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EL PLAN A

 

Por Nicolás Goscilo

Se ha escuchado en diversos ámbitos que la gestión macrista y su sesgo fuertemente antipolítico representan una novedad en la historia contemporánea argentina. Desde hace décadas no se observa que las propias fuerzas productivas tomen las riendas del estado ellas mismas, ya que su estrategia de poder para intentar imponer sus intereses por sobre los de los demás, solía basarse en apoyar gobiernos dictatoriales o cooptar estructuras partidarias de origen popular.

Se vuelcan entonces a la esfera pública decenas de declaraciones emitidas por el sector ejecutivo de la gestión, que no por inéditas dejan de sorprender, pero que denotan de manera transparente el sistema de valores, ideas y cosmovisión que la nueva administración acarrea. No puede achacársele falta de honestidad intelectual al gobierno cuando declara, a través de sus ministros o el mismísimo presidente que “no hay plan B”, haciendo alusión a generar alguna alternativa que no esté basada en la emisión de deuda como motor del país.

El debate se da en torno a lo mismo de siempre: el modelo económico a adoptar, basado en una economía de producción nacional, de sustitución de importaciones con anclaje en el mercado y consumo interno (y con un eventual aporte de créditos para financiamiento), o uno de valorización financiera, basado en el manejo de variables estrictamente ligadas al sector especulador no productivo.

Los ceos, tecnócratas y empresarios que hoy son los principales dirigentes que gestionan el país tienen vasta experiencia en el mundo de las finanzas, conocen bien las ganancias extraordinarias que pueden lograrse, y no vacilan en tomar medidas antipopulares que benefician sólo a un grupo social, y a un sector de la economía al que las mayorías no acceden.
Acaban de anunciar una colocación de deuda por 16.500 millones de dólares a una tasa promedio de 7,2%‎ anual, parte de la cual será destinada a convalidar la usura buitre, y otra parte a atender gastos corrientes.

Es en este contexto, y en este momento de la batalla cultural (donde los discursos y las argumentaciones se cruzan para tratar de imponer su verdad y hacerla hegemónica), en el que el ministro de Hacienda, ex JP Morgan, se ve obligado a declarar que parte de la deuda será invertida en nuevas obras de infraestructura (hace pocas semanas aseguró esto en su alocución en el Congreso Nacional). Pasado un tiempo el mismo ministro afirmó que el excedente de la deuda contraída será utilizado, en cambio, para “hacer gradualismo y paliar el ajuste fiscal”; es decir para pagar gastos corrientes, sean sueldos, jubilaciones o prestaciones básicas que administra el Estado.

El gran problema del modelo de valorización financiera es entender hacia qué lugares se aplican los recursos que ingresan y de qué manera se utilizan. Una mirada superficial a la historia económica argentina nos muestra que cada vez que la deuda fue utilizada como mecanismo para pagar gastos corrientes, se terminó generando un espiral de morosidad exponencial que sólo consiguió, a lo sumo, “tirar para adelante”, aumentando el coeficiente de deuda externa sobre producto bruto, y logrando que los intereses de la misma, cada año, extraigan recursos del presupuesto para atender sus respectivos vencimientos.

Pero hay una pregunta política que los ceócratas no se hacen, o al menos eso pareciera, y es acerca de la forma de construir consenso, de generar el apoyo de mayorías ‎potentes capaces de sustentar a largo plazo el proyecto político que cimiente el proyecto económico.
Porque, eventualmente, cuando las divisas de la deuda ingresen, el estado liberal emitirá los pesos que destinará a atender gastos corrientes como ya lo ha anunciado. Los dólares quedarán a resguardo en el Banco Central, aumentando sus reservas, logrando una pasajera calma cambiaría. Pero esos pesos emitidos irán directamente al consumo interno, en el mejor de los casos, o a la bicicleta financiera en el peor (el negocio de las Lebacs en pesos está seduciendo a la mayoría de los operadores).

Hay un problema de matriz económica que el kirchnerismo supo pero no pudo domesticar, y que el macrismo aprovecha para enriquecer al sector social que autorepresenta. En la economía argentina conviven empresas de origen extranjero con empresas nacionales. Las extranjeras, remiten sus utilidades en dólares a sus casas matrices, y las grandes empresas nacionales tienen sus carteras dolarizadas, con lo cual una vez que vía consumo los pesos emitidos por el Banco Central ingrese‎n a las arcas de estas corporaciones, estos serán convertidos inmediatemente a dólares, ateniéndonos a su comportamiento histórico. Esto generará tensión cambiaría nuevamente, con lo cual si se deja fluctuar el tipo de cambio libremente habrá depreciación del peso, con la posterior suba de precios y las consecuencias que ya todos conocemos. O, como mucho, el Banco Central podría intervenir saliendo a colocar dólares en el mercado, solventando una vez más la fuga de capitales con dólares contraídos a través de la emisión de deuda externa.

La gestión Sturzenegger, sin embargo, está jugando fuerte con el aumento de la tasa de Lebacs, en el orden del 38% anual para las letras a cobrar en 35 días, con el doble objetivo de que los pesos no se vayan al dólar (y así frenar el impulso devaluatorio) y, al mismo tiempo, absorberlos para bajar la masa monetaria y así lograr calmar la inflación. Así es que asisitimos a una estrategia que apunta a la esterilización de pesos, al enfriamiento de la economía vía descenso de la demanda interna y posterior impacto en los precios, por un lado; y a un encarecimiento del crédito, un desincentivo a la inversión en actividades productivas por el otro, ya que el retorno del 38% anual sin mayores riesgos contrapone cualquier tipo de motivación a invertir en un negocio que difícilmente logre tan alta tasa de rentabilidad en tan breve lapso. Es decir que el gobierno está condenado a intentar bajar la inflación afectando el nivel de actividad (recesión) en el mejor de los casos. Y descarta, ni siquiera intenta, que las ganancias empresarias apunten a la reinversion de utilidades, al aumento de la producción y a apostar por el crecimiento y el desarrollo del país.

Ahora bien, no podemos echarle la culpa a Macri del comportamiento históricamente especulador de la oligarquía nacional y extranjera que opera en el pais, pero sí podemos hacernos la pregunta acerca de los motivos por los cuales la gestión aplica una receta económica ortodoxa, ya conocida y fracasada en otros tiempos no tan remotos. Y hay dos respuestas posibles, coincidentes con las dos vertientes en que se divide la dirigencia del oficialismo: el ala “moderada”, que apuesta a la deuda porque es la única vía que conoce, porque cree en la “Teoría del Derrame” más allá de los contados ejemplos del pasado donde ese derrame nunca llega a la base, si no que es absorbido eficazmente por empresas offshore o depósitos secretos en cuentas en Suiza, Panamá o las Islas Caymán. Y por el otro lado, el ala más extrema, que no cree ni creyó nunca en esta teoría, y sólo busca maximizar la tasa de ganancia de las grandes empresas (que aportaron generosamente sus directivos de alto rango a la dirigencia de la administracion macrista) al costo que sea, incluso el de generarle a la gestión heridas difíciles de remontar en tiempos electorales.
Sea como fuere, el cuello de botella al que llegó el modelo anterior, logrando bajos grados de desempleo (dato aportado en el reciente documento titulado Argentina, land of opportunities, emitido por la cartera económica de gira por los Estados Unidos), interesantes niveles de consumo interno y grados altos de soberanía económica, pero también una limitante en la capacidad de ampliar la infraestructura productiva, y de continuar favoreciendo el poder adquisitivo de los sectores populares y terminar con la inflación, difícilmente será mejorado apostando a la valorización financiera como modelo económico preponderante, y no a la diversificación de la economía, a agregar valor a la producción agropecuaria y a intenar regular a través de resortes y herramientas estatales las fuerzas productivas históricamente esquivas al desarrollo nacional.
‎La única apuesta del ala más polítizada de la gestión es bajar los niveles de inflación a como dé lugar, y exhibir esto como una bandera exitosa que le otorgue chances electorales de cara al futuro (aún a costa de no generar crecimiento y aumentar la tasa de desempleo). El año 2016 ya está perdido en ese sentido (la tasa de inflación difícilmente baje del 35%). Habrá que ver si el año 2017, a costa de la baja del consumo interno (que parece ser la única estrategia del equipo económico) trae alguna buena noticia con relación a la baja de los precios.

Pareciera que Macri gobernara apoyado en un caudal amplísimo de votos, cuando el análisis numérico de las elecciones pasadas más bien sugiere que su base es bastante frágil. Y lastimar el poder adquisitivo de los sectores medios y bajos no parece ser la mejor forma de seducir a los votantes fluctuantes que quizá lo apoyaron circunstancialmente en el pasado.
¿Se abocará el oficialismo a invertir parte de la deuda que indefectiblemente terminará fugada, en algún tipo de inversión social que logre discutirle terreno simbólico y material a la gestión anterior? ¿De qué nicho social van a intentar obtener los votos para lograr un proyecto duradero en el tiempo? ¿Es esto un objetivo o la adminitración está dominada por la vertiente más dura y salvaje del gobierno, que sólo sabe de maximización de ganancias a corto plazo y al precio que sea?

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