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A 40 años del Golpe – Semana de los Derechos Humanos –

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LA MEGA CAUSA ESMA
MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA

 

El próximo 24 de marzo se cumplen 40 años del golpe de Estado. 40 años de lucha. Con algunos momentos de justicia contra aquellos que habían puesto en práctica aquel Plan de exterminio ideológico, humano y económico. Luego, la ley de obediencia debida y punto final… Hasta que Néstor Kirchner “bajó los cuadros” en la ESMA y logró la derogación de ambas leyes. Allí comenzó el juzgamiento de todos los mandos medios de las Fuerzas Armadas que ejecutaron el plan macabro de exterminio de toda una generación bajo la modalidad de secuestro, tortura y cualquier tipo de vejación de los Derechos Humanos.

Por Revista PPV

Esta Causa se encuentra en juicio oral y público desde hace tres años y tramita en el TOF Nº5 de Comodoro PY y se encuentra en la etapa de alegatos. Es decir, estado procesal previo al dictado de sentencia.
La etapa instructora e investigativa es llevada adelante por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, a cargo del juez Torres, que investiga violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

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En concreto, los delitos cometidos dentro del ámbito de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) o bien por quienes desarrollaron tareas en la Unidad de Tareas 3.3.2, perteneciente al Grupo de Tareas 3.3 -con base operativa en esa dependencia naval-, y con motivo de ello llevaron a cabo operativos tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en varias localidades del Gran Buenos Aires destinadas, principalmente, a privar de su libertad a diferentes personas con el objeto de interrogarlas mediante la aplicación de tormentos y obtener nombres, direcciones y otros datos generales tendientes a desarticular agrupaciones políticas y sociales.
En la mayoría de los casos, las personas privadas de su libertad fueron eliminadas físicamente o “desaparecidas”.
Por primera vez, llegaron a juicio los pilotos de los “vuelos de la muerte”. De los testimonios de estas actuaciones se desprende que la metodología de eliminación consistía en quemar los cuerpos sin vida o arrojarlos al mar mediante los denominados “vuelos de la muerte”. Otras personas recuperaron su libertad, aunque estuvieron en constante vigilancia durante un tiempo.
En el marco de la causa, tales hechos fueron calificados como imposición de tormentos, privación ilegal de la libertad agravada, privación ilegal de la libertad con resultado muerte o imposición de tormentos seguida de muerte, según el caso.
Esta tercera etapa de la Megacausa ESMA, comenzó hace tres años. Este juicio, uno de los más grandes en la historia judicial del país, empezó con 68 personas imputadas: civiles, miembros de la Marina, de la Policía Federal, etc. Debido al fallecimiento de algunos, el apartamiento de otros por motivos de salud, ahora los imputados son 56. El alegato de la fiscalía llevó 108 horas y se realizó desde mitad de año.
El Ministerio Público Fisc, en su alegato sostuvo que “los medios deformaron, manipularon y falsearon la información. Los reportes gráficos eran parte de la publicidad del régimen totalitario” y que estas conductas se proyectaban en consonancia con el plan sistemático de la dictadura. A su vez, ésta controló los medios y sus representantes se adaptaron y encubrieron la información, lo que tuvo “impacto directo en cada una de las familias de los detenidos-desaparecidos”.
La fiscal mencionó a los diarios Clarín, La Nación, La Razón, Crónica, Para Ti, Gente, La Prensa, La Opinión como parte de este encubrimiento. “Las notas periodísticas pusieron en duda la realidad de los hechos”; casos como los de Enrique Juárez; Norma Arrostito; Juan Pablo Moyano; los secuestros del grupo de la Santa Cruz; las familias El Gáname, Adjiman y Schajer, entre muchos otros. “Ahora se le debe dar espacio a la verdad y reparar el daño de las falsas informaciones. La verdad debe tener el mismo espacio que las mentiras publicadas”, alegó Mercedes Soiza Reilly por lo que solicitaron al tribunal que al momento de dar la sentencia estos diarios publiquen la rectificación de las noticias emitidas e informen la verdad de los secuestros y asesinatos.
Otra parte del alegato estuvo destinada a que el tribunal requiera al Poder Ejecutivo Nacional la declaración histórica y patrimonial de los programas “La escuela va a los juicios”, llevado adelante por el Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, y “Los estudiantes vamos a los juicios”, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Asimismo, la fiscalía también requirió que las imágenes y pruebas de este tramo de la Megacausa se declaren de interés histórico y patrimonial y queden bajo guarda permanente para consulta con la asistencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por tratarse de uno de los juicios más grandes de la historia del país.
Según el CELS, “la causa ESMA unificada permitió desentrañar la estructura represiva de la Armada y las etapas que fue teniendo la represión criminal desde la ESMA entre 1976 t el final de la dictadura”.

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La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralidad enfatizó que los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar “son imprescriptibles” y pueden ser juzgados “mientras vivan sus responsables”.
En este sentido, la querella señaló que la ESMA fue parte del terrorismo de Estado que tuvo un “plan sistemático” para “exterminar a una parte de la sociedad” y enfatizó que el contexto de los crímenes cometidos en la ESMA “no fue el de una guerra” y que “las víctimas no eran apresadas en combate”, sino que eran secuestradas y asesinadas, luego de permanecer en cautiverio en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio ESMA.

Imputados a los que se le pidió perpetua: Jorge Eduardo “El Tigre” Acosta, Randolfo Luis “Tano” Agusti Scacchi, Juan Arturo “Ariel” Alomar, Paulino Oscar Altamira, Alfredo Ignacio Astiz, Daniel Humberto Baucero, Carlos Octavio Capdevilla, Ricardo Miguel Cavallo, Rodolfo Oscar Cionchi, Miguel Enrique Clements, Daniel Néstor Cuomo, Juan de Dios Daer, Hugo Enrique Damario, Carlos Eduardo Daviou, Francisco Armando Di Paola, Adolfo Miguel Donda Tigel, Rubén Oscar Franco, Miguel Ángel García Velasco, Pablo Eduardo García Velasco, Alberto Eduardo González, Orlando González, Ricardo Jorge Lynch Jones, Jorge Luis Magnacco, Rogelio José Martínez Pizarro, Luis Ambrosio Navarro, Víctor Roberto Olivera, Rubén Ricardo Ormello, Edgardo Aroldo Otero, Guillermo Horacio Pazos, Antonio Rosario Pereyra, Antonio Pernías, Julio Alberto Poch, Héctor Francisco Polchi, Jorge Carlos Radice, Francisco Lucio Rioja, Miguel Ángel Alberto Rodríguez, Juan Carlos Rolón, Néstor Omar Savio, Hugo Héctor Siffredi, Emir Sisul Hess, Carlos Guillermo Suárez Mason, Antonio Vañek, Eugenio Bautista Vilardo, Mario Daniel Arru, Juan Antonio Azic, Alejandro Domingo DAgostino, Enrique José de Saint Georges y Jorge Manuel Díaz Smith, Claudio Orlando Pittana y Ernesto Frimón Weber y Gonzalo Dalmasio Torres de Tolosa.
Diez años de prisión se pidieron para el civil Juan Ernesto Alemann; 18 años de prisión para el militar del Ejército, Roque Ángel Martello; y 25 años de prisión para los marinos Julio César Binotti y Mario Pablo Palet.
En todos los casos, el Ministerio Público Fiscal pidió la aplicación de inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y respecto de los médicos Capdevilla, Magnacco y Martínez Pizarro requirió además la inhabilitación especial para ejercer la medicina por el máximo establecido en la ley.
Ya han concluido los alegatos. Resta las defensas.
Falta menos para que todos los genocidas cumplan prisión en cárcel común. Como cualquier sujeto de derecho. Sin privilegios. Con las garantías de derecho de defensa que no les dieron a sus detenidos y desaparecidos.
30.000 compañeros desaparecidos Presentes, Ahora y Siempre!!! Memoria, Verdad y Justicia.