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EL SINDICALISMO ANTE UNA NUEVA ETAPA DE RESISTENCIA

 

Por Tania Rodriguez

Este viernes 29 de Abril, las cinco centrales obreras de la Argentina convocan a una movilización al Monumento al Trabajo. Se tratará sin dudas de un hecho histórico, no sólo por la magnitud de la convocatoria – se esperan cientos de miles de trabajadoras/es – sino por el contexto en el que la convocatoria se realiza: cerca de cinco meses de gestión del gobierno de CAMBIEMOS con un saldo de más de 140 mil despidos entre trabajadores del sector público y privado (un promedio de 1000 despidos por día).

cgt argentinosDesde diciembre pasado, bajo la premisa de la necesidad de “ajustar gastos” para pagar el despilfarro heredado, las/os trabajadoras/es hemos sido perjudicado con un paquete de medidas destinadas a modificar el saldo de redistribución de ingresos que la “herencia” de los gobiernos kirchneristas dejaron. El objetivo de estas medidas – devaluación, despidos masivos, tarifazos en transporte y servicios públicos, desregulación de las principales actividades económicas extractivas y financieras, etc.- es alcanzar una tasa de desocupación del 15 % que permita bajar “costos” de producción a través de la baja en los salarios de las/os trabajadoras/es y la transferencia directa de ingresos a los grupos concentrados.

Con mayor o menor grado de lealtad a sus tradiciones político-ideológicas teniendo en cuenta el accionar de algunos referentes sindicales en el pasado inmediato, la bandera de unidad en la acción logró aglutinar para demostrar capacidad de reacción al nuevo gobierno. Como una primera iniciativa, las centrales sindicales impulsaron junto a diputados y senadores de diversos bloques una ley anti-despidos para frenar el atropello que viven trabajadoras/es a lo largo y ancho de nuestro país y que logró esta semana la media sanción en Cámara de Senadores. Esta ley junto a la movilización en repudio a las políticas del gobierno representan un mensaje a Mauricio Macri. Aunque también lo es a la dirigencia peronista/kirchnerista que, en las últimas semanas, demostró recuperar iniciativa, capacidad creativa y terreno para reabrir discusiones y propuestas de acción como representación de una gran cantidad de votantes y de trabajadores/as que votaron por otra opción, y que hoy se ven desamparados ante la ofensiva de la ortodoxia económica aliada a buitres y destinos paradisíacos para las finanzas fugadas.

En este marco, bien vale apuntar algunas reflexiones en un intento por desenmarañar la complejidad del escenario al que se enfrenta el movimiento obrero y abrir el debate.

Dos modelos de Estado, varios modelos sindicales.

Las reformas estructurales impulsadas durante la década de los noventa, que agudizaron el proceso de desindustrialización, la crisis ocupacional, la caída del salario e inequidad distributiva concluyeron con el desmantelamiento de un Estado cuyo proceso de desintegración se había iniciado en 1976. La transición de este Estado hacia el –mal llamado – “Estado mínimo”, transformó la dinámica del mercado de trabajo y esto tuvo, indefectiblemente, un fuerte impacto en las instituciones sociolaborales, particularmente en los sindicatos. Por un lado, la CGT sufrió en esta década los impactos de la transformación de las condiciones políticas y económicas en las que había desarrollado históricamente su accionar: la fase final de agotamiento del Estado “interventor”, puso en crisis un modelo sindical creado bajo ese paradigma cuyo protagonista era la central obrera nacida al calor del Estado, durante el primer gobierno de Perón. Por su parte, la naciente CTA (1992) encontró en el campo político, un espacio para realizar sus principales intervenciones contra los efectos del neoliberalismo ante un Estado que “se retiró” de la regulación de las esferas socioeconómicas.

El resurgir o revitalización del sindicalismo en Argentina durante los años de la postconvertibilidad (2003 en adelante), estuvo íntimamente vinculada a la transformación de las políticas laborales impulsadas por el Estado en esta etapa. La recuperación económica tras la salida de la crisis de 2001-2002, en sintonía con un cambio en la orientación de la política económica y laboral y la recuperación de instituciones laborales como el salario mínimo vital y móvil, las paritarias, los convenios colectivos de trabajo transformaron el escenario de acción sindical. El movimiento sindical resurgió en la disputa por la distribución de la renta como un actor de peso a partir de la recuperación de la capacidad adquisitiva de los salarios, el aumento de los niveles de empleo y, en consecuencia, el incremento de recursos de poder de los sindicatos a partir del aumento de la tasa de afiliación y mayor capacidad de presión sobre el Estado.

A su vez, el giro del peronismo/kirchnerismo fue un factor de incidencia en el proceso de transformación del papel que cumplió sindicalismo durante esta etapa. La alianza establecida durante el gobierno de Néstor y el primer gobierno de Cristina, permitió la integración de los trabajadores formales sindicalizados en el proceso político kirchnerista. Por otro lado, la relación del gobierno con la CTA liderada por Hugo Yasky – con sus altibajos- posibilitó consolidar una agenda de reivindicaciones sociolaborales que la central de origen clasista supo instalar y sostener independientemente de su reconocimiento como central alternativa (la discusión sobre libertad y democracia sindical, la situación de los trabajadores tercerizados, la construcción de un modelo de integración regional con inclusión social, entre otros temas).

Sin embargo, aun cuando los avances en materia laboral y sindical fueron notorios durante estos doce años, hubo algunos resquebrajamientos en la construcción de una agenda sindical que pudiera perforar el techo de reivindicaciones sectoriales y posibilitara una integración entre el movimiento obrero y las organizaciones sociales y políticas kirchneristas. La distancia entre los programas de acción del sindicalismo y las organizaciones sociales, la fragmentación propia de las centrales sindicales y la emergencia de nuevas organizaciones de trabajadores de la economía popular dan cuenta de la complejidad del escenario sobre el cual el movimiento obrero organizado debe definir sus estrategias de proyección político-sindical.

La resistencia se consolida en la acción

Las autocríticas sobre el saldo político de 2015 se han manifestado de un lado y del otro, con reconocimientos más o menos genuinos. Algunos referentes sindicales más que otros hoy se hacen cargo de esto en la práctica concreta dando pelea por los puestos de trabajo con organización y en la calle. Algunos dirigentes de organizaciones sociales, también han recogido el guante, movilizándose junto a los sindicatos y/o promoviendo, desde su lugar y en el marco de posibilidades existentes, la sindicalización (afiliación) de sus bases. Lo cierto es que los procesos de unidad no pueden (no deberían) saltearse la discusión programática, porque son procesos que llevan tiempo si el objetivo es trascender la autocrítica y cristalizar en organización la práctica política para fortalecer al movimiento, para cuidarnos entre todos como trabajadoras/es.

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Hoy, tal vez de manera más notoria que en la etapa anterior, los sindicatos representan uno de los pilares centrales en la pelea contra las medidas de un Estado neoliberal. Bajo distintas modalidades de acción y con posicionamientos diferenciados, las organizaciones sindicales han mostrado capacidad de reacción y son punto de apoyo para miles y miles de trabajadores que sufren la persecución, estigmatización y avasallamiento por parte del gobierno de CAMBIEMOS. Por supuesto que no alcanza sólo con esto. Las deudas relativas a la democratización, renovación de la dirigencia sindical e interpelación a un sujeto trabajador informal, tercerizado y ajeno a la tradicionalidad del sindicalismo nos debieran obligar a recrear formas de organización y contención del conflicto para poder torcer los derroteros que la transnacionalización de la economía y del mercado de trabajo nos imponen.

Así y todo, las tensiones y transformaciones de la fisonomía sindical, la emergencia de nuevas organizaciones y experiencias políticas y sociales de resistencia y los puntos de contacto entre el conjunto de organizaciones del campo popular y de los trabajadores, expresan la magnitud del desafío que tenemos por delante en un contexto de avanzada del neoliberalismo en América Latina: reconstruir nuestra capacidad de movilización y proyección política para la defensa de nuestros puestos de trabajo, nuestros derechos, nuestros sueños de vivir una vida justa, con dignidad.

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