus derechos, por caer en un Poder Judicial que se rige por la  doble moral que por un lado, criminaliza a las mujeres por sufrir abortos espontáneos y, por el otro, libera proxenetas (recordemos el escandaloso desenlace del juicio por Marita Verón, donde se desestimaron los testimonios de las mujeres víctimas de las redes de Trata de Personas).
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Su condena es una condena moral, una suerte de castigo a una mujer por un supuesto aborto, un caso extremo de violencia contra la mujer de cuño institucional, cuyo patrón se repite en la provincia de Tucumán.

Es paradójico. La “justicia” tucumana actúa de manera ilegal, patriarcal, criminalizando, condenando a las mujeres pobres y protegiendo a los poderosos.

No mirar para otro lado

Estos casos ponen en relieve la necesidad de darnos dos debates que consideramos fundamentales en la construcción de una patria libre, justa y soberana: la democratización de la justicia y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Desde nuestro espacio llamamos a NO mirar para otro lado. Entendemos que el caso de Belén se conoce hoy porque muchas personas y colectivos lucharon para que recupere la libertad. Es necesario dejar la hipocresía de lado y discutir definitiva, seria y responsablemente el tema de la mujer y su decisión sobre la maternidad, la mujer y la interrupción voluntaria del embarazo, la mujer y el aborto. Aborto, sí,  es la frase temida por tantos pero cuya práctica es mucho más común de lo que los índices oficiales dicen y  que los medios de comunicación callan.

A Belén la juzgan por un hecho que ella no cometió. Belén lo dijo a gritos y con llanto ante el tribunal. Pero nadie quiso escucharla. Pero, entonces ¿Porque se la condena a Belén?
La conclusión es clara: se la condena por ser mujer, por ser parte de un grupo social vulnerable, de bajos recursos económicos y de escaso acceso a la información sobre sus derechos y sobre la soberanía sobre su cuerpo. Es lamentable que aún en estos tiempos nuestro sistema de salud pública actúe de esta manera, que sea cómplice de la violación del derecho a la privacidad de una persona y se ensañe tan macabramente.

Belén sufrió y padeció 900 días, 900 malditos días, privada de su libertad. Pero hoy es una mujer empoderada, que conoce sus derechos, busca respuestas, busca que se sepa la verdad, necesita que se haga justicia, por ella y por todas las otras mujeres que padecen lo mismo que ella padeció.

Ella lo dice claro: “Que ninguna otra mujer pase por lo mismo ni tenga miedo de ir a un hospital”

Ante las polémicas declaraciones realizadas por Mauricio Macri (“Conmigo la despenalización del aborto ni pensarlo”) insistimos en la necesidad de que se abra el debate real sobre el aborto y el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Porque lo legal no siempre es legítimo y, por lo tanto, la legitimidad impone la transformación de lo legal.
El definir al aborto como un delito sitúa a las mujeres como posibles o eventuales delincuentes, estableciendo dos campos contrapuestos: las mujeres inocentes y las mujeres criminales. Es por esto que la legalización es tan importante, para poder regular una práctica común, sea esta espontánea o no. La mujer debe tener derecho a decidir sobre su propio cuerpo, que es un derecho personalísimo, ya que este es el primer territorio de ciudadanía de todo ser humano.

El caso de Belén, como el de muchas otras mujeres, es un problema de salud pública, en el cual se encuentran involucrados derechos humanos fundamentales tales como el derecho a la vida, a la autonomía, a la dignidad, todos estos respaldados y consagrados por los tratados internacionales de derechos humanos.

Hoy volvemos a luchar, a gritar, a organizarnos, porque debe ser efectivo el principio constitucional de igualdad y no discriminación al que tenemos derecho todas las mujeres, sin distinción de clase social, etnia, etc, para lo que necesitamos el respeto a la autonomía: el reconocimiento de la libertad para decidir ante todo hecho de nuestras vidas.

En esta lucha, las mujeres gritamos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar; aborto legal para no morir. La de Belén es la lucha de todas las mujeres que no queremos ser juzgadas con la vara del patriarcado, sino desde la igualdad del derecho a la vida y a decidir sobre la misma.

Nadie le podrá devolver a Belén los años que pasó privada de su libertad pero la visibilidad que tomó su caso, la movilización que generaron las organizaciones feministas,  el eco que se generó en todo el mundo deben marcar un punto de inflexión, al menos en nuestro país. Belén hoy es consciente de sus derechos y proclama por su libertad y por los derechos de las demás detenidas. Ella sabe que sufrió una injusticia y prepara un libro para contar su historia, para que nunca más haya mujeres presas por los fallos arbitrarios de jueces patriarcales, que nunca más ninguna se pierda en los laberintos del poder judicial y sus entramados de poder misógino y conservador.

*En el libro “Jaque a la reina”, de Mariana Álvarez y Soledad Deza publicado en 2014 se demuestra la recurrente violación del secreto médico, ya que los profesionales de la salud suelen realizar denuncias penales a aquellas mujeres que lleguen con un aborto en curso a requerir de sus servicios, más allá de que se trate o no de un proceso espontáneo.

 

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